« Ver Todas « Perspectivas # 1

“La Participación y las Políticas Sociales” Un recorrido Histórico. Construyendo interrogantes.

Gisela Spasiuk Descargar PDF

Introducción
Desde hace un tiempo el tema de lo que se denominó “Crisis del Estado de Bienestar” o para otros “su muerte”, es motivo de debate y estudio en diversos círculos académicos y disciplinares. Todos (intelectuales, en muchos casos y la sociedad en general) decimos “estamos en crisis”, “la crisis del estado”, pero realmente es un término, un supuesto que está incorporado en nosotros de una manera natural; nadie se cuestiona que está significando cuando lo utiliza. Hoy, ¿realmente se puede hablar de crisis?, ¿cuántas cosas han pasado desde que la crisis se empezó a sentir?. Actualmente, estamos asistiendo al proceso de modernización y reforma del estado, se dice que el ajuste estructural es necesario; como contracara se empiezan a sentir los costos sociales del mismo.

Términos tales como eficiencia, focalización suenan fuerte y están de moda. En ese contexto se escuchan denominaciones- o categorizaciones- tales como “nuevos problemas sociales”, “nuevos pobres”, “nuevos movimientos sociales”. Al parecer el adjetivo “nuevo” tan repetido en las expresiones nos está diciendo que algo sucede, que en el escenario social las cosas ya no son como eran antes, que determinados cambios se están haciendo sentir. Antes se hablaba de populismo, hoy se habla de neoliberalismo. En síntesis: ya nadie puede negar que hablar en un marco general de crisis -del estado de bienestar- es cosa pasada, en realidad estamos asistiendo a la re-definición de la legitimidad de instituciones y de políticas sociales, significando que: “los engranajes de un nuevo modelo, parecer comenzar a funcionar perfectamente bien”. Ahora bien, para comprender el presente (o en este caso el tema que interesa: Las Políticas Sociales y dentro de ellas la concepción de participación sustentada en las mismas a través del tiempo) debemos preguntarnos: ¿cuáles son esos cambios?, ¿cómo era “antes” y antes de qué? ¿como se hacen sentir esos cambios, cuáles son sus implicancias en la vida cotidiana?, ¿la participación tan abierta que se pregona en este nuevo modelo, hasta dónde es tan franca?. En este marco y retomando palabras de Estela Grassi, cuando el objetivo es problematizar, analizar sobre planes y programas de políticas sociales es imprescindible inscribir los mismos en procesos de cambio social y en el sentido de estos cambios. Se trata de pensar que sociedad tenemos al final de un ciclo histórico. Los cambios del Estado y del escenario social – en el tiempo y los contextos, al decir de Guiddens- implica hacer referencia a procesos de estructuración y des-estructuración socio-cultural.

El presente documento pretende reflexionar y problematizar sobre el tema de la participación en las líneas de política social de estilo “asistencial- participativas”, remitiéndose el tratamiento del tema al contexto de nuestro país , aquellas que nacieron dos décadas atrás – en los 60’- y las instrumentadas en el actual contexto de modernización y reforma del estado.
La mirada pretende ser critica, establecida desde un contexto de significación diferente, alternativo al contexto de significación legitimado, universalizado, imvisibilizado de los enfoques reduccionistas predominantes en las Ciencias Sociales.
Como profesionales de las Ciencias Sociales nuestro rol presenta un doble carácter: es técnico pero no neutral, es decir que es político en la medida en que las formas de definir situaciones, de caracterizarlas y por ende de seleccionar alternativas de abordaje implican, aunque no se vean explícitamente posturas distintas y éstas posturas pueden o reproducirnos como nos denomina Gramsci “intelectuales orgánicos” o podemos convertirnos como dice Pierre Bourdieu en “vendedores profesionales de servicios políticos”. Se debe poner en tela de juicio, en cuestión qué creemos, que compramos y qué hacemos cuándo pregonamos y creemos que instrumentamos la tan mentada participación de la gente; porque es necesario rescatar también que el espacio de estructuración profesional nos dá como desafío y como posibilidad el ser participantes para construir nuevas perspectivas de la vida social no alienando más su perspectiva.

El documento consta de las siguientes partes:
Introducción
Desarrollo analítico: aquí se inicia el tema con una presentación general de lo que se concibe como Crisis – en especial a qué se trata de referir cuando se habla de crisis del estado- y en torno a ello algunas reflexiones y comentarios. En un segundo momento se describirá la línea de política social a partir de la cual “se inaugura” la participación “directa” de la población en las mismas y se realizará una comparación con el “estilo de participación que las políticas sociales sugieren y requieren actualmente. Para realizar tal comparación se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones: el contexto histórico, los supuestos de desarrollo que subyacen a las mismas, sus objetivos, las connotaciones en el escenario social, la dependencia jurídico – administrativa, entre otros aspectos.
Conclusiones
Bibliografía Utilizada

DESARROLLO ANALITICO:

Acerca de la Crisis del Estado de Bienestar :
….“Toda política social y los supuestos que ella sostienen involucran y comprometen categorías (y/o sujetos) sociales y sus derechos específicos: ciudadanos, trabajadores y pobres”…
(Grassi, Hintze, Neufeld y Otros. 1994)

Habiendo dejado entrever de alguna manera en la introducción que lo político es parte de lo cultural en la medida en que produce una configuración particular que implica la constitución de marcos interpretativos y de sujetos, es imposible hablar de participación o de procesos participativos en la medida en que la discusión no esté encuadrada en el escenario histórico-socio-político – cultural (que impone reglas y estrategias de control, similares o diferentes en el tiempo y los contextos) en que tales procesos se desarrollan y cobran una identidad u otra. Así, en líneas generales se expondrá lo que se considera Estado de Bienestar y su crisis y algunas características generales del nuevo modelo de estado.
La paz social y el crecimiento que caracterizó a los países capitalistas avanzados después de la segunda guerra mundial y que incluyó a los países latinoamericanos, llegó a su límite en los setenta. Así tal como lo expresan Offe (1988) y O’Connor (1987) la “crisis de acumulación” a través del discurso neo-conservador que, siguiendo a Habermas logró hegemonizar el subsistema político y cultural, encontró rápidamente un culpable el estado de bienestar y su papel en la distribución de recursos y en la regulación de la economía. Así se planteó que esta forma de organización del estado llegaba a su fin dado que se agotaban sus rentas al tiempo que el paternalismo que lo caracterizaba quitaba estímulos al trabajo. Hasta ese momento el estado de bienestar que, en nuestro país se desarrolla bajo el modelo de sustitución de importaciones, en sus dos versiones – populista: encarnado por el peronismo del 45/55 y desarrollista de la década del 60’- puede definirse, tomando lo expuesto por Lo Vuolo, como un “un híbrido institucional” …. Combinaba “…los modelos duales…moderno/atrasado…con una lectura populista de los modelos de demanda efectiva …en particular los modelos neokeynesianos de sub-consumo” (LoVuolo, 1991). Modelo que según Offe (1984) prevaleció hasta la década de los setenta en nuestro país; también en este contexto el autor expone que el modelo de políticas sociales que acompañó este período era un híbrido institucional que tenía como inspiración principal el modelo coorporativo (esquemas de seguro social, obras sociales, asignaciones familiares ) por un lado y el modelo social democráta por el otro (en el área de educación y salud pública), articuladas con políticas focalizadas.
La crisis de acumulación que se amalgamó con la crisis del estado de bienestar logro que el pensamiento neo-conservador empiece a ganar terreno y se comenzaron a plantear como pre-requisitos la desregulación de la economía y la reducción de los gastos fiscales. Puede expresarse que, en nuestro país estas cuestiones – aunque en un proceso- se comenzaron a tornar más tangibles,- si cabe el término- como medidas dentro de las políticas de gobierno, luego de 1989 cuando la inflación no puede detenerse y siguiendo a Habermas y desarrollado por Lo Vuolo (1998) la crisis sistémica que venía siendo sobrellevada se transforma en crisis de integración social generando la entrega anticipada del gobierno al nuevo presidente electo.
En este pasaje de un modelo a otro, paulatinamente se fue devolviendo al ámbito del mercado la regulación de la vida social; sustrayendo en la representación ideológica la economía del campo de la política y retirando al estado como principal regulador y asignador de recursos. En este pasaje – en el cual no se profundiza sobre los flujos de in-puts y out-puts entre los distintos subsistemas para obtener legitimidad- el estado, argentino, que bajo el modelo populista- desarrollista implicó la expansión de derechos sociales, cierta tendencia a la socialización de la reproducción vía los consumos colectivos, y el desarrollo de la legislación protectora del trabajo; comienza a sufrir modificaciones: los derechos sociales fueron perdiendo identidad y la concepción de ciudadanía se restringió, se profundizó la separación público-privado y la reproducción se fue devolviendo enteramente a este último ámbito; por su parte la legislación laboral evoluciona en el sentido de una mayor mercantilización (desprotección) de la fuerza de trabajo y las legitimaciones se reducen a la ampliación del asistencialismo.
Así nos encontramos frente a un escenario diferente de aquel que, bajo la denominación de estado benefactor o de bienestar asumió una especie de salvaguarda de la paz social. La expresión del nuevo modelo – que no se restringe a un modelo económico únicamente , el del ajuste estructural- sino que deviene de una redefinición global y de un nuevo carácter de las relaciones sociales, es la redefinición de las estructuras normativas y de sustrato y por ende, de la identidad del sistema. Y en tanto este supuesto sea verdadero se puede hablar de la existencia de un nuevo estado (entendiendo al mismo como un sistema). Antes bajo el estado benefactor el subsistema político administrativo operaba como centro de autogobierno, como tal tenía preeminencia por sobre los demás, hoy el subsistema económico es quien opera como centro de autogobierno y adquiere preeminencia por sobre los demás. Este nuevo sistema sería lo que autores como Lo Vuolo denominarían el modelo neo-liberal, cuyos mecanismos sostienen procesos crecientes de exclusión, o lo que para Tenti sería el “modelo del post-ajuste”; el escenario social está marcado por la modernización y reforma del estado, en el marco de las políticas de ajuste estructural – y de los costos de la misma- se establece y legitima una nueva dinámica, una forma distinta de relación entre el estado, el mercado y la sociedad. Se apuntala un modelo de gobernabilidad donde se iguala a los individuos en el mercado, convirtiéndose este en el ámbito legítimo de resolución de las necesidades; limitando las posibilidades de unos y favoreciendo las de otros. Se recuerda aquí al decir de Sen (1985) que lo que una persona o grupo hace o puede hacer y es o puede ser son características de su estado de existencia y no objetos separados de la misma. O bien, aquellas dependen y a la vez representan- en palabras de Flora (1986) la distribución y el acceso de los mismos a las oportunidades de vida.
Siguiendo el pensamiento de los autores se puede afirmar que existió una crisis del estado y/o del estado de bienestar y que la resolución de la misma adquirió matices muy distintos a los de los setenta cuando la misma comenzó a aflorar. Hoy se puede expresar que “una nueva identidad social se ha instaurado”. , es decir que lo que antes era una cosa, ahora se transformó en otra; en los postulados del autor la crisis debe ser percibida por los sujetos. Entonces, si se entiende al contexto argentino como un sistema diferenciado en susbsistemas (mencionados en párrafos atrás) y si se asume que en algún momento ese sistema entró en crisis de integración sistémica; se puede fundamentar que, realmente estamos ante un nuevo modelo. Modelo que como se trató de expresar no sólo significa nuevos esquemas económicos sino políticos y socio-culturales. Offe (1988) expone que para entender el cambio en el sistema social ..“no basta con decodificar la teoría conservadora o reformista de la crisis, en términos de un marco conceptual que destaca la contradicción entre trabajo asalariado y capital, sino que es necesario, en el marco de la irreductibilidad, considerar los efectos agravantes de las soluciones y el “instrumental terapéutico” que manejan los teóricos conservadores.
En síntesis lo que en nuestro país se puede denominar como Crisis del estado de bienestar – y que respondió a condicionantes y condicionamientos externos- derivó en un nuevo sistema cuyas transformaciones estructurales dan lugar a un modelo que incluye por definición la informalidad laboral, el desempleo, el subempleo, la desprotección laboral y consecuentemente modificaciones cuanti y cualitativas en las condiciones de pobreza.

¿Cuándo surge “la cuestión de la participación” de la población en las políticas sociales ?

La participación de agentes sociales – individuos y grupos intermedios de la sociedad, comienza a ser pensada dentro de los planes y de las políticas públicas hacia 1950. En el marco internacional se instala y se oficializa en el lenguaje de las Naciones Unidas una nueva técnica de acción social, un estilo de intervención particular denominada “Desarrollo de Comunidades”; “Animación popular”, “participación en la dirección”, entre otros rótulos. El nacimiento de la misma coincide con la difusión por parte de organismos internacionales sobre una visión global del desarrollo; visión donde comienzan a invertirse los términos en que hasta ese momento se entendía el bienestar social – al menos desde el punto de vista discursivo-. Aquel deja de ser concebido como producto natural o consecuencia del desarrollo de la estructura productiva y se comienza a sostener que la expansión de servicios sociales básicos es un elemento indispensable al éxito de los programas de desarrollo, en tanto permitan crear las condiciones previas al progreso económico. Esta concepción se afianza en el Acta de Bogotá y en la Carta de Punta del este a través de la Alianza para el progreso”. (Tenti, 1989: 83). Es importante destacar esta idea central que irrumpe en esta época donde el desarrollo comienza a pensarse trascendiendo las fronteras de lo inminentemente económico. La CEPAL en su preocupación por identificar los obstáculos para el desarrollo; tuvo un rol importante en el proceso. La misma sostenía que era necesario incorporar los elementos subjetivos que se encuentran en juego en la conducta humana de los grupos sociales. El objetivo del desarrollo de comunidades puede sintetizarse en los siguientes puntos:
Movilizar a la población, lograr su participación, iniciativa propia y esfuerzos en el mejoramiento de su calidad de vida.
Establecer cambios en las concepciones y posturas de la población, en sus esquemas mentales, generando conocimientos teóricos y prácticos de organización,
Aunar esfuerzos entre el Gobierno y la Población para mejorar las condiciones económicas, culturales y sociales de las comunidades.
Complementar la planificación de “arriba” con la planificación “desde abajo”.

Entonces los supuestos que subyacían a este estilo de intervención fueron : a mayor participación y comunidades organizadas, mejor repercusión tendría el crecimiento económico y como tal más importante y duradero resultaría. En América latina el Desarrollo de comunidades tuvo su anclaje institucional en las políticas públicas sostenidas por los gobiernos denominados “desarrollistas”. Cabe destacar que la idea que se sostenía sobre los pobres o desfavorecidos era que los mismos constituían un obstáculo para el desarrollo por el nivel de atraso en el que se encontraban, ello impedía su participación en el proceso económico y por lo tanto limitaba las posibilidades del desarrollo. Así era necesario “motivarlos, educarlos; concientizarlos”; se trataba de actuar sobre la voluntad, los hábitos, la moral y las aspiraciones de los agentes sociales para que puedan descubrir y modificar sus propios obstáculos y necesidades permitiéndoles contribuir con el desarrollo. El desarrollo de la ayuda mutua y la cooperación permitirían modificar el proceso. Las víctimas se convertían en victimarios, eran culpables de sus propias incapacidades y por lo tanto responsables – con la ayuda del estado y de sus técnicos- de mejorar y resolver su situación. Así “ el interés puesto en el cambio de actitudes y motivaciones hace del desarrollo de comunidad un proceso inminentemente educativo y cultural, destinado a controlar lo que entonces se llamaba “revolución de las expectativas crecientes” como resultado de un proceso de desarrollo económico paralelo a un acrecentamiento de las situaciones de pobreza y sus secuelas” (Ibi. den); un proceso psico-social tendiente a modernizar la sociedad mediante la modernización de los sistemas de acción de los individuos.
En nuestro país esta corriente de pensamiento ingresa – con el auge del desarrollo industrial vía inversiones de capitales extranjeros- hacia 1966, bajo el gobierno de Onganía. Encontró adhesión – tal como cita Tenti Fanfani (1998:124)- por la ideología corporativista-comunitaria de sectores que acompañaron la dictadura militar de 1966 y que veían a los grupos intermedios y organizaciones sociales como actores alternativos a los partidos políticos – propios del régimen democrático. Los profesionales del Trabajo Social y algunos grupos ligados a la Iglesia que apoyaron el proceso en un intento de pasar del asistencialismo neto a la famosa promoción.
Así los destinatarios de este tipo de políticas (que contemplaron – al menos en la provincia de Misiones- además de lo mencionado líneas tales como mejoramiento de viviendas, infraestructura barrial, asistencia técnica, capacitación y desarrollo del voluntariado y la atención de aspectos ligados a lo nutricional : huertas, criaderos de aves, capacitación sobre el uso de los mismos en la dieta, etc) eran los sectores “populares”- como se los denominaba; sectores carenciados y por sobre todo no incorporados o incorporados al mercado informal de trabajo, razón por la cual los mismos se encontraban en esa situación. Lo interesante de remarcar es que con esta concepción no solamente se cambia la modalidad de otorgar la asistencia sino que esto está ligado al cambio en la demarcación de la población objeto de la misma: deja de pensarse al individuo aislado y la tarea pasa a centrarse en las comunidades. En tanto técnica de trabajo el desarrollo de las comunidades no es más que un conjunto de procedimientos técnico- metodológicos para operar en la realidad social; lo interesante aquí es que el mismo se promovió en el país como línea de política social pública; institucionalizándose en el aparato del estado con la creación – en el organigrama- de una Secretaría de Acción Comunitaria a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Bienestar Social cuya tarea era el diseño y elaboración de programas que propiciaran la participación de la comunidad en aspectos sociales orientando las acciones hacia proyectos de desarrollo comunitario. En las provincias las líneas de política que la misma fijaba eran ejecutadas vía las subsecretarías y direcciones correspondientes. Es decir que este paquete de programas intentó articularse como línea de política social y como estrategia política. Las fuentes de financiamiento provenían de la nación. Cardozo (1972) expresa que hacia 1971 había toda una red de organizaciones comunitarias en la Argentina. Si bien la infraestructura social estaba pensada como medio para la promoción humana se terminó transformando en el fín de estas políticas. Es decir que se puede afirmar como hipótesis que los objetivos para la cual fue pensada se desvirtuaron, transformándose así en otras acciones asistenciales más, pero en este caso acciones asistenciales cuyo destino y uso era en la mayoría de los casos “colectivo- comunitario”. Coincidiendo con Tenti Fanfani (1984) al amparo del desarrollo de comunidades proliferaron una serie de obras e infraestructura, cuya carácter comunitario es por lo menos discutible.
Retomando el tema que interesa como eje central de este documento podemos decir que la cuestión de la participación de la población ingresa al campo de las políticas sociales de la mano de una idea del individuo fundada en principios económicos, es decir de un individuo no integrado a la producción de bienes y servicios y en las decisiones. El no acceso a estos beneficios, impedía a este grupo de la población “integrarse” a una sociedad – considerada- moderna. Así este tipo de políticas pretendía apoyar y articular sus resultados con los que se promovían y buscaban en general en con el conjunto de las políticas públicas. Pero, el cambio buscado no rozaba la dimensión política inherente a todo proceso de cambio. El verdadero problema del poder se disfrazaba bajo el eufemismo de la participación; limitando el acceso de los individuos a la resolución de problemas inmediatos, de su cotidiano, de la realidad micro. Luego de esta época de auge de la participación comunitaria como “ideología del estado – de corta vida- subsiste -incluso hasta la actualidad- como un conjunto difuso de presupuestos en torno a la modalidad de intervención del Estado en la solución de ciertas situaciones sociales. Y el comunitarismo se transforma en lo que se conoce como promoción social; dejando de ser un supuesto ideológico anclado en el estado, para convertirse en una modalidad de intervención del estado; empezando su camino para convivir con las acciones asistenciales más cerca de lo clásico.
Ahora, y en síntesis en este momento de la historia y del origen de las políticas sociales que yo denomino asistenciales- participativas, las mismas estaban pensadas, coherentes con el contexto socio-político y económico desde una perspectiva “integracionista”, es decir apuntaban a atender a quienes se encontraban excluidos del mercado de trabajo, de la posibilidad de empleo y a través de ello de acceso a los servicios y condiciones que tal condición proveía. Estaban pensadas para modificar los obstáculos que se consideraban operaban en contra de la inclusión de los mismos al mercado de trabajo, a la producción moderna. Este modelo no preveía excluídos sino que, definía marginales -por inadaptación cultural- y en tanto así concebido los obstáculos podían corregirse con políticas deliberadas de integración o por elección. El estado en este contexto se convirtió en un actor central pues fue quien embanderó y encabezó la lucha contra esos obstáculos – vía la institucionalización de una línea de acción a partir de la cual – vía sus técnicos- instrumentó programas y proyectos tendientes a modificar esta situación-. Desde este punto de vista la estrategia era coherente. Se reconocía aquí, un dualismo estructural – integrados/marginales- pero se lo concebía como ajeno a las propias condiciones de reproducción del sistema y se proponía superar el mismo. Puede criticarse sus postulados a-críticos y su postura homogeneizadora de la sociedad pero- en relación a lo que sucede actualmente- aquel modelo tenía presente, al decir de Grassi (1994:17) “la igualdad, como positividad pero también como potencialidad”.
Debe destacarse aquí, que, luego del auge del desarrollo comunitario -a mi criterio se inician los parámetros, los criterios que, hoy, dan origen a la tan mentada focalización- en tanto, “la comunidad” desaparece como objeto de intervención y se comienzan a “construir” categorías de poblaciones objeto a través de otro tipo de elementos (edad, sexo, ocupación, etc); a partir de indicadores socio – económicos.
Con el advenimiento de la democracia al país, en el año 83’, el estilo de intervención de los programas sociales asistenciales presentó esta modalidad mixta de trabajo; es decir no distribuir bienes y servicios únicamente sino también acompañar el desarrollo de capacidades- como se conoce en el lenguaje común: no dar el pescado sino también enseñar a pescar-. Es notorio resaltar que los aspectos o áreas contemplados dentro de los objetivos y acciones promocionales, no difieren demasiado de los postulados bajo la ideología del desarrollo comunitario.
Actualmente – década de los noventa- la mayoría de los programas sociales se encuentran embuídos por estas cuestiones que se mencionaron; sosteniendo aquellos presupuestos centrales en el “desarrollo de comunidades”. En general proponen la participación como eje de las acciones; participación que se abre a lo que se denomina “sociedad civil”. Ahora, cabe preguntarse ¿en qué difieren los mismos de aquellas líneas de política? ¿ la participación que se pregona hoy responde a las mismas bases que aquella que se promulgó en los 60’?. Se tratará de referir a estas cuestiones.
Existe dentro del organigrama del estado nacional, un Ministerio encargado de administrar y monitorear los programas sociales que, se instrumentan descentralizadamente en las provincias. Descentralizadamente significa que, el estado nacional no se encarga de instrumentar los mismos sino que hace de nexo – y en todo caso de contralor- y “delega, deposita” esta responsabilidad en otros agentes de la sociedad (municipios, organizaciones y grupos sociales, ONGs por ejemplo) o bien en los propios destinatarios. Estos programas son de tipo “focalizados”, es decir destinados a atender situaciones de diversos grupos de la población “determinados como grupos en riesgo” o a quienes se consideran extremadamente pobres; o según la calificación técnico burocrática población NBI o con carencias extremas. La mayoría de estos programas son financiados con aportes – créditos o subsidios- provenientes de organismos internacionales (Banco Mundial, BID, entre otros); aportes que no sólo engrosan la deuda externa sino que son otorgados a cambio de que el gobierno realice alguna otra medida de ajuste pendiente o en trámite; medidas que progresivamente continúan ahondando la brechas y profundizando los mecanismos de exclusión. Representan un paquete de programas – desarticulados unos de otros; y en muchos casos superpuestos- que atienden diversas áreas (nutrición, infraestructura social, micro-emprendimientos comunitarios, capacitación entre otros). Aquí al igual que en la década del sesenta – y como parte de la historia de nuestro país y de Latinoamérica- debe expresarse que lo que se instrumenta en materia social- aunque con otra orientación socio-política- está pautada internacionalmente, desde lo que los entes financiadores reconocen como “áreas prioritarias que merecen atención”. Ahora, este tipo de políticas (entre las que se pueden mencionar el FOPAR, Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Crear, etc) define ya no marginales sino excluidos. Quizás sea necesario recordar que no se está hablando de políticas asistenciales articuladas con políticas universales, justamente se está hablando de que frente al desmantelamiento de las tradicionales instituciones del estado de bienestar, las políticas asistenciales se esgrimen como “la receta para atender la emergencia de la situación” en tanto se esgrime un discurso y se espera que el crecimiento económico se cumplimente y resuelva por sí mismo las desigualdades. Cabe citar aquí que existe un relación directamente proporcional o así debería serlo entre participación y ciudadanía, aunque en el eje que se venía exponiendo puede decirse que actualmente se instala como el problema a discutir no la legitimidad existente o no respecto de los derechos del ciudadano sino en la del derecho “a merecer”. La focalización es la expresión genuina a partir de la cual se reconoce la existencia de los excluidos; en tanto los destinatarios se individualizan sobre aquellos individuos o grupos que no son capaces de vender e interactuar en el ámbito del mercado (única fuente legítima de asignación de recursos). Otra vez aparece, el estigma sobre la víctima. Puede decirse que a partir de la aceptación de categoría NBI los sectores marginales legitiman y sostienen el modelo de exclusión. A diferencia del modelo desarrollista ( y de sus políticas), el modelo neo-liberal, el modelo del ajuste destina mayoritariamente sus acciones ofreciendo cauces controlados de integración social de los más vulnerables. Aquí no se reconoce al individuo como agente de la producción.
Dentro de este contexto, la participación de los destinatarios es ya no una situación sino una condición, un pre- requisito para “hacerse merecedor de la ayuda del estado”. Esto quiere decir que para tener “derecho a recibir asistencia” los destinatarios deben poner “algo también de su parte” (mano de obra, dinero, mantenimiento). En realidad en el actual sistema de políticas sociales el auge otorgado a la participación de la sociedad está encubriendo los mecanismos profundos (de la lógica del mercado) a partir del cual la responsabilidad primera y última de la producción y reproducción es devuelta, delegada y se instala en el ámbito de la vida cotidiana: en la familia, o en otros grupos sociales; en la sociedad civil. El estado opera en algunas áreas atendiendo a través de subsidios,ciertas necesidades (necesidades que, no siempre- o casi nunca- representan las necesidades reales de los destinatarios). Así aquel estado de bienestar, en cuyo ámbito se depositó la resolución de los conflictos de clases, hoy está retirado de la escena y estos últimos son devueltos al seno de una sociedad fragmentada, en la que, al decir de Grassi, “ los actores se individualizan, al ritmo que los sujetos colectivos pierden entidad”. Por otra parte deben mencionarse los supuestos que este tipo de programas- o de política de estado- presentan. A diferencia de la participación que se promovía en el modelo de desarrollo de comunidades, aquí existe una idea opuesta los destinatarios (pobres – excluidos) conforman campos solidariamente armónicos, no fragmentados y de cooperación, donde todos trabajan en pos del interés común; interés que en estos programas se estipula de antemano desde la lógica y el saber técnico. Por otra parte hoy, no se trata de “generar capacidades y cambios para ….”, hoy se sostiene que los destinatarios poseen los capitales, experiencias y habilidades requeridas para llevar adelante por sí mismos las iniciativas y que como tales deben responsabilizarse de resolver su propio desarrollo. La capacidad de organización y el altruismo en lugar de ser pensados como valores a desarrollar y promover a escala ciudadana, terminan siendo justificaciones permanentes y ponderados de los aprendizajes sociales de los marginados/excluidos visualizándose y peor aún la ayuda mutua como cualidades fenotípicas de “la cultura pos-moderna de la pobreza”. Hasta aquí se puede decir que la política social del estado no pretende ni consumos colectivos, ni derechos sociales, sino asistencia focalizada hacia aquellos con menor capacidad de presión; los más NBI, los más vergonzantes.

ALGUNAS CONCLUSIONES:
Como se trató de expresar una misma categoría – la de participación- sostenida en distintos momentos históricos de la política social argentina, en su anclaje dentro del marco global a partir del cual fue pensada y expresada, significó y significa cuestiones muy diferentes. Es imposible pensar que en los sesenta esta “receta de la participación” hubiera dado los frutos que se esperaba y más imposible pensarlo hoy cuando el neoliberalismo reivindica la autonomía de la sociedad civil a través del mercado y el alternativismo comunalista liga la participación a formas micro: al barrio, a las redes de vecindad. Así como ya se expresó la perspectiva actual de la potencialidad de la participación de la sociedad civil y de los propios destinatarios de políticas sociales acaba diluyendo los conflictos sociales y políticos en un mundo de relaciones inmediatas: la familia, los amigos, los vecinos, sin plantearse la necesidad de vincular transversalmente los sectores y colectivos excluidos. Ahora, una diferencia fundamental reside en que allá por los años sesenta si bien las políticas de desarrollo comunitario terminaron siendo transferencia de recursos de diversa índole, lo fueron porque se desvirtuaron los objetivos para las cuales fueron pensadas o quizás porque los supuestos que las sustentaban- aunque coherentes con el contexto- estaban equivocados pero debe rescatarse la intención de las mismas: integrar a los marginados; mejorando su condición . Hoy, en cambio sucede lo contrario, la asistencia es el fin en sí misma, y es esta transferencia de recursos y servicios, así pensada – coherente con el contexto y con el modelo- lo que permite -ya no a marginales sino a excluidos – solapadamente reprimir y controlar los efectos que el propio modelo genera. Antes el estado asumió la responsabilidad de buscar alternativas, hoy delega en el mercado y en otros ámbitos tal responsabilidad.
Las acciones enmarcadas en este conjunto de programas y proyectos (que como tales representan un línea ideológica particular de intervención), solo son amortiguaciones cortoplacistas tendiente a mitigar las brechas entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Así con la misma lógica que se sostiene la muerte del estado de bienestar y de las políticas universalistas del mismo, se declama que la descentralización implica participación y autogestión de la sociedad. Ahora el estado se retira y deja huecos, donde pueden surgir demandas que movilicen a la población. La búsqueda de eficiencia en las políticas sociales estatales, en realidad, significa la transferencia de responsabilidades y costos. Aquí la retórica participacionista sostiene ideológicamente el modelo. En este contexto los pobres – antes considerados como marginales- devienen en una categoría identificatoria y mantienen la condición de sujeto vergonzante. Como contracara del mercado libre,- de su lógica autónoma donde prevalecen las capacidades individuales de cada uno para convertirse en ganador o en perdedor, ser de los que pertenecen o ser de los que quedan afuera-, el estado asume un rostro asistencialista ya que no existe acumulación sin legitimación. Es posible que los programas y proyectos sociales contengan ámbitos de participación cuando y en la medida en que la cooptación de los pobres no aparece estructurada en forma de dispositivos que coarten autoritariamente el conflicto o la demanda colectiva más calificada.
La pregunta de cierre sería si este tipo de prácticas participativas están centradas en los estereotipos de la cultura oficial ¿ de qué naturaleza debe ser la participación para que la descentralización se transforme en toma de decisiones autónomas y no en un proceso de feudalización de las decisiones y de los recursos a un nivel más bajo?.
En marcos de democracias como las de nuestro país, al decir de Touraine, donde hay una despolitización de los problemas sociales, lo pequeño no siempre es hermoso. En el marco del escenario actual y de la matriz que adquieren sus procesos socio-culturales la participación no ingresa siquiera progresivamente a la esfera política, seguirá su curso siendo de tipo específica, mínima, pseuda, circunstanciada, privatizada y en algunos casos –siempre que no se la manipule- podrá ser un ejercicio deliberativo para tratar cuestiones sociales y el contexto de posibilidad para la emergencia de liderazgos democráticos. Esto no es malo en la medida en que seamos conscientes, si cabe el término como profesionales de hacia donde va dirigido el curso de nuestras acciones pero es terrible en la medida en que en nuestros imaginarios continúe existiendo el convencimiento de que generamos participación genuina. Por último continuar afirmando que el predominio de la perspectiva comunitarista “localizada” es la única propuesta para los pobres no estaremos generando alternativas a las tensiones y paradojas de los tiempos que corren; porque son justamente estas paradojas las que combinan el abandono de la noción de sujeto histórico de cambio (clases-movimientos sociales) con la emergencia de actores que se manifiestan en torno a intereses concretos e instrumentales y por otro con la búsqueda de mayor autonomía, libertad individual y capacidad competitiva y con el valor que adquieren las interacciones múltiples en un mundo globalizado y con alta complejidad organizativa.

BIBLIOGRAFIA:
BARBEITO, Alberto y Otros – 1995- “Contra la exclusión”. Miño y Dávila Editores. CIEPP. Colección Políticas Públicas.
GRASSI y otros – 1989- “Políticas Sociales, Crisis y Ajuste Estructural”. Ed. Espacio.
GRASSI, Estela –1997- “La Política Social del Neoliberalismo”. Dossier presentado en el XIX Congreso Nacional de Trabajo Social. Mar del Plata.
HABERMAS, Jurgen –1973- “Problemas en el capitalismo tardío”.
LO VUOLO, Ruben y BARBEITO, Alberto – 1998- “La Nueva Oscuridad de la Política Social” Del Estado populista al neoconservador. Miño y Dávila Editores. CIEPP.
MURRAY,Edelman –1991- “La construcción del espectáculo político”. Editorial Manantial. Cap.II. Bs.As.
VILLANUEVA, O –1997- “Empleo y Globalización”. Universidad de Quilmes.
TENTI FANFANI, Emilio- 1989- “Estado y pobreza: estrategias típicas de intervención/1 “. Centro Editor de América Latina. Biblioteca Política Argentina.