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Microemprendimientos Productivos: Una Política de Integración Social?

Zulma Graciela CuevasDescargar PDF

Resumen
El trabajo aborda las políticas sociales en relación con la creación del empleo, cuyo marco general es el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en vigencia y que constituye uno de los pilares fundamentales de la política social en relación con la generación del empleo.
Tomando como eje principal a este tipo de políticas, se puede señalar que esta forma parte de la agenda estatal en la Argentina desde hace varios años y que ha tenido diferentes estrategias de enfrentamiento, generalmente desde programas fragmentarios que no procuran atacar las causas reales de la desocupación. Resultando paliativas, transitorias y lejos de asumir el problema de la integración, tienden a reproducir las condiciones para la exclusión.
Desde aquí se pretende responder el siguiente interrogante: ¿Esta nueva política superará lo paliativo o es una propuesta que mantiene una economía de subsistencia?
Desarrollo
El presente documento fue elaborado en noviembre de 2004 en el marco del seminario “Problemas Sociales y Política Social en Argentina” perteneciente a la Maestría en Políticas Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
En él se abordará las políticas sociales en relación con la creación del empleo y el mejoramiento del ingreso familiar, teniendo como marco general el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en vigencia actualmente y que constituye uno de los pilares fundamentales de la política social propuesta por el gobierno nacional en relación con la generación del empleo.
El trabajo tiene dos objetivos:
Analizar el Plan Nacional “Manos a la Obra”, en el marco de las políticas sociales actuales, propuesta fundada desde el enfoque de la economía social y el desarrollo local.
Reflexionar si los microemprendimientos productivos se constituyen en una política de integración social y de generación de empleo en la actualidad.
El interés por trabajar este tema surge a partir de dos aspectos: primero, la necesidad de comprender si realmente estamos en presencia de una oferta social que posibilite la superación de las condiciones de pobreza y exclusión social o simplemente se propone una economía de subsistencia que afianza las situaciones de vulnerabilidad de la población, y, segundo, por la participación activa en la implementación de dicha política en la provincia, específicamente la destinada a los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
Las Políticas Sociales
Para abordar las características principales de las políticas sociales en la actualidad se hace necesario en primera instancia, realizar una aproximación a la definición del concepto y luego hacer referencia, en forma sintética, al estado de bienestar en la Argentina y las modificaciones que el mismo ha sufrido a lo largo de la historia.
Tomando como referencia lo expuesto por Alejandra Pastorini (1) en “La política social hoy”, las políticas sociales pueden ser analizadas desde dos aspectos distintos: desde la perspectiva tradicional, las políticas son concebidas como un conjunto de acciones, por parte del estado, que tienden a disminuir las desigualdades sociales, con una finalidad redistributiva. Son vistas como concesiones por parte del estado, con un carácter compensatorio, paliativo y correctivo. Aquí la intervención del estado no implica una intervención en la economía. Por su parte, la perspectiva marxista plantea que las políticas sociales no pueden ser consideradas como concesiones por parte del estado, sino como un producto de las relaciones conflictivas entre los diferentes actores que están involucrados en ella. Además, de la función redistributiva, las políticas sociales cumplen funciones políticas y económicas, ya sea como mecanismo de legitimación del orden y como abaratamiento de la fuerza de trabajo. Siendo su objetivo último, asegurar las condiciones de reproducción del sistema capitalista monopólico.
En síntesis, la autora plantea la importancia de analizar las políticas sociales desde el proceso que implica la demanda, la lucha, negociación y otorgamiento, teniendo en cuenta todos los actores involucrado en él.
Por su parte, desde el planteo que realiza Estela Grassi (2), las políticas sociales no se comprenden únicamente desde su capacidad para compensar inequidades, ni como decisiones técnico – políticas del estado. Ellas expresan “los principios y postulados que organizan la vida social, respecto de la igualdad. Expresan la medida en que una sociedad se acerca o se aleja del reconocimiento de las necesidades de todos sus miembros …y de su constitución como sujeto valioso para la sociedad”.
A partir del análisis de las políticas sociales implementado por el Estado se puede definir la concepción que se tiene del hombre ya sea como objeto destinatario pasivo de las políticas o como ciudadano, sujeto de derechos. Como también el rol y la participación de los actores en la definición de las mismas.
A continuación se presenta en forma sintética un recorrido histórico de las políticas sociales en nuestro país.
Inicios de las políticas sociales en Argentina
En nuestro país el estado comienza a preocuparse por las políticas con la Generación del 80, aquí el objetivo es la inserción de la Argentina en la economía capitalista mundial a través de la exportación de productos agroganaderos como también la creación de un modelo de país, siendo sus ideas principales el “orden y el progreso”. En este sentido, se delinearon políticas: De inmigración: abriendo las fronteras a los inmigrantes europeos para poblar el país. Sanitarias: destinado a evitar enfermedades para asegurar la confiabilidad de los productos y la comercialización a países europeos. Educativas: las escuelas pasan a ser responsabilidad del estado, el fin de esta política era crear el “ser argentino”, una identidad y lograr el anhelado progreso.
Todo otro tipo de intervención era responsabilidad de instituciones privadas, subsidiadas por el estado, principalmente a través de la Sociedad de Beneficencia. Si bien hubo reclamos constantes de mayor intervención estatal en la cuestión social, solo tiempo después se logró la acción del estado, siendo esta fragmentaria y circuntancial.
Es recién a partir de la década de 1940 en la que se puede hablar de políticas sociales en la Argentina. Específicamente, en el gobierno de Perón, quien desde una perspectiva keynesiana, planteaba un estado intervencionista.
En esta época el país se aproxima a lo conocido como “estado de bienestar”, ya que aquí el pleno empleo, que es su característica fundamental, nunca existió. Es la educación pública la política universalista que se constituyó en el núcleo central de este estado.
Tal como se expuso anteriormente, el trabajo es una categoría central en el estado de bienestar, constituyéndose en un factor de integración social y fuente de ciudadanía y, además, es el eje sobre el que se construyó una identidad colectiva: la clase trabajadora. El sistema de protección se instituye como “derechos del trabajo”, específicamente vinculado al empleo formal urbano y no como derechos sociales, ni como parte de la ciudadanía social. Es decir, que, en la Argentina, la expansión de los derechos sociales no está ligada a la expansión de la ciudadanía sino a la constitución de la categoría de los trabajadores formales. Por su parte, la asistencia social pública estuvo dirigida a quienes tenían impedimentos para integrarse al mercado de trabajo y para los que justificadamente podían estar fuera de él, siendo el caso de las mujeres y los niños.
Las políticas de integración prevalecieron hasta la década del 70, consistían en la búsqueda de equilibrio, de homogeneización de la sociedad a partir del centro, por ejemplo, el acceso de todos a los servicios sociales y un mejor reparto de las oportunidades, el desarrollo de las protecciones y la consolidación de la condición salarial.
Las políticas sociales en los 90
El estudio acerca de las políticas sociales adquiere mayor relevancia en el contexto de la crisis del estado de bienestar. Desde una postura crítica al universalismo de las políticas sociales se plantea que la expansión del estado y del gasto social producía inequidades -porque se desviaba recursos hacia sectores no necesitados de intervención estatal- y, desequilibrio fiscal debido al aumento del gasto social.
De esta manera, se plantea la necesidad de un ajuste estructural para la Argentina y otros países de América Latina, diferentes medidas económicas, sociales, de políticas fiscales y reformas en el estado. Los resultados de estas medidas fueron el aumento de la pobreza, de la desocupación, deterioro de los salarios y de las condiciones del empleo, simultáneamente a una mayor concentración de los ingresos en algunos sectores.
En cuanto al objetivo de reducir el gasto fiscal, se puede decir que fue principalmente reducción del gasto social, específicamente, lo destinado a las políticas sociales, buscando aumentar la eficiencia y la eficacia de las mismas.
El tipo de política social que se despliega a partir de los años noventa, podemos caracterizarla como compensatoria, subordinada a las demandas de la modernización económica y del equilibrio fiscal. Los nuevos paradigmas de esta política son la descentralización, focalización y privatización como transferencia de responsabilidades a la sociedad civil, presionados por las condiciones impuestas desde los organismos financiadores internacionales. Que significa nada más que la precarización de las políticas sociales y de asistencia.
En este contexto, la política social consistiría en gestionar el uso eficiente de los recursos públicos y transferir a la sociedad civil responsabilidades que incluyen desde subsidios a la demanda hasta servicios que antes estaban bajo la tutela del sector público. Se puede mencionar como otra de las características de esta época el impulso de las políticas de asistencia alimentaria, la transferencia directa de recursos para la satisfacción de las necesidades básicas.
Las políticas de inserción obedecen a una lógica de discriminación positiva, se focalizan en poblaciones particulares y zonas singulares del espacio social, y se despliegan estrategias específicas, destinadas a aquellos que se encuentran en situación deficitaria.
El estado deja de ser un actor principal, delegando sus funciones al mercado. Los derechos se han transformado en bienes y servicios que se adquieren en el mercado y accede el que tiene los recursos necesarios para obtenerlos y, lo que no resuelve el mercado, se delega a la sociedad civil. Esto trae como consecuencias la refilantropía de las políticas sociales, una vuelta a formas caritativas de asistencia y discrecionalidad, donde la institución decide a quien asistir y donde no existe la posibilidad de demanda. El estado financia pero no se responsabiliza de las políticas, ninguna institución filantrópica del tercer sector tiene la capacidad de instituir derechos. En cambio, la ciudadanía supone criterios universalistas e igualdad de trato.
Otra de las particularidades del momento, es la modificación de la función del trabajo, este ya no ocupa el lugar central ni ofrece los atributos necesarios para que la población forme “parte” de la sociedad. El empleo ha dejado de cumplir con su función de integrador social. Siguiendo a Castel (3), “el trabajo es más que el trabajo, y por lo tanto, el no – trabajo es más que el desempleo”. El trabajo ofrece identidad y reconocimiento social, se constituye en una referencia económica, psicológica, cultural y simbólica. Es el fundamento principal de la ciudadanía, representa la participación de cada uno en una producción para la sociedad, allí se fundan los derechos y deberes sociales, las responsabilidades y el reconocimiento.
En esta década con la flexibilización laboral se redujo la estabilidad en los puestos de trabajo, aumentaron los trabajos informales y el subempleo, asimismo, bajaron los costos laborales, de esta forma, el peso del ajuste estructural fue depositado en esta área. También las instituciones se fueron reformando siguiendo la misma coherencia, expulsión de empleados del sector público, creación del Fondo Nacional de Empleo, que financia el seguro de desempleo, diferentes modalidades de contratación laboral inestables y programas de empleo destinados a “grupos especiales de trabajadores”, tal como los denomina Lo Vuolo (4).
El empleo se convirtió en un bien escaso en el país, trayendo como consecuencias la incorporación de la fuerza de trabajo “secundaria”, principalmente las mujeres y, dejando como destinatarios de las políticas asistenciales a muchos en edad activa, profundizando las condiciones de exclusión social.
Fueron los llamados programas asistenciales de empleo los que ocuparon un lugar clave en el gobierno ante los crecientes problemas en el mercado de trabajo.
Por medio de la Ley Nacional de Empleo se implementaron dos tipos de acciones orientadas a subsanar la cuestión del desempleo. Por un lado, las de fomento del empleo, con modalidades de contratación a tiempo determinado, promovidos mediante la reducción de aportes previsionales del empleador y donde el estado se responsabiliza de parte de la remuneración, o bien, por medio del pago de una “ayuda económica no remunerativa”.
Así, desde el año 1992, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ha implementado innumerables programas de generación de empleo transitorio. Actualmente, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, propone la inserción de los beneficiarios en empresas privadas, donde el estado se responsabiliza de aportar los $ 150,00 correspondientes al subsidio, mientras que la empresa del restante hasta llegar al monto de un salario y, además, asume el pago del 50% de los aportes previsionales de cada empleado. Esto como forma de incrementar las posibilidades de contratación de mano de obra desocupada.
Otra de las modalidades implementadas fueron los programas de formación y capacitación, que pretenden la preparación en tareas específicas de algún sector de la población. Ejemplo de esto fue el “Proyecto Joven”, que apuntaba al primer empleo de los jóvenes por medio de una pasantía, hoy, se puede nombrar al Programa “Incluir”, que tiene un objetivo similar.
Por último, se puede nombrar las acciones orientadas al desarrollo de capacidades para el trabajo independiente en diferentes oficios, a través de la implementación de los microemprendimientos, aquí los beneficiarios eran los ex empleados afectados por la reconversión estatal y privada.
Al respecto, se puede decir que en la provincia se han ejecutado todos estos programas, pero que sus resultados no han podido plasmarse en la disminución del desempleo. Esto porque su implementación presenta características de transitoriedad, precariedad, desarticulación y, principalmente, porque no apunta a modificar la política económica del país, sino únicamente “parcharla”.
La política social hoy: un nuevo enfoque
Existen diversas posturas acerca de cómo deben encararse las políticas sociales, algunos consideran que el estado tiene la responsabilidad de hacer asistencia y garantizar el acceso de la población a los bienes básicos. Empleando palabras del Vice Ministro de Desarrollo Social, Lic. Daniel Arroyo: “algunos consideran que el estado tenía como tarea dar pescado”, otros, sin embargo, creen que “había que enseñar a pescar”, es decir, implementar políticas de promoción social, generando capacidades para que cada uno pudiera mejorar su condición. Estas dos perspectivas no tienen en cuenta la relación que existe entre lo social y lo económico, planteando ambos aspectos como diferentes (5).
Desde la asunción a la presidencia del Dr. Néstor Kirchner, y según la perspectiva de los responsables de delinear las políticas sociales, se plantea que las mismas se han diseñado sobre la base de mejorar los ingresos de las familias a partir de la inserción en el mercado productivo de los sectores que hoy están afuera. Siguiendo los argumentos del Vice Ministro, ya no se trata solamente de dar asistencia y generar capacidades, sino de articular lo social y lo económico. Está comprobado que la teoría del derrame no dio resultados, los beneficios económicos no fueron “derramados” sobre los más necesitados, por el contrario, la pobreza ha ido creciendo en forma desmedida.
Según sus diseñadores, la política implementada por el gobierno nacional apunta a generar acciones masivas, no focalizadas y teniendo como eje central la intervención en el territorio, desde lo local. Reforzando la articulación de los diversos actores públicos y privados, buscando la participación de los desocupados en la economía local. Esto a través de la implementación de emprendimientos productivos, teniendo el asociativismo como eje de esta política.
Esta propuesta se plasma en el Plan Nacional “Manos a la Obra”, que busca financiar ideas de proyectos productivos que se inicien o bien para mejorar lo que ya está en funcionamiento. Tiene dos grupos de destinatarios, por un lado, los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y, por el otro, personas desocupadas en general.
Sus características principales son:
Conformación de grupos asociativos donde participen tres o más personas
Financiamiento de la compra de herramientas e insumos necesarios para la puesta en marcha de esas ideas
Monto total de financiamiento $ 15.000, no reintegrables
Tiene establecido una contraprestación como forma de devolución del subsidio, el grupo de beneficiarios debe comprometerse, a realizar una prestación a la comunidad que esté relacionada con el proyecto
Las propuestas requieren del aval del Consejo Consultivo Municipal (6) y pueden ser presentados por intermedio de los municipios o bien de las ONGs locales.
Cabe mencionar que la propuesta del Plan “Manos a la Obra” está planteada desde el enfoque de la economía social y el desarrollo local, por eso se considera importante abordar brevemente en que consiste cada uno de ellos.
Con respecto a la economía social, esta tiene origen a comienzos del Siglo XIX, en Europa, siendo su propósito fundamental defender los intereses de la clase obrera ante el capitalismo salvaje y de constituirse en un sistema alternativo, estando relacionado al socialismo utópico. Luego de muchos años, pretende reactivarse como propuesta de acción, sin embargo, debe plantearse como distinta, teniendo en cuenta la realidad actual, en la que la globalización requiere pensar la comunidad local vinculada a las fuerzas sociales nacionales y transnacionales.
Esta concepción planea superar la opción entre el mercado capitalista y un estado planificador y regulador de la economía. Propone una lógica económica – social, superadora del capitalismo y del estado centralizado, ambos dominados por los grupos monopólicos. Esta doble superación se lograría evitando la disociación entre economía y sociedad, característica principal del neoliberalismo.
Siguiendo a José Luis Coraggio “se trata de poner límites sociales al mercado capitalista y, si es posible, construir mercados donde los precios y las relaciones resultan de una matriz social que pretende la integración de todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera más igualitaria” (7).
La economía social promueve la producción de bienes y servicios y el desarrollo de las potencialidades de los sujetos colectivos que participan y no solo está orientada por la ganancia y la acumulación de capital.
El mismo autor, expresa que si bien debe competir con las organizaciones capitalistas en el mercado, no debe dejarse llevar por la lógica propia de la empresa capitalista, buscando la satisfacción de las necesidades y la calidad de las relaciones sociales.
Aquí es importante realizar una reflexión ya que una política de empleo, como la que se menciona, necesariamente debe contemplar el análisis de la producción y del mercado, los microemprendimientos están insertos en un mercado capitalista donde la competencia y la habilidad para desenvolverse es fundamental.
La economía social promueve “formas de gestión participativa a nivel local, la creación de foros participativos para definir políticas sectoriales, las instituciones del presupuesto participativo o de la planificación estratégica participativa, así como la organización de frentes de acción colectiva para modificar las políticas del Estado a favor de regular la economía y los mercados capitalistas…” (8).
Esta propuesta procura superar la focalización de los pobres, está planteada para todos los ciudadanos. No propone que los pobres esperen a la reactivación de la economía y el empleo (una vez más el conocido efecto derrame), sino de “activar ya las capacidades de todos los ciudadanos excluidos del trabajo, y proporcionar el desarrollo de lazos vinculados a la satisfacción de una amplia variedad de necesidades materiales y sociales y a la recuperación de los derechos de todos” (9).
La economía social y el desarrollo local poseen una convergencia potencial. Siguiendo a Bárbara Altschuler (10), el desarrollo local supone partir “desde abajo” y los que están “abajo” son los actores de la economía social.
En la actualidad, los gobiernos locales tienen la posibilidad de articular y fomentar la economía social, a partir de la ampliación de sus funciones y los nuevos lineamientos del desarrollo local, social y productivo, principalmente en el contexto de informalidad laboral, económica y exclusión social. Los municipios deben constituirse en líderes comunitarios y productivos, facilitadores, potenciadores y articuladores de iniciativas locales.
Sin embargo, existen dificultades en la implementación de un plan de desarrollo local, por ejemplo la escasez de recursos de los municipios, las estructuras institucionales, el elemento político partidario, la falta de mecanismos de participación social, los manejos clientelares, la ausencia de equipos técnicos y profesionales para la elaboración de políticas y proyectos, entre otras.
En este sentido, en la provincia de Misiones, la participación y articulación de actores locales en las gestiones municipales son muy escasas. Los Consejos Consultivos Municipales están constituidos en los 75 municipios, sin embargo, su presencia es más el cumplimiento de un requisito para acceder a los programas nacionales que un espacio de discusión y de diseño de proyectos de desarrollo social y económico. En algunos casos es considerado como un obstáculo a la gestión municipal y no como un apoyo para la misma.
En este sentido, para impulsar la puesta en marcha de los emprendimientos productivos que no resulten aislados del contexto socio económico local y, que puedan sostenerse en el tiempo, es necesario que el municipio tenga definido el perfil de desarrollo que pretende para sí mismo, reconociendo los recursos que posee y las dificultades que se le presenta. Y, a partir de allí elaborar un plan estratégico de desarrollo, fomentando la participación de diferentes ámbitos.
Conclusiones
En esta última parte del documento y a manera de conclusión se presentan las siguientes consideraciones, que deberían ser objeto de un análisis más exhaustivo en un trabajo posterior.
Tomando como eje principal a las políticas de generación de empleo, se puede señalar que esta forma parte de la agenda estatal en la Argentina desde hace varios años y que ha tenido diferentes estrategias de enfrentamiento, pero siempre desde programas fragmentarios que no procuran atacar las causas reales de la desocupación.
Las alternativas ofrecidas por los diferentes gobiernos plantean una solución provisoria, presentándola como la única vía posible para combatirla en cada momento. Pero en ningún caso se ha presentado como una verdadera política de generación de empleo. Las existentes son programas transitorios, precarios y con dependencia absoluta al poder político, creando una falsa imagen de la posibilidad de encontrar una salida laboral al problema de la pobreza.
Hasta el momento, las políticas implementadas en relación con el desempleo, parten de un dudoso diagnóstico del problema y sus objetivos no son muy claros en cuanto a que si atacan solo los efectos o las causas que generan el desempleo.
Similar situación se plantea en la provincia de Misiones, ya que no puede hablarse de una política de generación empleo implementada por algún gobierno. Las propuestas que existieron fueron una extensión de las políticas a escala nacional.
El problema de la desocupación es más que la falta de recursos necesarios para el consumo, tiene que ver con la valoración de las personas y sus capacidades, potencialidades y habilidades. Las personas desocupadas se sienten “inútiles” y sin una función social.
Las políticas de promoción del empleo resultan paliativas, transitorias lejos de asumir el problema de la integración, por sus características tienden a reproducir las condiciones para la exclusión.
Hoy cabe el siguiente interrogante: ¿Podemos pensar que esta nueva política superará lo paliativo o fragmentario o es una propuesta que mantiene una economía de subsistencia?
En este sentido, se considera que nuevamente constituye una estrategia de inserción laboral precaria, no incrementa la productividad laboral y, difícilmente pueda generar nuevos puestos de trabajo. Porque más allá de la posibilidad que ofrece el estado de que los emprendedores puedan inscribirse como monotributistas sociales, que realizarán aportes y tributarán, no se constituye en una política de empleo pleno.
Se pueden verificar los impactos inmediatos de la ejecución de esta política porque los beneficiarios realmente reciben los equipamientos y los insumos para comenzar a trabajar en sus emprendimientos, el problema se plantea en la sostenibilidad en el tiempo y en la sustentabilidad económica. Como también en la insuficiente preparación de los beneficiarios para manejar un negocio y la escasez de herramientas técnicas necesarias para llevar adelante el mismo.
Sin mencionar la ausencia de equipos técnicos en los municipios para que asistan y acompañen esta iniciativa. Los municipios que cuentan con profesionales y que se comprometen con esta propuesta tendrán resultados mejores que los que no lo tienen.
Otro de los aspectos a señalar como fundamental es la falta de políticas de desarrollo local que son imprescindibles para que los emprendimientos puedan sostenerse en el mercado.
La propuesta de la economía social es trabajar como una empresa sin la lógica capitalista, olvidando que vivimos y estamos insertos en una economía de este tipo. Plantea una lógica distinta pero dentro del mismo sistema y esto hay que ver cuanto tiempo se sostiene, perdurará mientras sea funcional al sistema y no ofrezca dificultades a su “armonioso” funcionamiento.
Se considera que no hay que idealizar esta política como la alternativa para la superación de las condiciones de pobreza, a menos que estén acompañadas de otras políticas que lleven a una distribución diferente de la riqueza y de genuinas políticas de inserción laboral. Ya que no todos los sectores desocupados o subocupados tienen la capacidad para generar y mantener un emprendimiento.
La propuesta del plan nacional Manos a la Obra, es una opción válida que sirve coyunturalmente, pero que no es la solución a los problemas de la distribución de los ingresos y de la pobreza en nuestro país. Esta es una propuesta micro que necesita ser acompañada de modificaciones macro estructurales para que den los resultados que se esperan. Es decir, que no se constituye en un mecanismo de integración social de los actualmente excluidos del sistema.
Las políticas deberían orientarse al fortalecimiento de los sectores de la economía social (club del trueque, emprendimientos, reactivación de empresas por sus trabajadores, los movimientos de desocupados), capacitación en la producción, calidad, escala, productividad, mecanismos de asociativismo, autogestión, participación, como también la sensibilización de los funcionarios municipales y actores locales respecto de las posibilidades de la economía social como vía para el desarrollo local. Como también agregar valor a la producción primaria a partir de la agroindustria, sacar ventaja a los recursos naturales y potenciales del municipio y las capacidades locales. Es necesario resignificar el trabajo como actividad social y productiva.
Es importante como propuesta trabajar el proceso de cambio que deberán enfrentar los beneficiarios de esta política y los aspectos que esto conlleva. Se plantea una “metamorfosis”: de Trabajador o Desocupado a Emprendedor, de Emprendedor a Empresario, de Individuo a Grupo, de Grupo a Equipo y de este a ser una Organización. Sin dejar de recordar que los ingresos siempre fueron individuales y, en esta propuesta, pasan a ser ingresos grupales. Y todo este proceso implica cambios en las conductas y la subjetividad de las personas, que no se da en forma inmediata.
Sin olvidar hasta que punto la crisis económica y social ha afectado a la población Argentina, en cuanto a la inseguridad, la incertidumbre, la desvalorización de la autoestima que influye totalmente en la generación de iniciativas por parte de la gente. Las personas que se hallan en condiciones de pobreza sobreviven en condiciones no humanas y los daños producidos por la pobreza son irreparables y esta propuesta requiere de personas con alto grado de desenvolvimiento, independencia, creatividad y conjugar ambos aspectos es una cuestión que no puede obviarse.
Otro aspecto importante a trabajar es la cuestión de la asociatividad, estamos en un mundo donde sobresale y se consolida la individualidad y el esfuerzo de cada uno para logros personales. Esta política, como lo vimos antes, promueve el trabajo en forma asociada, donde todos los miembros poseen iguales responsabilidades y derechos. Cotidianamente vemos que esto se convierte en un obstáculo para el desenvolvimiento del grupo, no estamos capacitados para trabajar desde esta perspectiva.
Por ello, es indispensable realizar un acompañamiento en los inicios y la puesta en marcha de los emprendimientos para asegurar su sostenibilidad en el tiempo y el logro de su autosuficiencia, teniendo en cuenta que cada micro empresa se constituye en un proyecto de vida con perspectiva de futuro de varias familias.
Notas

1. PASTORINI, Alejandra (2000). La política social hoy. Cortez. Sao Paulo.

2. GRASSI, Estela (1999). “La política social del neoliberalismo”. En: Boletín informativo N° 24 del Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social.

3. CASTEL, Robert (1997). La metamorfosis de la cuestión social Una crónica del asalariado. Paidós. Bs. As.

4. LO VUOLO, Rubén y Otros (S/D). La pobreza…de la política contra la pobreza. Miño y Dávila Editores. CIEPP. Bs. As.

5. ARROYO, Daniel (2004). Diario Clarín. Martes 3 de agosto. Pág. 33.

6. Es importante mencionar que también forma parte de la política del gobierno actual el fortalecimiento de los Consejos Consultivos Municipales, priorizando los espacios de articulación del poder público, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, buscando la mayor transparencia en la implementación de las políticas sociales.

7. CORAGGIO, José Luis (2002). De la emergencia a la estrategia. Mas allá del “alivio de la pobreza”. Espacio Editorial, Bs. As.

8. Idem, pag. 288

9. Idem, pag. 289

10. ALTSCHULER, Bárbara (S/D). “Situación actual de los municipios argentinos en cuanto al desarrollo económico local y la economía social”. En: Publicación del Primer encuentro del Foro Federal.

Bibliografía

ALTSCHULER, Bárbara (S/D). “Situación actual de los municipios argentinos en cuanto al desarrollo económico local y la economía social”. En: Publicación del Primer encuentro del Foro Federal.

ANTUNES, Ricardo (2001). ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y centralidad del mundo del trabajo. Cortez Editora. Sao Paulo.

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BURIN, David y HERAS, Ana Inés (2001). Desarrollo Local. Ediciones Ciccus. Bs. As.

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PARRA, Gustavo (1999). Antimodernidad y Trabajo Social. Orígenes y Expansión del Trabajo Social Argentino. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján. Bs. As.

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