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Una Mirada sobre la Gestión Pública en la década de los ‘90

Laura de PeriniDescargar PDF

Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un aporte a la Cátedra Trabajo Social IIIi desarrollando un análisis general sobre la Gestión Pública en la Argentina, para vincular este proceso con los cambios en el ámbito de las políticas públicas en general y en las políticas sociales en particular; revisando la intervención del Estado e intentando recuperar algún aprendizaje de ese periodo.

El proceso de Reforma del Estado debe ser entendido como el conjunto de los cambios que operó en las organizaciones del Estado dirigidos a compatibilizar las tendencias mundiales de cambio (macroeconomía – globalización) y las especificidades de la región (MERCOSUR) con una gestión tendiente a modificar las antiguas prácticas políticas de acción, a la que se denominó la Nueva Gestión Pública.
Introducción

La Reforma del Estado constituye un encuadre teórico-metodológico de cómo generar políticas públicas dirigidas a resolver las demandas en el marco de la modernización de la Administración Pública; el cambio se orientó al nuevo papel del Estado que significó una nueva concepción de intervención articulando las acciones con los sectores económicos y sociales hacia la creación de instrumentos para promover el desarrollo económico, en el marco de la eficiencia, eficacia y equidad garantizando las condiciones para la inversión privada, aumento de la competitividad, manejo y protección de los recursos naturales, incremento de la base tecnológica aplicada a los sectores productivos y de comercialización; a la distribución de la renta, etc.

En el marco del nuevo paradigma de la Gestión Pública, la propuesta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)ii se orienta a que se constituya un núcleo estratégico en el seno del aparato estatal, capaz de formular políticas públicas y de ejercer actividades de regulación y de control del suministro de servicios públicos, desarrollando la capacidad del Estado para concretar en la realidad, de manera eficiente y efectiva, las decisiones tomadas a nivel político. El CLAD –en distintos Documentos– considera que para cumplir con los objetivos, es imprescindible que el Estado cuente con funcionarios públicos calificados y permanentemente entrenados, protegidos de las interferencias políticas, bien remunerados y motivados. Siendo esta una condición sine qua non para la implantación del modelo gerencial.

En la Argentina, la Reforma del Estado se realiza en la década del ’90, en un escenario determinado por las transformaciones socioeconómicas que se expresan a través de altos índices de desocupación, con profundización de la pobreza e indigencia, en un proceso de exclusión social creciente que determina una fuerte intervención del Estado para minimizar los impactos irreversibles del modelo.

En este período, la gestión del Estado se sustenta en un nuevo modelo, que surge y se consolida en contraposición al modelo estado-céntrico. El Estado inicia un proceso de retracción –se retira del sistema productivo como productor directo de bienes y servicios–; se produce un proceso de achicamiento, descentralización, que va configurando “el estado de malestar”iii por lo que la intervención del Estado deja “al desnudo” la incapacidad de garantizar su razón de ser que se expresa en búsqueda de la resolución de las asimetrías.
Es decir, desaparece la idea del Estado que interviene para generar un proceso sostenible de crecimiento y cambio estructural, basado en el interés en aumentar el empleo, reducir la pobreza, mejorar el nivel de vida de la población y satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos.
La Reforma Administrativa: El paradigma hegemónico de la gestión pública.

El paradigma dominante en la gestión pública en los últimos 20 años surge y se consolida en oposición al paradigma tradicional, caracterizado este último por un proceso orientado al cumplimiento de normas, procedimientos con decisiones de carácter burocrático, de financiación estatal y con el objetivo de universalidad de la oferta de prestacionesiv.

El paradigma hegemónico de la gestión publica se define como un conjunto de actividades orientadas al logro de resultados bajo los criterios de economía, eficiencia, productividad, gestión por competencias y resultados; estableciendo indicadores de logros como la relación costo / resultados – costo / impactos.

En este marco, con la Reforma Administrativav se promueve el desarrollo de una gestión pública moderna y eficiente, fundada en la reducción y simplificación de normas y procedimientos y la incorporación de nuevas tecnologías de gestión administrativa. Se postula además, la necesidad de incrementar la eficiencia en las áreas responsables de la recaudación fiscal y la administración del gasto, y la remoción de un conjunto de regulaciones que restringen la competencia y el desarrollo de los mercados, así como la capacidad del propio Estado para generar ingresos genuinos de manera eficiente. (INAP.Doc Nº 58:18)vi

Este paradigma se encuentra asociado a la implementación de un paquete tecnológico que consiste en un conjunto de actividades estandarizadas de producción y control institucional del sector público que se orienta a la construcción de un Estado con capacidad para hacer frente a los nuevos desafíos y que además de dar respuestas a los cambios macroeconómicos garanticen los derechos que se vinculan con la construcción de ciudadanía.

Implicó además, un proceso de adaptación de las instituciones al nuevo modelo de gerencia de políticas públicas, de cambios o recombinaciones de los procesos de producción institucional, es decir, operando al interno organizacional un proceso de modificaciones profundas en el sistema de gestión administrativa.

En síntesis, la Reforma Gerencial del Estado se constituye en una modificación estructural del Estado no solo para mejorar la gestión sino también para aumentar la gobernabilidad democrática del sistema político y fortalecer la gestión. Es decir que la acción –desde el plano teórico-normativo– estaba orientada a generar “reglas de juego claras”, instituciones que generaran certidumbre, confiabilidad y redujeran los costos de transacción.
Los fundamentos de la Nueva Gestión de Políticas Públicas.

Un contexto determinado por la competitividad de las economías locales, regionales e internacionales, interdependientes y de creciente complejidad, exige a los responsables políticos revisar el conjunto de acciones dirigidas a generar procesos productivos, cadenas de valor, altos niveles de innovación tecnológica, conocimiento y calidad para poder hacer frente al escenario que se presenta, cambiante, multifacético y dinámico.

El encuadre de la Reforma Administrativa establece la innovación organizacional, orientada a la gestión de un gobierno con mayor capacidad de respuesta, más efectiva y eficiente, que implica acciones concretas como: a) un nuevo estamento de decisores públicos locales orientados a la gestión; b) que las instituciones políticas se adecuen al nuevo escenario económico y cultural; c) adoptar tecnologías de gestión y e) innovación científica y tecnológica sobre los procesos productivos.

Por ello, hablar de “Gerenciar” como concepto operativo implica haber desarrollado la capacidad de aprender a resolver problemas o cuestiones de la agenda pública; resolver problemas organizacionales (el interno institucional: estructura de responsabilidades; control; toma de decisiones; etc.); revisar y reconstruir procesos, actividades, tareas de la organización en función a resultados; y revisar permanentemente los mecanismos de implementación.

Siguiendo a Luiz Carlos Bresser Pereira vii la Reforma Gerencial involucra una serie de cambios dentro del proceso, que implican entre otras actividades: aumentar la eficiencia y la efectividad de las agencias del Estado a través de una administración basada en: descentralización de las actividades, desconcentración y delegación de decisiones; separación entre los órganos formuladores de políticas (unidades estratégicas) de las unidades descentralizadas y autónomas ejecutoras de los servicios; control gerencial de las agencias; control de resultados a partir de indicadores de desempeño; control contable de costos; y el fortalecimiento de la burocracia estatal legitimada por competencia técnica y capacidad política.

De esta manera, asociando el proceso de cambio que operó a través de la Reforma Gerencial Pública con la implementación de las políticas se puede afirmar que existe una contradicción permanente entre el “deber ser” y “la acción”. Basta analizar los resultados obtenidos con la implementación de las políticas sociales.

Sin embargo, el cambio de modelo de gerencia pública en la Argentina, sostiene Schweinheimviii, implicó un aprendizaje fundamental, la necesidad de que los gobiernos produzcan variaciones, cambios, recombinaciones, penetración y difusión de los roles gerenciales y la adopción de un paquete de tecnologías de gestión –un conjunto de rutinas para obtener resultados– para concretar el objetivo de crecimiento económico y la reducción de la pobreza e inequidad.

La contradicción que surge a partir de la Reforma Administrativa y el diseño e implementación de las políticas públicas en la década de los ‘90.

Como se mencionara anteriormente, las transformaciones en América Latina en la década del ‘90 fueron acompañadas por cambios en la gerencia de la administración pública; esa reforma institucional respondió a la adopción de un modelo gerencial de las políticas del estado que de ninguna manera significó la resolución a problemas estructurales, por el contrario, el modelo orientado al achicamiento del Estado no logró dar respuestas y condujo a la profundización de las desigualdades y al proceso de mayor exclusión.

Es necesario recordar que en la década analizada, los cambios se orientaron a un Estado que empezó – conforme las prescripciones del Consejo de Washington y posteriormente en respuesta al Plan Bakerix– a “achicarse”, limitándose a cumplir algunas funciones básicas de mantenimiento del orden y la seguridad pública que determinó en escaso tiempo, la conformación de una nueva cartografía social marcada por el desempleo, la pobreza y procesos crecientes de exclusión social.

La acción estatal se orientó a la desregulación (flexibilización laboral, pérdida de los derechos del trabajador); descentralización (salud, educación, seguridad social, etc.); Privatizaciones (servicios públicos se transforman en servicios selectivos o servicios de exclusión);Terciarización; achicamiento presupuestario (disminución del gasto público); un fuerte impacto en las formas de integración social (fragmentaciones – des-ciudadanización), nuevos actores y nuevas fuerzas sociales y en consecuencia las políticas sociales se tradujeron en un abanico de planes y programas de corte asistencialista caracterizado por discontinuidad, focalización, bajo grado de profesionalización y subordinación política.

El mapa social que se fue configurando a partir de esta modalidad de intervención del Estado puede decirse que es la respuesta a una relación dicotómica entre:

Ciudadanos / derechos Vs. Necesidades / recursos;
Intervención y regulación estatal Vs. Privatizaciones
Universalidad Vs. Focalización
Promoción Vs. Compensación
Ciudadanía Vs. Clientela
Derechos Vs. beneficio
Desarrollo social Vs. Combate a la pobreza

Por lo tanto, en el diseño e implementación de políticas compensatorias el Estado generó una mayor heterogeneidad y fragmentación social y en el progresivo desmantelamiento, se fue apartando de sus funciones tradicionales de redistribución y equidad.

Si la gestión pública es la capacidad de interpretar y dar respuestas a las demandas o problemas planteados, cabe preguntase como sociedad civil: ¿Por qué no exigimos a los “responsables” que las acciones se basen en la eficiente asignación y manejo de los recursos? Pero, como sostiene Tenti Fanfanix, en la década del 90 se pudo evidenciar una crisis de la ciudadanía que se manifiesta por la carencia de instrumentos expresivos para ejercer una ciudadanía activa.

Ese nuevo actor social, el excluido del sistema productivo, el que no posee ninguna posibilidad de re-ingresar al mercado, se convierte en el “foco de atención” de las políticas sociales, pero desempeñando un papel de carácter pasivo y de dependencia de la acción estatal para sobrevivirxi.

Hacia ese sector vulnerable se orientaron los planes y programas sociales, cuyas características generales son la transitoriedad, la baja disponibilidad de recursos económicos para implementar, limitada cobertura, etc.

Resumiendo, la intervención del Estado se vincula con la necesidad de dar respuestas transitorias a los problemas estructurales, pero a la vez permite el ejercicio del control y evita la organización de los sectores vulnerables para reclamar el cambio del modelo. El clientelismo político se va constituyendo en la mejor herramienta para adormecer y para contener el conflicto social, acentuando la indefensión y convirtiendo a los sujetos sociales en los “depositarios” o “receptores pasivos” de la acción estatal.

Sin dudas, el neoliberalismo ha generado efectos no deseados como el desmantelamiento de la red de protección estatal, mientras que el Estado perdió el rol fundamental de formular y financiar las políticas públicas abarcativas y de revertir las tendencias de mayor desigualdad económica.

Por lo tanto, si partimos de la concepción de que la política social se define, entre otros aspectos, por su alcance de carácter universal-abarcativa-pluralista y por estar vinculada a una estrategia de desarrollo a largo plazo, entendemos entonces, que va más allá de los programas sociales compensatorios diseñados para minimizar el impacto del ajuste macroeconómico en los grupos más vulnerables de la población y por ende, implica repensar y reconstruir la función del Estado como la capacidad de las organizaciones para enfrentar el desarrollo económico y la distribución equitativa de la riqueza.

La gestión pública y las tecnologías de gestión.

Quizás la Argentina sea el país de América Latina que mas profundas reformas ha sufrido en la década del ’90, considerando que los cambios no solo fueron económicos (con elevado costo social) sino que las instituciones del Estado han sido objeto de cambios estructurales como: achicamiento, descentralización, terciarización, etc., los que se efectivizaron en las instituciones del sector público y específicamente institucionalizados a través de la Subsecretaría de la Gestión Públicaxii donde se conformó un equipo de profesionales y técnicos orientado a generar la capacitación y formación sobre la nueva cultura organizativa, garantizando a través del conjunto de acciones la posibilidad de que todos los organismos públicos –de cualquier nivel: nacional, provincial o municipal– puedan orientar la gestión basada en calidad organizacional.xiii

Es decir, cuando el Estado –en cualquier nivel de actuación– decide reemplazar la improvisación y las acciones por reacción, existe la posibilidad de iniciar un proceso de capacitación a través de los servicios de asistencia técnica en planeamiento estratégico y otros modelos de gestión de calidad.

Sin evaluar los resultados obtenidos con la aplicación del paquete tecnológico en el diseño e implementación de las políticas públicas en los ‘90, se focalizará el análisis en esta nueva forma de concebir la acción estatal que se encuentra asociada a la implementación de un paquete tecnológico que consiste en un conjunto de actividades estandarizadas de producción y control institucional del sector público que se orienta a la construcción de un Estado con capacidad para hacer frente a los nuevos desafíos y que además de dar respuestas a los cambios macroeconómicos garanticen los derechos que se vinculan con la construcción de ciudadanía.

Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar a la Administración Pública de un conjunto de metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos del gobierno y los planes de cada uno de los organismos; por lo tanto, el cambio de gestión no solo produce el aprendizaje de un conjunto de metodologías y herramientas orientados a la eficiencia sino que también implica la capacidad de las organizaciones para intervenir con equidad y equilibro con el medio.

Por lo expuesto y en el marco teórico de la Nueva Gestión Publica, la capacidad de los equipos de trabajo debe estar dirigida a hacer visible los problemas, que supone articular intereses, desplegar un conjunto de conocimientos, criterios y prácticas que contribuyan a generar un nuevo modelo de política pública.

En este marco, la gestión de políticas públicas implica la necesidad de aumentar la capacidad técnica y de gestión de los gobiernos en todos los niveles (nacional-provincial-local); en los aspectos referidos a la formulación e implementación de programas económicos con impacto social –que puedan dar respuesta a las demandas de la población–, construir indicadores acerca de cómo evaluar la gestión pública así como mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente de los mismos.

Por ello se considera fundamental, recuperar la capacidad instalada en los organismos estatales para poder reorientar la intervención del Estado.

Promover la profesionalización es reducir el clientelismo y la politizaciónxiv es decir, cuando un problema ha sido colocado en la agenda de los gobiernos, las instituciones involucradas deben iniciar un proceso de diseño y planificación de programas y proyectos para incidir en su solución; es una tarea que se basa en conocimiento especializado –de actualización permanente– con responsabilidad no solo en el proceso de formulación sino también de decisiones y de evaluación. Una administración transparente con administradores responsabilizados democráticamente ante la sociedad.

En cuanto a la capacidad operativa de la gestión de las políticas se vincula estrechamente con un paquete tecnológico; que se define como el conjunto de rutinas estandarizadas de producción y control institucional del sector público; constituidas por:

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Dentro del paquete de Tecnologías de Gestión se pueden identificar:

Planeamiento Estratégico
Construcción de Escenarios
Dirección por objetivos.
Diseño de Procesos
Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión
Evaluación; etc.

El cambio en la gestión pública debe entenderse también como la capacidad de desarrollar sistemas de evaluación y de impacto que incluya permanentemente la opinión de los destinatarios de las políticas, orientando la intervención a procesos crecientes de democratización.

Retomando el paquete de tecnologías, se propone repensar la implementación en la medida en que esas acciones involucren a los actores en la definición del tema, la importancia del mismo, revalorizar la posibilidad de transformar, de que sectores deprimidos históricamente puedan constituirse en gestores de su propio desarrollo, rompiendo la tradición clientelar.

Aquí es importante recuperar el concepto de “control social”, por medio del cual los ciudadanos evaluarán los servicios públicos o participarán en la gestión de los mismos. El control social es un instrumento fundamental para manejar la compleja relación entre los ciudadanos y sus agentes, los políticos, y los burócratas (CLAD.1998:16)xv

En este nuevo espacio de gestión que se busca impulsar, la participación ciudadana es fundamental a los fines de que la intervención estatal no se constituya en una intervención técnica exclusivamente; la historia nos demuestra que la gestión de los “tecnócratas” en la esfera pública ha implicado altos costos para la sociedad civil.

Este cambio en las reglas de juego para la gestión de las decisiones públicas no refiere a desconocer los saberes y aprendizajes existentes sino por el contrario implica reconstruir el camino a partir del involucramiento de todos los actores sociales en aspectos vinculados con transparencia, participación ciudadana y control social que han estado históricamente limitados por la arbitrariedad y las “intromisiones” de los gobernantes

A continuación se propone aprehender –a partir de la recuperación de los aprendizajes, la articulación de saberes, la disponibilidad de tecnologías– la construcción del proceso de intervención estatal con la participación de los actores sociales.

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Fuente: Elaboración propia
Hoy, después de la Reforma del Estado.

La idea de cambio en la gestión pública es un hecho concreto para América Latina, pero implica avanzar en el proceso de democratización de la burocracia, que es pensar en la reforma administrativa como una reforma de carácter político, con mecanismos y herramientas que se ponen en marcha para garantizar la participación concreta de la ciudadanía; de esta manera, desde la formulación de los problemas hasta la intervención, el ciudadano debe asumir un rol clave. Hacemos referencia a un cambio cultural en todos los ámbitos, desde los funcionarios a la sociedad en generalxvi.
Pero, cabe preguntarse además ¿Cómo debe ser el diseño institucional administrativo en un régimen democrático? ¿Cómo asegurar la institucionalización de un conjunto de reglas de juego que genere certidumbre, confianza, etc.? ¿Cómo implementar el control de la sociedad civil sobre los servicios públicos? ¿Qué cambios hay que introducir para que los funcionarios estatales y las instituciones puedan actuar de manera más autónoma? ¿Qué mecanismos hay que implementar para lograr “la responsabilidad pública” en la actuación de los funcionarios? ¿Cómo se logra la ruptura con el modelo tradicional de gestión?xvii
Ante la realidad de que el perfil social de nuestro país se ha transformado, se considera que es necesario problematizar y revisar marcos conceptuales y metodologías de actuación para un abordaje diferente.
La realidad es más heterogénea y la cuestión social ya no puede hablarse en términos de pobres y no pobres, sino que encontramos una amplia gama de situaciones de fragmentación, vulnerabilidad, exclusión y desintegración social que requiere de procesos de comprensión, reinterpretación y resignificación, tanto en los espacios micro sociales (barrios, comunidades, localidades, etc.) como macro sociales (Municipios, Provincias, Regiones, Nación), por lo tanto, los problemas que debe enfrentar y resolver el Estado a través de las políticas públicas son:
Romper con los compartimentos estancos que dividen los planos nacionales – provinciales –municipales – público – privado, para realizar una articulación horizontal y de nuevas reglas de interacción, división de responsabilidades y financiamiento de la gestión pública.

Elaborar una Agenda Permanente en la que se integren tres factores:

Modelo o Sistema Económico (Rol o función de producción. Generación de fuentes de trabajo. Reformulación de las políticas industrial, agropecuaria, de ciencia y tecnología, etc.).

Factor social (redistribución equitativa de excedentes a través de programas de acción social para paliar los costos del modelo económico que implican la aparición de graves problemas vinculados con la vulnerabilidad, explosión social).

Sistema político. Fortalecimiento de Democracia. Objetivo la gobernabilidad

La Administración Pública debe orientar su intervención a la resolución de las demandas sociales y requiere que los responsables políticos rompan con el modelo de vocación delegativa, clientelar y prebendariaxviii.

Las instituciones a través de sus agentes deben generar confianza, certidumbre, contención, etc., por lo tanto, es imprescindible iniciar un proceso de reconstrucción de la credibilidad en las mismas.

Una mirada a este escenario desde el Trabajo Social.

Para entender el Trabajo Social en el marco del neoliberalismo se puede trabajar la expresión de Nora Aquin (1999:9)… proceso que viene siendo denominado como de desciudadanización, y que al interior de nuestra profesión se manifiesta en lo que podríamos llamar la neofilantropía, expresión específica para el Trabajo Social del neoliberalismo y el neoconservadurismo…

Si analizamos el quehacer profesional en el ámbito comunitario, no se puede obviar en la lectura cómo se estructuró la intervención profesional; la misma se desarrolló en el marco de políticas sociales con crecientes acciones focalizadas, diseñadas para contener y minimizar los daños y los conflictos que el propio modelo genera pero además, el profesional del Trabajo Social fue reemplazadoxix por el militante o puntero político que invadió el espacio e instaló un tipo de activismo con efecto multiplicador orientado a generar clientelismo.

Por ello, es necesario reconocer el tipo de prácticas en el marco de las políticas sociales focalizadas, asistencialistas y clientelares para poder generar nuevas estrategias, nuevas formas de pensar el trabajo comunitario desde la profesión.

Ese escenario de creciente complejidad y marcado por la fragmentación; la exclusión y básicamente la pérdida de ciudadanía hace necesario que los profesionales del Trabajo Social inicien hacia el interno un proceso orientado a la comprensión, interpretación y explicación de la realidad y todas sus dimensiones; urge la construcción de nuevos conceptos para poder interpretar y explicar la realidadxx así también como repensar en la construcción de nuevas estrategias de acción profesional en una realidad marcada por la creciente complejidad, dinámica y básicamente contradictoria.

Por otra parte, es importante reconocer que en este período algunos Trabajadores Sociales retoman prácticas netamente tecnicistas y directivasxxi al adoptar como herramientas de actuación profesional las técnicas vinculadas al Nuevo paradigma de la Gestión Pública.
Se busca instalar la Gerencia Socialxxii como un nuevo campo de la práctica profesional y de especialización en la administración de los servicios sociales, centrando la atención en la población objetivo (focalización) y con la implementación del planeamiento estratégico, garantizar la relación costo-beneficio en el marco de la eficiencia y productividad.

Por lo expuesto, los retos para el Trabajo Social y particularmente en el ámbito comunitario son muchos, desde el debate teórico-metodológico-ético-político del colectivo hasta la construcción de un espacio específico de actuación profesional.

La intervención profesional debe ser repensada a partir de construcciones de abajo-arriba y debe enfrentar la ruptura de la lógica arriba-abajo instalada y fortalecida en la década del ‘90; las acciones orientadas al reconocimiento y apropiación de procesos de ciudadanizacion debe contraponerse al histórico posicionamiento de beneficiario o asistido.
Conclusiones

Como se ha expuesto en el presente trabajo, Latinoamérica y en especial Argentina en la década del ‘90 estuvo marcada por grandes transformaciones e innovaciones en la administración pública. Procesos de todo tipo de reformas pero con una convergencia, orientadas al mercado, que no sólo conspiraron contra los objetivos del proceso reformista (formalmente establecido en la Ley) sino que también generó crisis económicas, sociales y políticas que han determinado un aumento en la desigualdad y la ausencia de desarrollo económico y social integrado en América Latina.
La proliferación de Planes y Programas focalizados y asistencialistas de ninguna manera se relaciona con los nuevos estilos de gestión, es decir, la acción del Estado no estuvo orientada hacia una nueva articulación entre Estado-Sociedad-Mercado y control de la gestión a través de la participación activa de los actores sociales relevantes del territorio, sino que por el contrario se incrementó en las instituciones del Estado una acción combinada que puede sintetizarse en tecnocrática-clientelar, cuyo efecto fue la creciente ineficiencia e ineficacia de programas sociales, especialmente aquellos que se ejecutaron con financiamiento externo, cuyo impacto directo fue el endeudamiento.

Nuestra urgencia como Nación, es fortalecer el Estado y generar el cambio institucional y la renovación de los mecanismos de producción institucional (las tomas de decisiones, las asignaciones presupuestarias por programas, por objetivos y resultados; la construcción de indicadores de gestión del Estado; etc.) con el fin de optimizar la calidad, lograr mayores grados de competitividad, participación y transparencia; generar una participación activa y no meramente formalxxiii que garantice igualdad de oportunidades en educación, salud, trabajo, etc.

Por ello es necesario repensar el rol del Estado, los roles de las autoridades políticas, los mecanismos de articulación de los órganos de gobierno (autonomía e independencia); generar reglas claras de juego para la gestión administrativa y para la toma de decisiones públicas, puesto que el modelo determina conductas y valores de los actores políticos, económicos, sociales y administrativos; es decir, a partir de establecer quienes y como diseñan y ejecutan las políticas públicas es posible reconocer si se incentiva o des-incentiva la participación de los ciudadanos.

En la Argentina del 2006 las innovaciones y reformas en las Instituciones del Estado son necesarias para que el gobierno –cualquiera sea el nivel de actuación–xxiv pueda implementar políticas orientadas a generar procesos de ciudadanización pero, debe quedar claro que estas instancias no construyen copiando recetas técnicas, como tampoco se caracterizan por ser iniciativas con neutralidad políticaxxv, es en todo caso, un gran desafío político.

Fortalecer las instituciones y las políticas de modernización y el uso del paquete de tecnologías de gestión (planeamiento, programación, acuerdos programas, cartas compromiso, etc.) deben orientar la gestión de las políticas públicas al desarrollo y fortalecimiento de estilos de decisión y criterios de gestión en un territorio determinado, con prácticas económicas y comportamientos sociales establecidos; en principio, deberá quedar claro quienes son los actores, nacionales y subnacionales (Provinciales y Municipales); cómo participan, que funciones cumplen, en qué ámbitos y cómo son los procesos crecientes de participación social.xxvi

La clave de las innovaciones es poder generar sinergia y establecer una vinculación equilibrada de las tres dimensiones:

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Sin lugar a dudas el neoliberalismo deja una serie de transformaciones, de aprendizajes y de saberes (implícitos y explícitos) pero es responsabilidad de los distintos sectores de la sociedad –no solo de la academia– asumir la responsabilidad de re-abrir el debate sobre el rol del Estado. Es necesario discutir, determinar y precisar el espacio de intervención pública diferencial al espacio de intervención privada; revisar y establecer los mecanismos necesarios para generar eficiencia y efectividad; mejorar la gestión de la administración pública basada en la descentralización de las actividades; desconcentración de las decisiones; articulación con los distintos actores; promover la formación permanente de los funcionarios públicos; establecer mecanismos de transparencia, control, equidad, no discriminación; etc.

También debe quedar claro que innovaciones tecnológicas e innovaciones sociales, no implican solo estimular el crecimiento económico, en muchas ocasiones el éxito competitivo no depende tanto de la adquisición de nuevas maquinarias sino de como introducir mejoras organizativas, generar cambios sociales y culturales que permitan la instalación de redes de comunicación capaces de aunar esfuerzos y desarrollar sinergias positivas.

Por lo expuesto, se puede afirmar que los efectos generados por el modelo neoliberal y los resultados de las políticas sociales deben conducir al colectivo de profesionales del Trabajo Social a replantearse éticamente cuestiones que hacen al rol y a las funciones, así como reflexionar el posicionamiento ideológico que asume el colectivo profesional frente a la realidad en la que interviene.
En otras palabras, que el colectivo profesional discuta y reflexione permanentemente: desde qué marco teórico, sobre qué, para qué, cómo y con quienes se estructura una estrategia de actuación profesional.

Considerando que las políticas públicas constituyen una manera de mirar la realidad para responder las demandas y que en si misma constituye una forma de hacer u omitir, es importante desde la práctica social del Trabajo Social, sea pre-profesional como profesional, sea desde la investigación como desde la intervención, el conjunto de actores (profesionales-docentes-alumnos del Trabajo Social) no puede dejar de preguntarse ¿Cómo piensa la actuación profesional? ¿Cómo se define el espacio de actuación? ¿Cuáles son las dimensiones que estructuran el campo de intervención? ¿Cuál es el concepto de calidad de vida? ¿Cómo y para qué Identificar el conjunto de acciones que desencadena el Estado en el proceso de intervención en la cuestión social? ¿Qué capacidad tenemos para el análisis crítico-reflexivo? ¿Qué planteamos como alternativa? ¿Cómo conjugamos o resignificamos las necesidades materiales y no materiales?

Al pensar el Trabajo Social en la dimensión comunidad, la intervención profesional debe centrarse en la recuperación de la historia compartida, los conocimientos y aprendizajes, la identidad, los derechos, etc. que constituyen los intangibles que se fortalecen a través de espacios de concertación, formación, participación, etc., es una acción orientada a la construcción social territorial.
Referencias.