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La interpretación como dimensión constitutiva de la intervención profesional

Susana MoniecDescargar PDF

Resumen:
En este artículo1 nos preguntamos sobre el papel que juega el lenguaje en la construcción de la relación del trabajador social, como especialista de la intervención sobre lo social y los demandantes de las políticas sociales de transferencia de ingresos, específicamente en la política de pensiones no contributivas.
El corpus analizado se compuso de entrevistas realizadas a los profesionales responsables de gestión de pensiones no contributivas en un Centro de Referencia Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; de documentación institucional y de entrevistas a los usuarios de pensiones no contributivas por discapacidad.

El uso del lenguaje en la intervención profesional
El trabajador social como especialista de lo social, desarrolla su quehacer a través de las políticas sociales que se materializan mediante diferentes ámbitos institucionales, intersección en la cual se construye el campo de actuación profesional, donde se ponen en juego modos de intervención que involucran un posicionamiento teórico y consecuentemente una forma de pensar la relación teoría – practica, pero que a su vez implican productividad simbólica, producción de subjetividad, que dicen respecto de la reproducción de las relaciones sociales de producción.
De este modo, la intervención profesional, al poner en juego la interpretación, trasciende la mediación y el mero acto de asignación de recursos. En ese sentido observamos que el lenguaje juega un papel importante en el quehacer, pues entendemos, en términos de Austin (1982), que se pueden “hacer cosas con palabras”.
Para Matus (2006:13) no es posible la intervención sin interpretación. Interpretación a partir de la cual el trabajador social se vale de categorías pre construídas y también las construye en su propio quehacer, nomina fenómenos, estas formas enunciativas tienen implicancia en la construcción del sujeto y su identidad. “Consecuentemente, el Trabajo Social tiene una eficacia simbólica, que está contenida en la discursividad, en la gramática, en la retórica de lo social que sobredetermina la intervención” (2006: 37) e incide en la producción de subjetividades; “(…) La cuestión acá es que “el otro” puede contingentemente adoptar las características dadas por quien lo mira y lo busca nombrar. Y si bien a un otro, subordinado, jerarquizado, se le puede conceder alguna virtud estética o moral, muy difícilmente se le otorgará un estatuto de legítimo pensamiento” (Matus: 2006: 40).
Así, lo simbólico es transversal a toda intervención y cuando hablábamos de intervención profesional destacamos la relevancia que cobra la enunciación, puesto que refiere “que en un enunciado hay elementos lingüísticos que no tienen el valor de una información que se comunica, sino que son huellas que deja en el enunciando el sujeto que lo ha producido (…), formas gramaticales y léxicas que el sujeto que enuncia ha elegido usar, y esa elección es portadora de sentidos. El uso de una palabra u otra, de una forma de decir u otra no es indiferente, es una marca significativa y puede ser interpretada. Hay modos de decir que son indicativos de lo que piensa el hablante o de lo que quiere que piense su interlocutor, o también indican a quien se dirige” (Marín: 1999, 78).
También analizamos sobre la implicancia de la intervención en la constitución del espacio púbico y de la relación que el profesional establece con otros actores a través de las instituciones mediante las cuales se materializan las políticas sociales. Instituciones que a su vez instalan discursos públicos, estableciendo contratos de lectura, que “implican contraer una relación intersubjetiva que modifica a cada uno de los sujetos participantes, (…) el concepto de contrato se relaciona con el de intercambio (…) intercambio diferido (…) que para que pueda efectuarse, las partes deben estén seguras de lo valioso del valor del objeto a recibir en contrapartida, (…) un contrato fiduciario (precedido por un hacer persuasivo y por un hacer interpretativo de los sujetos)” (Greimas en Carvallo: 2009: 87).
En ese sentido consideramos importante observar cuales son las voces que resuenan con mayor fuerza y cuáles son las huellas que encontramos en los discursos que se plasman en la documentación institucional mediante las cuales se promocionan las pensiones no contributivas (informes de gestión, afiches y cartelería), así como aquellas materializadas en los discursos de los profesionales responsables de la gestión de las pensiones no contributivas y por otro lado, cuales son las marcas que aparecen en los discursos de los beneficiarios de las pensiones no contributivas.
Para situar el empírico de nuestra investigación, es necesario hacer referencia al contexto en que se originó el Programa de Pensiones2 no contributivas cuyo objetivo consiste en “(…) promover el acceso a derechos de personas y familias en situación de vulnerabilidad social mediante la asignación de pensiones que no requieren de aportes para su otorgamiento” (www.desarrollosocial.gov.ar).
Esta política de las pensiones no contributivas surgió en la década del 403, mediante la Ley Nº 13.337/1948, sancionada el 27 de septiembre de 1948 y promulgada el 13 de octubre del mismo año, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Allí se establecía la prestación para las personas que hubieren desarrollado algún servicio extraordinario para la Nación, que tuvieran como mínimo 60 años de edad y estuvieran incapacitados para el trabajo. Se refería fundamentalmente a los hombres a personas que hubiesen prestado servicio militar en guerra, estuvieren con enfermedades imputables a actos de servicios, viudas, familiares con discapacidad de algún tipo para el desempeño laboral, menores de 18 años hasta que cumplieran la mayoría de edad o en su defecto incapacitado para el trabajo.
Desde su creación en el año 1948 hasta la actualidad, esta política tuvo varias modificaciones en los requisitos, en el perfil de los potenciales beneficiarios, en el tipo de beneficios, en el origen de los fondos y en los montos máximos y mínimos a asignar según tipo de pensión, entre otras cuestiones.
En el año 1994, al reformarse el sistema previsional, el régimen contributivo quedó bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y los no contributivos pasaron a constituirse parte de las acciones del Ministerio de Desarrollo Social. “(…) Al reformarse el sistema previsional en 1994, el Programa de Pensiones no Contributivas (PNC) fue separado de los programas contributivos, los cuales fueron reorganizados bajo el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)” (OIT)4.
A partir del año 1996 se creó la Comisión Nacional de Pensiones, organismo desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (entonces Secretaría de Desarrollo Social) que recibe funciones de la ANSeS para la recepción, tramitación, evaluación y liquidación de las solicitudes. Sus objetivos son: “En forma integral, la recepción, tramitación y evaluación de las solicitudes de pensiones asistenciales (vejez, invalidez y madres de siete o más hijos), excombatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos y otras pensiones por leyes especiales otorgadas por la autoridad administrativa, con intervención de los gobiernos provinciales y municipales en la gestión de todo el proceso.”5
En la actualidad, en las distintas Provincias del País, existen setenta y dos (72) oficinas de la Comisión Nacional de Pensiones que se denominan Centro de Atención Local (CAL). Estas oficinas son presentadas en el discurso institucional como una herramienta que “(…) basa su funcionamiento por un lado, en una mirada social integral, que comprende a las personas como sujetos de derecho con sus particularidades sociales, económicas y regionales; por otro lado, en el trabajo territorial, que prioriza el contacto directo con los sectores más vulnerables y con las zonas de menor acceso a la información”6
Las Pensiones por invalidez aparecen enunciadas en la documentación analizada, como un derecho que tienen aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social sin amparo previsional, que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo.
Las condiciones necesarias para obtener una pensión por Invalidez se establecen en la Ley Nº 18.910/1971, Decreto Nº 432/1997, Reglamentación del artículo 9 de la Ley Nº13478. Para poder acceder a este beneficio las personas deben encontrarse incapacitadas en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produce una disminución del setenta y seis (76%) por ciento o más de la capacidad laboral. Las pensiones por Invalidez son vitalicias en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento y son incompatibles con otro régimen no contributivo nacional, provincial o municipal, como así también con todo régimen previsional o de retiro.
El trámite es personal y gratuito, y pueden iniciarse todo el país en los Centros de Atención Local de la Comisión Nacional de Pensiones y en las Municipalidades que mantienen convenio con la Comisión Nacional de Pensiones. Mediante el convenio se le confieren las funciones de asesoramiento y realización de los trámites de inscripción, recepción de documentación correspondiente y realización de la encuesta.
Hasta el año 2003, el sistema funcionaba de forma restrictiva, ya que limitaba el otorgamiento de una nueva pensión, a la “baja” de otra, ya sea por fallecimiento o pérdida de la prestación. Luego del 2003 el sistema dejo de funcionar de forma restrictiva, produciéndose un importante aumento en el número de personas que obtuvieron este beneficio, esto coincidentemente con el discurso institucional a partir del cual se enuncia: “Por decisión del Poder Ejecutivo Nacional contamos con un presupuesto para el acceso de todos aquellos que reúnen las condiciones de acceso a este derecho, en el entendimiento que “los derechos no tienen techo”.7
Gráfico Nº 1

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de publicaciones institucionales

En el año 2006 se otorgaron 102.725 nuevas pensiones, de las cuales aumentaron en un 38 % los pensionados por vejez, 107 % los pensionados por invalidez y 161 % se incrementaron las pensiones para madres de 7 hijos; esto en relación al año anterior. En ese año las pensiones alcanzaron a unas 526.000 personas en todo el país con una inversión social de $2.353.500.0008.
Según los registros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en resumen en el año 2003 se registraban 176.000 Pensiones no Contributivas, para el año 2011 subieron en un orden de 6 veces hasta llegar en 2011 a 1.000.000 de pensionados9.
En el CAL tomado como unidad de estudio, se atienden alrededor 300 solicitudes por mes, de las cuales aproximadamente 80 % corresponde a las pensiones por discapacidad, 15% a las pensiones para Madres de siete hijos y 5 % a pensiones a la Vejez. Las personas que solicitan la prestación por discapacidad en general son mujeres con una edad promedio de 35 años de edad10. Los trámites que se inician tienen un tiempo promedio de ocho a nueve meses de resolución y efectivización del pago por parte de la ANSeS.
El procedimiento por el cual una persona potencial destinataria del Programa de Pensiones no Contributivas realiza un trámite de esta índole involucra un primer momento de búsqueda de información y asesoramiento, a partir del acercamiento11 voluntario a los Centros de Atención Local o a las Municipalidades de las diferentes localidades de la provincia que cuentan con Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Luego, una vez que el demandante consigue reunir los papeles12 necesarios mediante los cuales se certifica su estado de salud, está en condiciones de regresar al CAL para solicitar allí el turno para la entrevista social con el Trabajador Social.
La instancia de entrevista consiste en la aplicación de un protocolo que se denomina “Encuesta Socioeconómica”13, y consiste en un formulario de encuesta estandarizado, elaborado por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para ser aplicado a las personas de todo el país que soliciten algún tipo de pensión asistencial14.
Para los trabajadores sociales que desempeñan funciones en el área, la entrevista que va dar lugar al informe socio económico de los demandantes del servicio, constituye una “radiografía de la persona”, que contempla los datos personales y familiares, luego las condiciones habitacionales de la familia, de trabajo, ingresos y salud. El estado de salud y el tipo de cobertura que poseen los solicitantes, constituyen los aspectos sobre los que mayor énfasis se coloca, esto de acuerdo al tipo de pensión.
Para los profesionales entrevistados, la recomendación profesional sobre si corresponde o no otorgar el beneficio, que debe incluirse en el informe socio económico, no constituye una decisión difícil de tomar. Por un lado, se amparan en las evidencias que les proporcionan los datos, en “los papeles” que les suministran los entrevistados y en ”aquello que ven” en las entrevistas “cara a cara” con las personas, tales como el aspecto, lugar de procedencia, situación económica, medios de vida de los que dispone en el momento, situación familiar, entre otros; ámbito en el cual cobran relevancia enunciados como “Si le ves muy sufrida”; “sabes que viven en la chacra donde no hay otra forma de vida, viven de la producción viven a cientos km del pueblo, tienen que caminar o sea no hay otra forma de vida”; “sabes que están en situación de vulnerabilidad”, “por su condición económica”, “sabes que esta separada y no tiene trabajo”. Al momento de tener que definir a quienes corresponde el derecho a ser asistido interesante resulta observar el cruce entre las retoricas de la compasión15 y de la desconfianza que se ponen en juego en el acto de interpretación. En efecto existe una compresión sobre el estado de necesidad de las personas de contar con un ingreso fijo aunque sea mínimo, más allá del encuadre establecido en los criterios de elegibilidad, y por otro, la sospecha del engaño, de la mentira, que instalan la figura del pobre no merecedor.
Pero por otra parte, la recomendación profesional que debe incluirse en el informe socioeconómico bajo el rubro “diagnóstico del caso” y “opinión del profesional”, no es considerada como vinculante con el otorgamiento del beneficio por los trabajadores sociales. La responsabilidad por la asignación de las pensiones es asignada a otras instancias que los trascienden desde lo profesional y desde lo jurisdiccional local.
El trabajador social en su quehacer parece apropiarse y legitimarse en el discurso instituido en la semiósfera institucional que establece un contrato fiduciario que remite a las matrices de la “inclusión total”, al “derecho sin techo”, en el marco del cual deja de tener importancia en la recomendación de asignar el beneficio, el hecho de reunir los requisitos establecidos como condición de elegibilidad de los distintos tipos de pensión, como bien lo ilustra una de las entrevistadas: “(…) creo que ahora se abrió la posibilidad que todos puedan iniciar, que tienen derecho a iniciar el tramite y no limitar, que para eso están los evaluadores que después le dirán sí o no, o corresponde no corresponde” (…)” (EP1)
Esta modificación en el contrato fiduciario también es leída por los demandantes del beneficio (“nunca creí que me iba a tocar”). En efecto los trabajadores sociales entrevistados registran un cambio en la composición de la demanda, que hace unos años atrás se configuraba mayormente por discapacitados; en la actualidad paso a constituirse por población adulta, mayor de 40 años fuera del mercado laboral, sin ingresos y sin cobertura médica, entre otras cosas.
A partir del análisis de los documentos institucionales, así como de los discursos de los trabajadores sociales se percibe en la semiósfera institucional una resignificación del sentido de término discapacidad, que en términos prácticos implica cobertura de enfermedades que no necesariamente son consideradas por las convenciones como discapacidades.
Esta modificación de sentido tiene fuertes implicancias en la modificación del perfil del demandante, que pasó de población afectada por algún tipo de discapacidad física o mental, a constituir población adulta, mayor de 40 años, fuera del mercado formal de trabajo, sin cobertura médica, fundamentalmente sin ingresos fijos y con algún tipo de dolencia como lumbago, hipertensión, obesidad, entre otras cosas; población que es incluida en el sistema de pensiones como discapacitada. Este cambio en el significado y en el perfil del usuario impacta directamente en las estadísticas institucionales que indican que la mayoría de las pensiones otorgadas son por invalidez, que a diferencia de las pensiones de madres de siete hijos o por vejez, permiten admitir una diversidad de situaciones encuadradas como discapacidad.
Los trabajadores sociales entrevistados reconocen que si bien la falta de oportunidades laborales en las localidades donde residen los demandantes, el sacrificio que implica la realización del trabajo rural, las distancias en que residen en relación a los centros urbanos, la necesidad de contar con un ingreso estable que garantice la sobrevivencia, no constituyen razones fundandantes para la pensión por discapacidad, pero en muchas oportunidades se los considera. Los casos que se resuelven negativamente son los menos, y se relacionan a situaciones en que las personas no se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
La política de pensiones es percibida por los profesionales de forma positiva ya que a través de la transferencia de ingresos, los sectores de población beneficiados estarían cubriendo algunas necesidades y también estarían atendiendo a la reactivación de las economías locales vía “consumo”; sin embargo advierten como problema a corto y largo plazo contar con amplios sectores de la población asistida, “pensionada”. En ese sentido ponen de manifiesto la necesidad de introducir modificaciones en el sistema.
Los demandantes de pensiones16
Las entrevistadas fueron mujeres de entre 44 y 62 años beneficiarias de la política de pensiones por discapacidad, que residen en barrios localizados en los suburbios de la ciudad, ya sea de relocalizados, o en asentamientos precarios; en función de lo cual varia el tipo de vivienda que poseen, así como el acceso a los servicios y la situación en relación a la tenencia. Las viviendas para relocalizados son de mampostería y cuentan con servicio de electricidad, agua de red, baño instalado, a diferencia de aquellas localizadas en asentamientos.
Se trata de hogares integrados de forma diversa (familias extensas, nucleares, otras compuestas por madre e hijos solteros, hijos casados, nietos y criados).
El nivel de escolarización de los entrevistados en general es bajo, se trata de mujeres que con muchas dificultades y en diferentes momentos del ciclo vital han conseguido completar la escuela primaria, realizando en algunos casos cursos profesionalizantes como ser peluquería o corte y confección. Sus trayectorias educativas en general fueron interrumpidas por cuestiones de salud o por su temprana incorporación al mercado de trabajo. En sus relatos dan cuenta de que si bien sus hijos han transitado algunos años por la escuela secundaria, de cierta forma reproducen estas trayectorias que los dejan fuera del sistema educativo, para iniciarse en el mundo del trabajo precario, como empleadas del servicio doméstico, o como empleados de comercio. La acreditación de años de educación secundaria es vinculada por los entrevistados a mejores posibilidades de inserción laboral17.
A diferencia de los entrevistados, que cuando se emplearon debieron hacerlo en carácter de empleadas del servicio doméstico, percibiendo bajos salarios, sin posibilidades de contar con aportes18 y beneficios de la seguridad social, en general sus hijos logran colocaciones en los sectores servicios o comercio, los cuales a pesar de las condiciones de empelo son percibidos como “muy buenos trabajos”.
Los grupos de convivencia combinan diferentes situaciones entre ellas: familias extensas, nucleares, monoparentales, etc. La composición de los hogares constituye una estrategia de supervivencia muy importante en este sector de población. La convivencia de padres, madres, hijos, tíos, primos o nietos, bajo un mismo techo o en el mismo terrero pero en diferentes viviendas les permite un mayor ingreso per cápita y compartir los gastos que demanda la alimentación y el pago de servicios básicos (electricidad, gas y agua).
En un contexto19 de carencia de ingresos en que las familias deben articular diferentes estrategias para la sobrevivencia para poder hacer frente a las necesidades de la vida, el acceso a pensiones, becas o cualquier otro beneficio que se pueda obtener constituyen piezas claves del tablero. Las pensiones por invalidez, si bien no ascienden a montos considerables de dinero, constituyen una “ayuda” importante en la provisión de ingresos de los hogares.
Los problemas de salud que acreditan para poder acceder a los beneficios de la pensión por discapacidad están estrechamente vinculados a sus condiciones de vida en la pobreza que nos les permitió en la infancia y no les permite ahora en la vida adulta acceso a la educación20, a alimentación adecuada y a los servicios de salud.
La realización de aportes a la seguridad social, no constituyó una condición exigible y determinante a la hora de aceptar condiciones de trabajo precarias cuando jóvenes y mientras el cuerpo respondía a las condiciones precarias de empleo y las exigencias de las jornadas laborales. La necesidad de contar con una pensión se hizo presente en la vida de los beneficiarios, cuando de adultos se dieron cuenta que no disponían de su cuerpo para emplearse, de la misma forma y en las mismas condiciones que cuando eran jóvenes.
Los beneficiarios de pensiones reconocen el componente político en la gestión y asignación de los beneficios de pensiones, de hecho la información sobre la posibilidad de acceso al beneficio para muchos apareció en el momento de la campaña electoral de mano de candidatos que aspiraban a algún cargo político o de mano de las promotoras de salud quienes fueron capacitadas para detectar los casos de potenciales beneficiarios. Un papel importante en la gestión también lo juegan las redes de relaciones que poseen los entrevistados, médicos, asistentes sociales, conocidos.
La imagen del usuario sobre el trabajador social aparece encarnado en el rol de la mujer, y caracterizada con los adjetivos de facilitadora, buena, amable, con dones innatos, amorosa. “Es muy importante lo que hacen, son personas que nacen para eso y lo hacen con tanta amabilidad”; “Al menos en lo que hacen tratan bien a la gente y tienen un trato diferente porque nacen para eso”; “no sé son distintos, porque hay que nacer para eso”.
Asimismo el trabajador social es asociado a la instancia de realización de la entrevista para la confección del informe socio económico, instancia que es valorada por los beneficiarios como absolutamente necesaria, en tanto espacio de control. Si bien la entrevista es percibida como espacio de control, no le atribuyen al trabajador social el poder de asignarles la pensión. Este poder es atribuido a los estamentos políticos, funcionarios del gobierno nacional.
La pensión es percibida como un ingreso muy importante en función de la regularidad, extensión en el tiempo y posibilidad de acceso a crédito en redes de electrodomésticos; como un sueldo que complementa los ingresos de los otros miembros del hogar; es comparativamente superior al que recibían como remuneración cuando se desempeñaban en el servicio doméstico y que una vez obtenido es para toda la vida. El dinero ingresado al hogar en carácter de pensión es canalizado al pago de servicios, la compra de alimentos, indumentaria, electrodomésticos y muebles.
Si bien el slogan publicitario del programa de pensiones lo coloca como un derecho, los favorecidos no la perciben de igual modo, la pensión es vista como un beneficio que no imaginaban poder lograr, lo conciben como “una ayuda de dios”.
Existe una representación positiva respecto de las políticas sociales en general, los beneficiarios perciben el contexto como un momento en que se presentan variadas posibilidades de ayuda y de accesos que por sus propios medios no los podrían lograr como el acceso a las netbook, o a un ingreso mediante la asignación universal por hijo, a través de las becas o del Plan Mamá.
Algunas conclusiones observadas a partir de los datos

Consideramos al trabajador social como un profesional, especialista de la intervención sobre lo social, que actúa en el ámbito de las políticas sociales mediante un escenario institucional, interviniendo en el circuito de la asignación de recursos, instancia en la cual pone en juego la interpretación y por lo tanto hace su aparición lo ideológico, aspecto de la intervención profesional muchas veces soslayado. En sus en sus prácticas comunicativas con otros agentes articula y produce discursos en los cuales se evidencian las huellas de las diversas interacciones que desarrolla como parte de su ejercicio profesional en el ámbito institucional.
En ese sentido el análisis de las entrevistas realizadas a los profesionales del área, así como de informes socio económicos que estos producen como uno de los requisitos necesarios por los cuales deben atravesar los solicitantes de pensiones, nos permite identificar rasgos temáticos, compositivos y estilísticos propios del trabajo social. Entre esos rasgos observamos la forma en que se construye el sí mismo como profesional; la construcción del otro como demandante de la política social; la justificación de la intervención como una opción a favor del “pobre”.
Hipotetizamos que estos rasgos particulares y extendidos en el universo analizado tienen estrecha vinculación con los procesos de formación profesional que ocurre en las aulas de la universidad y que orienta los modos de intervención, las situaciones típicas sobre las que se debe intervenir, las funciones y roles a asumir como profesionales.
El trabajador social es construido como un abnegado solucionador de problemas, que ayuda a mejorar la vida de la gente, facilitador, asesor y proveedor de herramientas de procesos de inclusión a políticas sociales, protector del demandante ante la mala fe de otros; pero a su vez con una fuerte marca discursiva a partir de la cual se coloca sin poder de decisión, a partir del cual el parecer profesional aparece como un aspecto más y de carácter técnico que debe ser completado en este proceso y por lo tanto, considerando no vinculante con el otorgamiento del beneficio, pero que a su vez es concebido como un “derecho de toda persona”.
El destinatario aparece en el discurso de los profesionales como población en situación de “vulnerabilidad social”, desprovisto de recursos económicos para hacer frente a las necesidades cotidianas, así como de elementos que lo ayuden a comprender, resolver y gestionar de forma eficiente y expeditiva el beneficio de las pensiones, esto además de ser el actor que padece la asimetría de poder.
Al momento de emitir el parecer respecto de si corresponde o no la asignación de la asistencia, se pone en juego la construcción que del trabajador social, como profesional que debe jugar a favor de la gente (el pobre merecedor), así como la estereotipia que se construye del sujeto de intervención. La construcción de la intervención como una opción a favor de la gente, estereotipando a “la gente” como “el pobre”, “analfabeto”, “sufrido”, “sin recursos”, “sin profesión”, “sin trabajo”, “inserto precariamente en el mundo del trabajo”, “sin ingresos”, ”integrante de familia numerosa”) no posibilita pensar la intervención en otras instancias que trasciendan la posición del trabajador social como ejecutor terminal de la política social y fuera de esa relación de protección, en la cual opera la retórica de la compasión.
Esta situación esta acompañada y reforzada por la semiósfera institucional en la cual circula un discurso que establece un nuevo contrato fiduciario, a partir del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en contraposición al discurso de la década de los 90. Aparece en el escenario institucional el discurso de la “inclusión total”, en el caso de las pensiones, plasmado en el slogan publicitario “el derecho no tiene techo”, “donde hay una necesidad hay un derecho”, instalando el sentido de la incondicionalidad del acceso, independientemente de los requisitos establecidos como condición de elegibilidad de los programas; esta modificación en el contrato fiduciario también es leída por los demandantes del beneficio que recurren a solicitar el beneficio.
Para el caso de las pensiones, esto esta derivando en la recomendación de otorgamiento del beneficio a personas en situación de pobreza o desempleo, independientemente de que sean portadores o no de alguna discapacidad; aparece en escena un desplazamiento de sentido sobre el mismo concepto de discapacidad, al recomendarse la asignación de una pensión por discapacidad a personas con problemas de salud, sin ingresos, desempleados o empleados de forma precaria. Esta resignificación del sentido del concepto de discapacidad, que en términos prácticos implica cobertura de enfermedades que no necesariamente son consideradas por las convenciones como discapacidades; como señanlamos antes, tiene fuertes implicancias en la modificación del perfil del demandante, que pasó de población afectada por algún tipo de discapacidad física o mental, a constituir población adulta, mayor de 40 años, fuera del mercado formal de trabajo, sin cobertura médica, fundamentalmente sin ingresos fijos y con algún tipo de dolencia como lumbago, hipertensión, entre otras; población que es incluida en el sistema de pensiones como discapacitada. Este cambio en el significado y en el perfil del usuario impacta directamente en las estadísticas institucionales que indican un importante crecimiento de este tipo de beneficio en el último periodo.
En este contexto, la construcción del discapacitado constituye una estrategia para el acceso al beneficio y el beneficio de pensión por discapacidad el refugio o instancia de cobertura de los individuos en situación de infortunio social en relación al trabajo y ante la carencia de otros derechos que atiendan al individuo.
Por otra parte, una proporción de los trámites de pensiones se gestionan en las aéreas sociales de los diferentes municipios de la provincia, constituyendo las pensiones, en un insumo importante en la construcción de clientelas y de capital político de los dirigentes del partido en el gobierno, que aspiran a sostenerse o trascender a cargos de mayor jerarquía.
Los recursos otorgados mediante el programa de pensiones constituyen una parte importante de las economías de las localidades pequeñas, cuestión que es reconocida por los propios profesionales responsables del área, así como por las autoridades locales. Al respecto, algunos intendentes, fundamentalmente de localidades pequeñas, reconocen que el dinero que ingresa al pueblo mediante las pensiones otorgadas por el Ministerio de Desarrollo social, se canalizan en el pequeño comercio local vía consumo y representan un monto más importante que los recursos obtenidos por la coparticipación. Así, desde las intendencias se fomenta el otorgamiento de pensiones en la medida que además de contribuir en la constitución de capital político, constituye una herramienta importante para el desarrollo local.
Si bien entre los profesionales, usuarios y funcionarios, la política de pensiones es percibida de forma positiva, por los múltiples propósitos a los que sirve, en la medida que contribuye a la construcción de capital político, o porque a través de la transferencia de ingresos los sectores de población beneficiados estarían cubriendo algunas necesidades o porque se estarían atendiendo a la reactivación de las economías locales vía consumo, la canalización de la demanda de ingresos por parte de la población empobrecida vía pensiones por discapacidad, esta silenciando el problema de la pobreza y la indigencia como manifestación de la cuestión social hoy y negando la posibilidad de luchar desde otro lugar, en carácter de ciudadano, por el derecho a la cobertura de mínimos básicos sin la necesidad de ser estigmatizado como discapacitado y sin propiciar la creación de una subjetividad de la población asistida.

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Políticas Sociales del Bicentenario. Un modelo Nacional y Popular. Tomo I. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 2011
www.desarrollosocial.gov.ar