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Políticas Sociales: ¿una herramienta de inclusión social?

Lic. Marta EspínolaDescargar PDF

Resumen
En la década de los noventa, conocido como el período neoliberal, se produjo un cambio profundo en el eje articulador de las políticas sociales, de instituciones universalistas y de la protección pública a través del empleo formal se pasó a la lucha contra la pobreza extrema y a una red de protección mínima para aquellos que se encuentran fuera del mercado de trabajo. Al diluirse como eje central el trabajo, los mecanismos de integración del mismo, tanto material como social, se desintegraron reforzando la fragmentación social. El presente trabajo intenta caracterizar las políticas sociales implementadas en Argentina, a partir de la década de los 90, poniendo el acento en su relación con las organizaciones de la sociedad civil, que aparecen como nuevos sujetos sociales, en el tratamiento de la cuestión social. Aproximándonos a un posible escenario, aunque no único, que de cuenta de las políticas sociales, en nuestra realidad actual, con eje en el principio de ciudadanía como nueva propuesta de intervención desde el enfoque de derechos.
El análisis de la relación políticas sociales – sociedad civil – ciudadanía, adquiere especial relevancia, ya que si bien la fuerte crisis económica que vivió el país debilitó y debilita aun hoy, las estructuras sobre las cuales el Estado promueve sus políticas sociales, también es cierto que el retiro de ese Estado de sus funciones básicas, debilitó las bases de legitimidad sobre las cuales se sustenta la democracia. El interés por la temática también se debe a que reconocemos en el Trabajo Social un desplazamiento de la intervención en la cuestión social basada en una concepción de derechos y responsabilidades sociales, a una con fundamento en el deber moral y en la piedad, en este sentido el neoliberalismo ha calado hondo al interior de nuestra profesión, a través de las prédica neofilantrópica que considera al otro como víctima y no como ciudadano, ignorando sus derechos.
El recorrido propuesto no es exhaustivo, sino que intenta desde la inquietud antes mencionada, mirar algunos momentos claves en el desarrollo de la política social, como fue la reforma del Estado e identificar cuales son sus principales características, ya que como lo expresa Claudia Danani, “detrás de cada posición técnica existen posiciones teóricas que conllevan ideas acerca de “modelos socialmente deseables”. (Danani C. 1996:21)i
En la primera parte se hará una descripción del proceso de transformación del Estado, acaecido en nuestro país en la década de los 90 y se realizará un análisis sobre características y aproximaciones que se han construido en torno de las políticas sociales, ejercicio que me parece indispensable para intentar una reflexión en la segunda parte, sobre los nuevos enfoques de derechos en la política Social, donde las organizaciones de la sociedad civil asumen un rol protagónico , en tanto reconocemos su capacidad para construir el valor de la equidad, y generar participación autónoma y comprometida que fortalecería los procesos de democratización y ciudadanización. Cuando hablamos de un enfoque de derechos en las políticas sociales, estamos reconociendo que el objetivo de dichas políticas es dar cumplimiento al deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, pudiendo los ciudadanos exigir tal respeto, protección y práctica efectiva.

1) LA POLÍTICA SOCIAL EN ARGENTINA A PARTIR DE LOS 90

El tema de las políticas sociales, debe ser analizada desde un enfoque integral y abarcativo de las relaciones de integración social, cuestión social y política social, reconstruidas históricamente (Soldano y Andrenacci. 2005) y en ese sentido expresamos que las políticas sociales no deben comprenderse únicamente como instrumentos estatales de regulación de la fuerza de trabajo, las condiciones de vida y el conflicto social (Cortez y Marshall. 1991), limitado a cuestiones de eficacia y eficiencia en el diseño y financiamiento de las intervenciones públicas, sino como el conjunto de las relaciones sociales referidas a la participación en la producción y reproducción ampliada de la vida y que por lo tanto expresan principios que organizan la vida social respecto a la igualdad de sus miembros y de su constitución como sujetos de derechos (Grassi E. 2006). Son, en fin la manera en que la cuestión social es constituida en cuestión de Estado y en consecuencia, el resultado de la politización del ámbito de la reproducción (Grassi E. 2004:25) Siguiendo a Grassi, sostenemos que la diferencia no es solo técnica, sino sustancial porque en primer lugar remite al problema como una construcción y lo vincula a una relación social y segundo lo define como proceso que tiene en cuenta para el análisis el contexto y el sujeto histórico.ii
Asimismo, partimos de una concepción amplia de “lo político” definido como el espacio o campo de producción simbólica que influyen y desbordan lo específicamente político, y donde se dirime quien tiene el poder, es decir que comprende distintos escenarios, mas allá de lo que comúnmente se conoce como política, identificado con el Estado y los partidos políticos. Este campo de lo “político” se inscribe en procesos políticos, sociales, culturales, donde el orden social se interrelaciona con el orden político y este se formaliza en instituciones y normas que expresan una configuración determinada de relaciones de poder, legitimada en el sentido de pertenencia y basada en un régimen de derechos y deberes de los ciudadanos y los gobernantes. (Grassi E. 2007)
En la década de los noventa, conocido como el período neoliberaliii, se produjo un cambio profundo en el eje articulador de las políticas sociales, de instituciones universalistas y de la protección pública a través del empleo formal se pasó a la lucha contra la pobreza extrema y a una red de protección mínima para aquellos que se encuentran fuera del mercado de trabajo. Como expresan Soldano y Andrenacci, la profundidad del proceso de transformación en los modos de regulación pública del mercado de trabajo; el alcance de la remercantilización de la protección social; el surgimiento de las estrategias alternativas de gestionar el desenganche entre empleo formal y protección social, la privatización parcial o total y la desuniversalización de los esquemas públicos; la concentración de esfuerzos en programas específicos y focalizados de la intervención asistencial, todo muestra el surgimiento y consolidación de nuevos modelos de política social, relativamente diferenciados de los predecesores. (Soldano y Andrenacci. 2005:18)
Sin dudas, el análisis de la relación Estado -Sociedad de éste período revela el impacto de las políticas implementadas en el mercado de trabajo por medio de los indicadores sociales de desigualdad, pobreza e indigencia entre otros, con efectos sumamente negativos en la participación social y política. Estas transformaciones incluyeron la reforma del Estado, con la crisisiv final del Estado de Bienestar, el surgimiento del trabajo como eje articulador de la cuestión social, y la emergencia de nuevos actores de la sociedad civil conocidas como organizaciones no gubernamentales.v
Si bien hay varias cuestiones a analizar, las que a efectos de esta presentación nos interesa, apunta a describir la reforma del Estado de Bienestar que se erige como la expresión mas cercana de una activa política de Estado y las características que asumen las políticas sociales con posterioridad a esta reforma que cambió sustancialmente su capacidad de intervención, a partir de la década del 90, y donde las organizaciones sociales asumieron un rol importante en la construcción de prácticas que constituyen a las políticas sociales. En este sentido, así como los sujetos no son meros portadores de las relaciones sociales, aquellos a quienes se dirigen las políticas sociales (las organizaciones) tampoco son puros destinatarios, sino “que las políticas construyen sujetos, pero también estos construyen a las políticas sociales”. (Danani C.1996: 34)
El Estado debe ser entendido más allá de las estructuras materiales que son visibles, depende de circunstancias históricas complejas, no surge espontáneamente, ni tampoco es creado por “alguien”, sino que, puede inferirse a partir de sus acciones que se ejecutan a través de las instituciones, deviene de un proceso en el cual va adquiriendo atributos que en cada momento histórico presenta distintos niveles de desarrollo, convirtiéndose en un escenario de tomas de decisiones en el que diversos grupos se disputan el poder. Cuando hacemos referencia al estado moderno nos referimos a una formación histórica con orígenes en el siglo XVII y XVIII que comprende además a la institución Mercado y a la sociedad civil.

El origen del proceso de reforma tuvo lugar cuando el modelo de Estado montado por los países desarrollados en la postguerra, propulsor de una era de prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en crisis hacia fines de la década de 1970 (Grassi E. 2006).En un primer momento, dado la necesidad de reformar el Estado, para restablecer el equilibrio fiscal y la balanza de pagos de los países en crisis, la respuesta fue la neoliberal-conservadora que consistía, dicho en forma muy sintética, en la reducción del tamaño del Estado y el predominio total del mercado.
En Latinoamérica éste fenómeno presentó particularidades, ya que la crisis de los Estados fue de mayor gravedad que la que existía en los países desarrollados. No sólo estos países entraron en una seria crisis fiscal, sino que se enfrentaron al agotamiento del modelo anterior de desarrollo económico (modelo de sustitución de importaciones). El contexto económico se mostró sumamente desfavorable, dominado por la apertura indiscriminada y una sobrevaluación de las monedas que atentaba contra la competitividad doméstica e internacional de los productos nacionales. Por otra parte, el problema de la deuda externa se hizo crónico en casi todo el continente.
Asimismo, el Estado entregaba al mercado las empresas estatales a través de la privatización y también, renunciaba a orientar la economía reservándose el papel de creador de un ambiente propicio para el desenvolvimiento de las fuerzas del mercado.  Es decir que fenómenos tales como la desregulación y apertura de mercados, el ajuste del Estado y la economía, la desocupación y flexibilización laboral, la privatización de empresas y servicios públicos, la descentralización administrativa y la integración regional han llevado a redefinir los roles tradicionales del Estado en cuanto a sus funciones principalmente benefactoras y empresarias. (OszlaK, O. 1997) Ante este escenario económico, la primera generación de reformas priorizó la dimensión financiera de la crisis del Estado. Así, las reformas orientadas hacia el mercado, sobre todo la apertura comercial y el ajuste fiscal, fueron las principales medidas tomadas en los años ’80. En la búsqueda de la estabilización de la economía ante el peligro hiperinflacionario estuvo, en la mayor parte de los casos, el éxito más importante de esta primera ronda de reformas. Es la que se denomina “etapa fácil” o “quirúrgica” por su rapidez y radicalidad.
La crisis del Estado-Nación se produjo porque perdió capacidad de regulación y de soberanía al ser sometido a una doble erosión, en el marco de la globalización, que introdujo cambios en los patrones de localización del capital produciendo competencia entre las regiones y ciudades, a la vez que generaba concentración y  la desestructuración  del tejido productivo de base fordista.
El Estado, desde el exterior era erosionado por las empresas multinacionales y los organismos internacionales y, en lo interno, por la revalorización de lo local  que el discurso y la dinámica de la globalización alentaba en desmedro de los estados nacionales, que se presentaban como ineficientes para los pequeños y grandes problemas. En el imaginario colectivo en la década del 90, la globalización se presentó como un nuevo paradigma, una solución a la crisis, y como un camino para ingresar al conjunto de países desarrollados. Al respecto Estela Grassi nos dice que la aparición de la globalización como fenómeno , impidió la reflexión y cuestionamientos sobre las relaciones económicas, políticas y culturales que lo constituyen, y también impidió el desarrollo de políticas sociales que incorporaran en la práctica concreta la participación de los gobiernos locales.(Grassi E. 2006) Además, la complejidad de la globalización se acrecienta por que ella presenta esas circunstancias en las que lo viejo no deja de morir y lo nuevo no acaba de nacer, siendo muy difícil, por tanto, aventurar que fenómenos adquirirán una forma permanente y cuales serán sobrepasados rápidamente por el devenir histórico, máxime cuando el tiempo aparece tan fuertemente comprimido por la aceleración de los cambios sociales. (Sarmiento, J.1998:64)
También hubo un fuerte retroceso en el desarrollo político social, el sujeto pasó a no reconocerse en la historia y si bien permanecieron características del modelo anterior de bienestar social, se orientaron al sector mercantil, favoreciendo las políticas de seguro social en contra de las políticas universales, tanto en lo referente a las representaciones materiales como simbólicas, reforzando el mérito del trabajo para la obtención de beneficios.
El pasaje del Estado de Bienestar a otro “mínimo”, su apartamiento de lo productivo y de la política social universal y el énfasis en la desregulación y en la apertura irrestricta, llevaron a un cambio abrupto y traumático respecto de lo anterior, así como a una fuerte redistribución de poder e ingresos de carácter regresivo. Esto se dio conjuntamente con el cambio del paradigma de política pública característico del Estado burocrático weberiano por otro gerencial, correspondiente a una idea de política pública más técnica, que en lo social, específicamente, realiza un pasaje del universalismo a la focalización y a la gerencia social. Reforzando el carácter delegativo de la política y contribuyendo a la despolitización de los asuntos del Estado, especialmente los relacionados con la cuestión social. (Grassi. E. 2004) EL “derrame de bienestar” pasó a ser una función del mercado y la cuestión social no era problematizada, los problemas de empobrecimiento y desempleo fueron vistos como fenómenos amenazantes de la estabilidad, la seguridad y la modernización antes que ser vistas como determinantes en las relaciones de reproducción de los sujetos.vi (Grassi, E. 2004:172)
En síntesis, podemos afirmar que en la década del 90 en la Argentina se constituyó y legitimó un cambio en el modelo de Estado, orientado por el paradigma emergente del Consenso de Washingtonviiy por ende en sus formas de intervención social; surgieron mecanismos y criterios institucionales diferentes a los que marcaron el denominado Estado de Bienestar Social. Se evidenció claramente nuevas reglas, formas y relaciones de fuerza en el escenario social, surgiendo también nuevos actores y prácticas colectivas diferentes. El modelo de desarrollo inspirado en la ideología neoliberal, profundizó los problemas que prometía que habrían de superarse con sólo dejar marchar libremente al mercado. Se produjo entonces una de las mayores catástrofes sociales de la historia de nuestro país.viii Efectivamente, el “Estado neoliberal” produjo el debilitamiento de las políticas sociales, al modificar las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad.
Estamos frente a un problema de falta de cohesión social, que se expresa en la pérdida de confianza en las instituciones, en el deterioro de los valores de justicia y equidad, en el crecimiento de la inseguridad agravada por la corrupción estructural. Podemos decir que estamos frente a la pérdida de un proyecto de vida en común, agravado por la ausencia de compromisos sociales y por la fragmentación social creciente, ante la cual es necesario generar nuevas propuestas con nuevos actores.

2) A MODO DE PROPUESTA: POLITICAS SOCIALES DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS

La crisis de 2001 acaecido en nuestro país, conocido como “el cacerolazo” significó un momento de inflexión del modelo neoliberal, descripto en el apartado anterior, tanto en lo económico, político y socialix. Y nuestras vidas, al decir de Margarita Rozas, a partir de entonces, transcurren entre la frustración, la desesperanza y el asombro sobre el deterioro fenomenal de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad. (Rozas M. 2005:1)
El resultado del llamado ajuste estructural en nuestro país, fue el crecimiento de la pobreza, la exclusión social, el desempleo y en general el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de grades sectores de la población, además de la creciente concentración de la riqueza en pocos grupos. El cambio en el papel del estado que conllevaron estas transformaciones apuntó entonces, antes que a la exigida desregulación, a una nueva modalidad de regulación, que lo constituyó como protector de los intereses de fracciones hegemónicas del capital.
Sabemos que los principios sobre los que se ha estructurado la política social en nuestro pais, son la discrecionalidad, que generó las bases del asistencialismo (el asistido no tiene derechos y quien asiste no tiene obligación) y el principio de la contribución, es decir que accede al beneficio quien participa en su financiamiento (seguro social implementado a lo largo del siglo XX)x.
En este sentido es difícil encontrar programas sociales que no tengan que ver con esta lógica del Estado asignando recursos discrecionalmente a sectores de bajos ingresos. No ha sido posible implementar en nuestra sociedad un sistema de prestaciones en el cual el derecho de acceso esté basado en el principio de ciudadanía, salvo el sistema público de la educación. Un enfoque de derechos constituye un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que está basado normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y operacionalmente dirigido a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, los “principios’ a tener en cuenta son los de responsabilidad y rendición de cuentas; el de universalidad; no discriminación y equidad; el de procesos participativos de toma de decisiones y el reconocimiento de la interdependencia entre todos los derechos (Artigas C. 2005).
Justamente, la ciudadanía es el tercer principio que estructura una política social: tienen derecho a la política social todos los habitantes de un país en su condición de ciudadanos y ella se financia con los impuestos, y es este principio el pilar en el que se fundamenta el enfoque de derechos. Siguiendo a Habermas que plantea la visión de ciudadanía activa donde la organización de los individuos no origina un status legal ante el Estado, una credencial, puesto que: “…los ciudadanos están integrados en la comunidad política como partes de un todo, esto es, de una forma tal que sólo pueden constituir su identidad personal y social en un horizonte de tradiciones compartidas y de reconocimiento institucional intersubjetivos como por ej. Los partidos políticos. (Habermas. 1994:25)xi
El derecho y la universalidad no deben ser definidos por la cantidad de personas que reciben simultáneamente un beneficio cualquiera, sino por la posibilidad equivalente de todos y cada uno de ellos de disponer del recurso. Corresponde recrear un sistema solidario y universal que comprenda, la seguridad de los ingresos, la protección frente a imprevistos y la asistencia ante contingencias de la vida, pero no solo para los que tienen empleos. Instituciones de esta naturaleza no pueden depender de la filantropía, de la comunidad o de arreglos más o menos privados. (Grassi 2004:7)
Sin embargo no debemos dejar de considerar que la definición de los derechos es campo de lucha social, es arena de enfrentamiento político y de lucha de clases. Lo que hoy llamamos derechos de ciudadanía, (considerados en un contexto más amplio, como derechos humanos), están en un proceso continuo de desarrollo profundamente afectado por cambiantes condiciones externas (especialmente en la economía), por la emergencia de nuevos problemas y la búsqueda de soluciones (Sojo C. 2002) y que garantizar la ciudadanía y avanzar en la construcción de una sociedad con mayores niveles de equidad es responsabilidad ineludible del Estado. (Insuani E. A. 1989)
Un nuevo enfoque de política social debe implicar un modelo de desarrollo en donde todos estén incluidos, que reconcilie lo social con lo político y donde los derechos sociales formen parte del proyecto de construcción de una democracia participativa. (Bustelo: 274) Desde esta perspectiva, la promoción de derechos y la construcción de ciudadanía no es una instancia “pos-asistencialista” de las políticas sociales, se trata de modificar la lógica clientelística del sistema desde su punto de partida y así llevar a cabo políticas con verdadera participación ciudadana que oriente las respuestas a las necesidades colectivas.
Ya que entendemos que la política social expresa la naturaleza de la política en una sociedad, se podrá decir que la Argentina cuenta con políticas sociales desde el enfoque de derecho cuando exista otra distribución del ingreso y los conceptos de ciudadanía y de universalidad desplacen al de discrecionalidad y clientelismo que tan fuertemente marcó la década de los 90.xii
Podríamos decir que actualmente estamos iniciando una etapa que bien podría designarse como de ciudadanización activa de la sociedad, aquella en la cual los intereses de la sociedad se representan a través de identidades afines y donde las formas participativas y de representación, se intentan desde la base misma de la sociedad. Hablar de ciudadanía implica ser titular de derechos y esto cambia la percepción y el posicionamiento de la gente frente a las políticas sociales. Ya no se trata de ubicarlos y que se ubiquen como meros receptores pasivos de una ayuda, asistencia o dádiva estatal; sino que en tanto titulares de derechos pueden y deben, demandar una provisión de servicios que garanticen un piso mínimo universal desde el cual acceder a las oportunidades.
Esto es factible, a partir de la conformación de espacios de interés público que tiendan al desarrollo del capital social y cultural, a la concertación de alianzas estratégicas continúas entre los distintos actores sociales, entre ellos las organizaciones sociales, en favor de la superación de la pobreza y la exclusión social.
Se debe plantear la generación de nuevos espacios para que los individuos se interesen y sean parte de los asuntos públicos y en este sentido la presencia de nuevos sujetos sociales, entre ellos las organizaciones de la sociedad civil, sugiere formas de acción que penetran en el sistema político, caracterizado por la lógica tecnocrática, para explorar nuevas formas de apropiación cultural al servicio del hombre y de su humanización. La lucha por los derechos humanos se ha convertido en el detonador más relevante de la acción de los nuevos sujetos sociales y a la vez en el eje articulador de la mayoría de ellos, que se activan o aglutinan en torno a distintos tipos de demandas y se constituyen en otro lugar privilegiado para la promoción de ciudadanía.
Consideramos que las organizaciones sociales de la sociedad civil, que en la década del 90 se caracterizó por su rol de subsidiaridad frente al retraimiento del Estado, pueden convertirse en actores posibles de construcción de ciudadanía y ser por lo tanto, escenarios de democratización y ciudadanización, ya que ellas perfilan una identidad amplia, compleja y rica que muestra un cambio no sólo social sino también cultural en lo que respecta a su identidad colectiva. No queremos dejar de mencionar que no existe una relación causal directa entre Democracia y Organizaciones Civiles pues no todas la practican, ni tampoco puede decirse que el acceso o la ampliación de la Democracia hayan sido la causa del surgimiento de las organizaciones, o por el contrario el avance de la Democracia se dio exclusivamente por su acción, aunque algunas de ellas y en algunos países latinoamericanos fueron actores fundamentales.
La distinción tan marcada (y tan aceptada en el sentido común) entre Estado/sociedad civil está llena de contradicciones y crisis como así también, la concepción de que el Estado se presenta como un enemigo de la libertad individual, y la sociedad civil como el dominio de las relaciones sociales espontáneas, privadas y particulares. Lo cierto es que otros actores, además del Estado pueden y toman posición frente a las “cuestiones”, entendidas como las demandas, necesidades socialmente problematizadas, que se entrecruzan en un complejo proceso social.
Esta interacción no solo es objetiva, sino que incluye una dimensión subjetiva referente a como cada actor define la cuestión y percibe la toma de posición de los otros actores. La oposición entonces, entre la iniciativa privada y la iniciativa estatal busca resolverse actualmente en un modelo de cooperación, en el que la evaluación en términos de efi­ciencia y mejor “llegada” de los servicios intenta ser más importante que el recorte presupuestario estatal. Es necesario además poner en cuestión no solo los efectos o los resultados de las políticas plasmados en planes y programas, sino el proyecto que llevó a instituir las prácticas políticas y sociales que determinaron tales efectos y que nos ayude a construir una visión de vida diferente, un nuevo “contrato social” donde la mayoría de la población se sienta integrada a los beneficios de los programas sociales, comprometida con lo público, en una sociedad igualitaria, democrática con sentido de identidad, pertenencia y solidaridad.
Otro aspecto importante, de una política social basada en el enfoque de derecho tiene que ver con la provisión de los servicios colectivos que tienda a asegurar la satisfacción del conjunto de las necesidades de la población, en condiciones de igualdad de acceso y calidad.(Grassi 2004: 10) Y agregamos, no solo tener igualdad de oportunidades en el acceso sino igualdad de capacidades o condiciones necesarias para llegar hasta el final, “igualdad al inicio de la carrera e igualdad en las condiciones y capacidades para que todos puedan terminar esa carrera”.

3) A MANERA DE REFLEXION FINAL

A nuestro interrogante inicial acerca de si las Políticas Sociales pueden ser herramientas de inclusión social, creemos que dependerá de las nuevas formas de las relaciones entre Estado y sociedad que se construyan y del diseño de nuevas formas de inclusión que se apliquen para construir una nueva sociedad de ciudadanos como titulares de derechos y no de clientes, o receptores de acciones asistenciales. Se debe partir del empoderamiento de la población y del ejercicio activo de sus derechos. La finalidad es garantizar a las personas el disfrute de la capacidad, de las habilidades y del acceso necesario para cambiar sus vidas, mejorar sus comunidades y decidir sus propios destinos.
En este nuevo contexto, debemos luchar por la instauración de la ciudadanía, pero no solo en la instrumentación de las políticas sociales, sino incorporada en las decisiones de carácter económico, ya que el futuro económico y social de nuestro país dependerá fundamentalmente del modelo de acumulación, que debiera orientarse a la puesta en marcha de políticas redistribucionistas y políticas sociales cuyo fin no sea paliar consecuencias de la economía de mercado globalizada, sino del fortalecimiento de la ciudadanía. (Sarmiento J.2001)
En este sentido las organizaciones sociales pueden convertirse en escenarios de construcción de ciudadanía, pero deben serlo desde la perspectiva de una auto-reflexión, compromiso y participación, sobre otro proyecto de vida social (Grassi E. 2006:305), y teniendo claro que siempre se debe mantener la tensión entre lo objetivo y lo subjetivo, ya que la realidad social se verifica en las acciones implementadas pero también en los campos y en los habitusxiii, de los agentes que forman parte de dichas acciones.
No es suficiente entonces, con ampliar las mallas de contención de las políticas sociales, sino que es necesario refundar el Estado, para evitar la desintegración social por medio de una fuerte alianza entre Estado y sociedad civil, que hacen de la extensión y fortalecimiento de la ciudadanía frente al estado y al mercado, el eje de sus prácticas, reivindicaciones y luchas (Sarmiento J. 2001) No se trata únicamente de redefinir el perfil del Estado y de las políticas que se implementaran, lo que ésta en juego, es también la reconstrucción del tejido social y de la escena pública. (Oslak.1997) Ser ciudadano es más que reclamar derechos y cumplir deberes; es, fundamentalmente, insertarse en un proyecto político, pensarlo, soñarlo, criticarlo y construirlo cotidianamente, teniendo en cuenta que la ciudadanía es un espacio de contienda, de lucha, inseparable del conflicto social y de las relaciones de fuerza que se expresan en ella.

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