« Ver Todas « Perspectivas # 6

El lugar de las familias en las políticas asistenciales del Estado

Mgister Nelly Nucci, Lic. Sabrina Bermúdez, Lic. Rossana Crosetto, Lic. Ana Miani, Lic. Eduardo Ortolanis, Lic. Alicia Soldevila Descargar PDF

Resumen
El presente trabajo se desprende del estudio cualitativo “Políticas Sociales y Familia: La familia como objeto de las políticas asistenciales”, desarrollado en el año 2004 dando inicio a una línea de investigación. Nuestras producciones sobre las estrategias de reproducción social de familias/ unidades domésticas de sectores mayoritariamente pobres de la ciudad de Córdoba,1 nos han conducido progresivamente al campo de problemáticas relacionadas al bienestar de las familias y asistencia de sus miembros, y por tanto del conjunto social.
La relación entre las políticas sociales y las familias contiene numerosas aristas que giran en torno a las familias como objeto de políticas o a la incidencia de estas últimas sobre las familias en los planos económico, social y cultural, entre otras, enfocaremos nuestra mirada sobre la/s noción/es de familia sostenidas en las políticas asistenciales.El Universo ha estado compuesto por planes y programas asistenciales de empleo y alimentarios nacionales, provincial y municipal, entre los años 2002- 2004.

Introducción:

Las reflexiones y lecturas conceptuales presentes en este trabajo toman como insumo los resultados del estudio “Políticas Sociales y Familia: La Familia como Objeto de las Políticas Asistenciales2” llevada adelante en el año 2004 por un equipo de investigación conformado por docentes e investigadoras de la Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba. Dicho trabajo es parte de una línea de estudio fundada en nuestro interés como equipo docente y de investigación en profundizar algunas cuestiones de orden teórico metodológico pertenecientes al campo de intervención del trabajo social con familias. Hace varios años abrimos una línea de indagación sobre la temática que redundó en importantes contribuciones en la transmisión de conocimiento. Los mismos fueron desarrollados fundamentalmente a través de diseños cualitativos3 que nos posibilitaron la exploración de las variables que intervienen en los procesos de conformación y satisfacción de necesidades y acceso a recursos, así como las estrategias de reproducción cotidiana que se generan por los intentos de las familias para mantener o incrementar su posición económica y social. Todos estos estudios han puesto la mirada fundamentalmente en los procesos y mecanismos elaborados en el espacio social familiar en pos de su reproducción social planteándonos la necesidad de incorporar un actor fundamental que impacta e incide en estos procesos que es el estado a través de sus políticas sociales.
Compartiremos algunos de los hallazgos encontrados en la investigación que nos han permitido constatar que las familias son objeto de estudio de las políticas sociales y particularmente aquellas a las que van destinadas las políticas asistenciales.

Reseña Metodológica

Antes de adentrarnos al desarrollo del presente trabajo resulta necesario precisar que se puso en práctica un diseño cualitativo que tuvo como propósito indagar las nociones explícitas e implícitas de familia existentes en las políticas sociales, particularmente las asistenciales de empleo y alimentarias desde el año 2002 hasta el año 2004. El recorte del tema nos permitió realizar un análisis de los planes y programas a nivel nacional, provincial y municipal (Córdoba) mencionados; de aquellas dimensiones que permiten valorar su vinculación a la familia y a las funciones de las que ella resulta ser “responsable” en el actual contexto. Nuestra búsqueda se orienta a aquellas nociones de familia que se expresan en forma explícita o implícita en los documentos donde estos planes y programas son formulados, léase decretos, resoluciones, formularios – entre otros – que enuncian en sus considerandos y articulados los fundamentos y demás elementos que caracterizan a cada uno de ellos. Una ves que se tuvo estos materiales se procedió al estudio de los documentos y la elaboración de una síntesis descriptiva de cada uno en base a la matriz que luego permitió efectuar el análisis final.
Cabe señalar que dada la inexistencia de una política social dirigida expresamente a la familia, se han tomado programas que mencionan como destinatarios a “familias”, a “personas individuales” – en algunos casos identificadas por su pertenencia a una familia (como el caso del Plan Nacional de Jefes /Jefas de Hogar) y otros en los que sin especificarlo (como los programas de empleo de nivel provincial), refieren indirectamente a funciones relacionadas con la vida familiar.
La selección de casos a estudiar se realizó combinando dos criterios centrales:
Jurisdicción desde la que se formula: nacional, provincial y municipal.
Ámbito de aplicación: aquellos programas y/o planes que se implementan en la ciudad de Córdoba.
A pesar que nuestra selección en cuanto al sector de políticas sociales se ha concentrado en las políticas alimentarias y de empleo4, se agrega el Programa Nacional Familias por la Inclusión Social, por tratarse del único que enuncia específicamente a la familia como destinataria.
Los casos seleccionados han sido:
1. Alimentarios Nacional : Plan de Seguridad Alimentaria “El Hambre más urgente” y Programa Prohuerta y Alimentarios Municipal: Programa de Fortalecimiento Alimentario y Desarrollo Comunitario “ Vale lo Nuestro”- Sub Programa de Atención Focalizada5.
2. De empleo Nacional “Plan Manos a la Obra” y Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados” y De Empleo Provincial: “Programa Volver al Trabajo” y “Programa Primer Paso”.
3. Programa Familias por la Inclusión Social (nacional).
3. Programa Familias por la Inclusión Social (nacional).

El lugar de las familias en las políticas asistenciales del Estado

Del análisis efectuado a los documentos de los planes y programas provenientes de las políticas asistenciales de empleo y alimentarias a nivel nacional, provincial y municipal ( período 2002-2004) puede señalarse que en los textos subyace una mirada y un lugar especifico asignado a las familias y/o miembros particulares destinatarias de los mismos. A estas familias y/o miembros se las define de manera explicita o implícita en términos de “co responsables” o “responsables principales” del sostenimiento de las políticas asistenciales reforzando de esta manera las sobrecargas y señalan un corrimiento del estado del papel de garante al de “apoyo” transitorio.
La población focalizada en estas políticas sociales asistenciales son individuos, familias, sectores sociales pertenecientes a lo que se denomina población con Necesidades Básicas Insatisfechas, Bajo la Línea de la Pobreza, Vulnerables, en riesgo, con una posición particular en el espacio social familiar: mujer jefa de familia6, adolescente madre, entre otras y/o con la presencia de situaciones o problemas sociales derivados de su trayectoria y posición social.
Este lugar ocupado en la estructura social la delimita como potencial destinataria de la asistencia por entenderse que de su posición se derivan los obstáculos de orden material y no material que dificultan su reproducción social. Ante esto el estado define su acción en términos de “compensación” del daño o dificultad a través de la asistencia focalizada por suponer que estos grupos poblacionales poseen una estructura de recursos económicos, sociales y culturales insuficientes para revertir por sus propios medios ésta situación. La lectura presenta a los destinatarios por un lado como carentes de recursos y por el otro como co participes y co responsables del sostenimiento de los programas. Es desde esta lectura que se destacan dos aspectos generales a los programas que refieren a los supuestos que detentan y demandas que se derivan de los mismos en torno al lugar y papel de estos individuos, familias o grupos poblacionales:
1.- que en la mayoría de los planes y programas estudiados, los sujetos destinatarios aún perteneciendo a familias pobres, vulnerables y/o de riesgo, cuentan con capitales culturales y sociales o potencialidades para adquirirlos, que los posicionan como “contraprestadores” ¿o protagonistas? Comunitarios /locales.

2.- que las familias en su comunidad de residencia se responsabilicen individualmente de sus problemas de empleo y alimentarios y por ende, en tanto merecedoras de la prestación estatal, deben cumplimentar contraprestaciones que den cuenta de este “hacerse cargo” de sus integrantes tales como concurrencia a controles de salud, permanencia en la escuela, participación y organización en espacios locales comunitarios, sólo por citar algunos ejemplos, de tales contraprestaciones.

En definitiva, las familias deben aprender a autogestionarse, a “auto-responsabilizarse” de sus integrantes, de lo que puede deducirse que subyace la normativa liberal que pone el acento en la individuación y la familiarización. Siguiendo a Esping Andersen7 (1993), un régimen de bienestar es más o menos “familiarista” si en la distribución de cargas entre el Estado, el mercado (especialmente, el laboral) y la familia, se tiende a depositar la mayor responsabilidad de las tareas de reproducción social en esta última. En este sentido, cabe destacar que la tipología elaborada por este autor, refiere al conjunto de las políticas estatales, que como venimos observando no están contenidas en nuestra investigación. No obstante, consideramos que dado el peso que han adquirido las políticas asistenciales8 en nuestro país – de las cuales nuestra muestra toma precisamente aquellas más representativas en la actualidad – estaríamos en condiciones de afirmar que en la distribución de cargas entre las tres instituciones mencionadas, la familia sigue siendo la mayor depositaria del bienestar de los miembros de la nación, lo que se ve reflejado en los planes y programas considerados.
Los criterios planteados por estas políticas ponen de relieve la función reproductora de la familia unidad doméstica en las dimensiones biológica, social y cultural (Edholm, Harris y Young9, 1977), al responsabilizar a las familias del cuidado de aquellos miembros considerados socialmente no productivos como niños/as, discapacitados y adultos/as mayores, así como de la educación de los primeros.
Al respecto Grassi (1996), manifiesta que las políticas sociales cuyos destinatarios tienen a la familia como objeto de planes y programas “de manera explícita en algunos casos o como ´el código oculto´, las más de las veces,” incluyen “supuestos” referido al tipo de unidad que conforman o deberían conformar y acerca de las funciones, obligaciones y distribución de responsabilidades en el interior de tal unidad, en tanto “ las acciones centradas en los ámbitos familiar y comunitario se apoyan en el respeto de las particularidades y costumbres de cada región del país al igual que los espacios comunitarios ya constituidos o en constitución10”.
De Martino11 (2001) menciona las diferencias entre las políticas dirigidas a la familia en el marco del modelo bienestarista o del modelo neoliberal. Al respecto plantea que el fortalecimiento de la familia nuclear en tanto unidad privada y autónoma fue creada y reconstituida por el Estado Moderno tanto en sus orígenes decimonónicos como en su fase de bienestar. “En ambas situaciones el Estado alimentó el individualismo y autonomía familiar en términos privados.” En el modelo de bienestar, este fortalecimiento vino mediado por un mayor énfasis en los derechos individuales mas que familiares o grupales, o por las diversas prestaciones y servicios que llegan a la familia a través del papel de sus integrantes en tanto actores económicos o sociales (asignaciones familiares, servicios de salud, etc.). En el actual modelo, reforzando la idea de familia “refugio”. En definitiva, los distintos regímenes bienestaristas conocidos hasta la actualidad en los países capitalistas centrales y periféricos, se han valido de la institución familiar tradicional –patriarcal – de una u otra manera.
La relación que establecen los planes y programas con quienes se incluyen en él, expresa muy explícitamente una atribución de responsabilidades a los miembros adultos respecto de la crianza de los niños, salud y educación de sus miembros, siempre en el ámbito de las familias o los hogares, lo que indica apelación a las solidaridades entre miembros de un mismo núcleo familiar (de padres a hijos, a abuelos, entre cónyuges). Ello se desprende con más claridad de las condiciones establecidas para la inclusión en los mismos. Recordamos aquí, sólo algunas de las mencionadas en nuestro análisis detallado: en el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el criterio de inclusión al programa es la presencia de hijos, y la obligación de que asistan a la escuela; por su parte, en El Hambre más Urgente, lo es la presencia de algún miembro en situación de mayor vulnerabilidad, y el programa Vale lo Nuestro (que se desprende del anterior) establece un amplio espectro de posibles miembros en situación vulnerable, tales como mujeres jefas de hogar o con hijos a cargo, hogares con personas a cargo, entre otros. Inferimos que ello opera por un lado, como reconocimiento de las condiciones reales de las familias pobres o empobrecidas, pero por otro, reafirma las funciones existentes para las familias, sin cuestionar si todas ellas deben estar a cargo de los hogares, o si éstos precisan algo más que un apoyo por parte de las instituciones estatales.
Al no realizar especificaciones, pareciera asignar por igual a varones y mujeres responsabilidades tales como el control de salud y concurrencia escolar, tendiendo a reforzar la dependencia de los individuos en la familia a partir de las reciprocidades familiares o conyugales, aunque por investigaciones anteriores podemos afirmar que existe al interior de las familias-unidades domésticas una clara diferenciación sexual, generacional y de parentesco en el trabajo familiar.
En la formulación de los planes y programas ligados al empleo no existen referencias al sexo/género; en este caso podría interpretarse que la ausencia de direccionalidad a un miembro de la familia en particular, impulsa una visión democrática de la distribución del trabajo al interior de la unidad doméstica, dejando librado a que cualquiera tenga la iniciativa de presentar un proyecto familiar o asociarse a otras personas; sin embargo, resulta más factible suponer que la ausencia de menciones explícitas refuerza los patrones tradicionales de familia: aquello que no se nombra, remite a nociones y prácticas “naturalizadas”. Al respecto ya existen críticas a estos planes por parte de grupos feministas, en cuanto a la falta de inclusión de la perspectiva de género en estas políticas. Así por ejemplo, en el informe de las ONG´s argentinas para Beijing MAS 10 (2004) se destaca que si bien el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados significó un avance en el sentido de una política de carácter universal y se privilegió la inscripción de mujeres, no se trata de una acción positiva de género. Más bien, se reproducen las prácticas tradicionales de asistencia que utilizan a las mujeres para el cuidado de la salud y la educación de los hijos/as y entre otros problemas, no distingue entre familias según su cantidad de hijos/as, y por lo tanto, discrimina en forma negativa a aquellos hogares con mayor número de hijos/as. Como ya señaláramos anteriormente, este último problema también es consignado en un informe del CELS con el que manifestamos coincidencia. Por su parte, en un reporte de la Red Argentina de Monitoreo de Políticas de Género año 2004, se sugiere la incorporación de la perspectiva de género a las políticas sociales paliativas, observando que no es una ventaja que la mayoría de las beneficiarias del Plan Jefes y Jefas de Hogar (67%) sean mujeres, dado que es la decisión de la mayoría de las familias asignarles a ellas el rol de “ingreso secundario”, reproduciendo su condición de dependencia, transfiriendo ésta del “ varón proveedor” al “Estado proveedor” y resignando su posibilidad de búsqueda de un salario en el mercado formal.
En tanto, en los programas alimentarios se evidencia cierta distinción que entendemos se basa en la mayor conexión de estas actividades con el trabajo doméstico y de consumo al interior del ámbito doméstico. Si bien en aquellos estudiados, como El Hambre más Urgente o el Programa Pro-Huerta, no se realizan asignaciones de género a la responsabilidad de obtener insumos y preparar los alimentos, del análisis de cartillas provenientes del último programa mencionado, se infiere una distribución de roles en torno a esta actividad doméstica, en la que se reitera la tradicional asignación de cocinar a las mujeres/madres.
En general, en la formulación de estos planes y programas, se eluden las menciones explícitas de distribución de roles de sexo/género, generación y parentales. Como ya expresáramos anteriormente, ello podría interpretarse como una manera de evitar inmiscuirse en los diferentes tipos de arreglos familiares existentes, incluidos aquellos en que la pareja conyugal no es heterosexual, sino conformada por gays, lesbianas, transexuales. Pero este tipo de “no intervención” no es tal, puesto que como lo plantean varios autores, el Estado siempre interviene a través de sus políticas, y en este caso lo hace paliando situaciones de vulnerabilidad económica, pero en tanto las mismas van dirigidas a las familias y portan determinados requisitos para que sus miembros sean incluidos, llevan consigo “códigos ocultos” respecto a la distribución de roles de género, generación y relaciones de parentesco, que generalmente son asignados de manera inequitativa al interior de la unidad doméstica.
Los planes y programas estudiados dan la existencia de las familias y la función de sostén de sus miembros como dados, ya que como hemos venido sosteniendo a lo largo de este análisis, por un lado se dirigen de manera elíptica a las familias o a los hogares y por el otro requieren la demostración de sostenimiento de hijos o de alguna otra persona en condición de vulnerabilidad. Si bien resulta dificultoso capturar la complejidad de arreglos familiares existentes, también es cierto que las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) realizadas por organismos oficiales como el INDEC, así como otros estudios, dan cuenta de las modificaciones que se van produciendo en las unidades domésticas/hogares. Es decir, aparece como paradójico que desde el mismo Estado – en este caso su jurisdicción nacional – se estudie con continuidad la situación de los hogares, pero no se retomen los datos resultantes para proponer políticas acordes con la nueva situación de los hogares y familias.
Por otro lado y como ya se viene constatando a través de numerosos estudios – incluidas nuestras investigaciones previas – hogares y familias no siempre coinciden. Como expresa Giri12 (2003), el hogar como unidad de medición estadística, retoma dos variables presentes en el origen etimológico del término, cuales son el compartir un presupuesto alimentario (el fuego, la olla común) y la cohabitación. Habitualmente estas dos variables permiten detectar un hogar, donde se identifica a la persona que es reconocida por sus integrantes como jefe o jefa de hogar,13 y en torno a esa persona se exploran las relaciones de parentesco, para de esa forma distinguir a la/s familias que conforman ese hogar.
Pero como señala la misma autora, los cambios producidos por la crisis estructural, así como factores históricos, complejizan las categorías que definen los hogares. De esta manera, no todos los miembros que cohabitan son familiares, ni todos los familiares colaboran al sostenimiento de los integrantes de su hogar. Actualmente es común el caso de padres que aún no viviendo con sus hijos, cooperan con el sostenimiento económico de los mismos, o de hijos que emigran pero igualmente aportan a sus familias de origen. Estas variaciones permanentes, obligan a “recrear” clasificaciones de hogares y familias que abarquen la diversidad. Así a las acuñadas desde hace unos diez años a la actualidad, tales como hogares unipersonales o multipersonales, familias nucleares biparentales y monoparentales, familias ensambladas o reconstituídas, familias ampliadas o extensas, se ha agregado a estas últimas, la de “familias secundarias”, que son aquellas que se agregan / allegan a un hogar en que ya existe otro núcleo familiar (hijos/as con su propia descendencia que retornan al hogar paterno-materno, u otros parientes o no parientes que se “allegan”, por haber perdido su propia vivienda, empleo, etc., en el marco de la crisis).
Con todo lo anteriormente expuesto queremos expresar en definitiva, que existen tipologías que intentan aplicar las modificaciones producidas tanto en los hogares como en las familias y que incluso dependencias estatales como el INDEC 14(2003) van reformulando sus variables e indicadores de recolección de datos apelando a los avances realizados en el campo académico, mismas que podrían servir de base para direccionar las políticas “compensatorias” de manera más inclusiva de las diversas situaciones por las que atraviesan las familias, particularmente aquellas clasificadas por los mismos organismos oficiales en “situación de vulnerabilidad social, situadas bajo la denominada ´línea de pobreza´, donde quedaron comprendidas situaciones de pobreza estructural, así como sectores pauperizados por caída de sus ingresos o por desocupación” (Memoria detallada del Estado de la Nación 2003-Ministerio de Desarrollo Social).

Interpretamos que la mención a las familias expresada en los planes y programas investigados, está imbuida fuertemente por un modelo único o ideal de familia, asociado al “hogar conyugal” o “familia nuclear”, que oculta la multiplicidad de experiencias existentes. Paralelamente y como ya expresáramos, se las responsabiliza del mantenimiento de sus miembros, y sin embargo se “universalizan” las prestaciones, sin tomar en cuenta la cantidad de hijos, o personas a cargo, ya sea porque son discapacitados, desempleados, adultos mayores sin jubilación o pensión, entre otras situaciones. Nótese como ya dijéramos anteriormente, que si bien la existencia de algún integrante en estas condiciones, convierte a una familia en beneficiaria de algunos de estos planes, los montos son iguales independientemente de la cantidad de personas “vulnerables” con que cuenten. Observamos de esta manera, que en materia de políticas la definición de familia no es inocua, ya que porta modalidades de redistribución de los recursos del Estado y visiones de los roles de género y generación en las familias. Coincidimos con Giri cuando dice que “la consideración de la familia “nuclear” como tipo ideal representa un modelo de familia sustentado en el supuesto de que existe un conjunto de necesidades universales que son o deben ser cumplidas por las familias15.”
Cabe preguntarse de qué manera el Estado puede atender democráticamente la diversidad de situaciones familiares planteadas, particularmente complejas en situaciones de crisis o “post-ajuste” como las que atraviesa actualmente nuestro país. En materia de formulación e implementación de políticas es sabido que la fuerte impronta acarreada por el modelo neoliberal ha venido siendo de corte tecnocrático, esto es, en manos exclusivas de “especialistas” o “expertos”, supuestamente investidos de racionalidad y eficiencia, y alejados de la política, particularmente en el campo de las políticas dirigidas a combatir la pobreza.
En este sentido, una de las características del Plan Jefes y Jefas de Hogar, retomada para la implementación de los nuevos planes y programas sociales del actual gobierno nacional, es la de agregar a la acción de los técnicos de los ministerios, el establecimiento de mecanismos democráticos para garantizar la transparencia y ejecución del programa, corporizados en los Consejos Consultivos.16 Por ejemplo, el Plan Manos a la Obra establece una serie de mecanismos para la orientación, monitoreo y control de tipo horizontal y vertical (consejos consultivos locales, coordinaciones regionales, mesas de coordinación provincial de políticas sociales y otras unidades técnicas locales). También incluye una “Mesa de Coordinación Provincial de Políticas Sociales”, los “consejos consultivos locales de políticas sociales” y unidades técnicas locales. Actualmente el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ha extendido las funciones de estos consejos para el monitoreo de las políticas sociales, en un intento de transparentar los procesos de implementación de sus planes y programas, además de integrarlos. Por otro lado, está integrando a nivel ministerial un conjunto de áreas del gobierno nacional en la materia, como la Dirección Nacional de Juventud, la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, la Subsecretaría de la Tercera Edad, el Consejo Nacional de la Mujer y el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), así como el Sistema de Identificación y Selección de familias beneficiarias de programas sociales. (SISFAM), entre otros organismos.
Aunque por ejemplo existen críticas al desempeño de algunos consejos consultivos, queda por ver si la acción coordinada de toda esta estructura institucional, podría no solamente mejorar los mecanismos de control de la distribución de programas, sino también el debate de los criterios de inclusión de las familias, la calidad de los beneficios otorgados, el carácter de las contraprestaciones y el contenido y calidad de los apoyos técnicos tendientes a la capacitación, no solamente en pos del mejoramiento de la participación en los procesos productivos, sino de la participación ciudadana. Cabe destacar que al cierre de este informe, encontramos nuevas disposiciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, modificando por ejemplo, el Programa Familias por la Inclusión Social, que apunta a rectificar algunos de los aspectos que fueran objeto de crítica en el caso del Plan Jefes/Jefas de Hogar y que ya mencionáramos, tales como otorgar prestaciones económicas de acuerdo al número de hijos. No obstante y por razones obvias de tiempo, no nos ocuparemos de su análisis en el presente informe.
Cabe observar también que la importancia que cobra la organización social familiar en la formulación de los programas y planes sociales, seguramente guarda estrecha relación con la multiplicidad de los reclamos provenientes de actores sociales como los “piqueteros”, que tiene como base la definición política de necesidades que se presentan en las familias, dado que los mismos están organizados teniendo como base un mismo asentamiento territorial.17
Finalmente, nos parece importante recalcar que en las políticas familiares subyacen tomas de posición acerca de cómo se definen políticamente las familias y el papel que debe cumplir el Estado en relación a ellas ¿debe contribuir el Estado a que las familias sigan teniendo el rol central en la reproducción social, biológica, económica y por tanto, cotidiana de las familias? ¿o debe el Estado contribuir de manera positiva a liberar a las familias de estas cargas, a la vez teniendo en cuenta las diferencias entre las familias y la necesidad de considerar a las familias como unidades sociales que deben ser democratizadas? Desde hace más de veinte años distintas corrientes del feminismo vienen contribuyendo a este debate, solicitando tener en cuenta la perspectiva de género en la formulación e implementación de políticas, y abogando por una intervención positiva estatal que contribuya a la democratización de las relaciones en el seno de las familias/unidades domésticas. Coincidimos con estas posiciones, en tanto consideramos, como expresa Feijoó18 (2002), que no resulta simple pensar políticas integrales que articulen familia y género, en un contexto atravesado por múltiples tensiones.
Existen distintas dimensiones políticas vinculadas por un lado, con la relación entre familia y género, que se centra en las tensiones entre género, generación y otras variables, y por el otro en la articulación de las familias con la sociedad más amplia. La primera está ligada con el reconocimiento de la estrecha conexión entre la democracia política, en el espacio público y las relaciones democráticas en el interior de la familia. La segunda a dos movimientos tensionantes: por un lado, un movimiento centrípeto que aglutina las relaciones de sus integrantes y surge del hecho que cada vez más la familia debe resolver problemas que antes se resolvían en otros espacios, tales como las políticas públicas y el trabajo. Así la familia se ha vuelto cada vez más autoproductiva y generadora de aquello que ya no puede adquirir en el mercado de bienes y servicios. Por el otro, un movimiento centrífugo que de alguna manera es promovido por el anterior, que tiene que ver con la búsqueda de reconocimiento de derechos, los problemas, identidades y orientaciones de cada uno de los miembros de la familia, que tiene un alto potencial democratizador, siempre y cuando los conflictos internos del grupo familiar se resuelvan por consenso y debate.

A modo de cierre
Siguiendo a Flaquier podríamos sostener que los planes y programas analizados se encuadran en lo que el autor define como políticas familiares, en tanto conjunto de medidas públicas destinadas a aportar recursos a las personas con responsabilidades familiares, o a quienes se desempeñan en la atención de hijos menores dependientes19. Aunque hay que aclarar que este autor expresa que en esta definición de tipo restrictivo20 y de utilidad descriptiva, no se ocupa de los debates existentes en la materia, con lo que suponemos que se está refiriendo a las discusiones que tienen que ver con el grado y la calidad de la intervención que debe tener el Estado, que a su vez portan ideas sobre la familia.
Salvadas estas aclaraciones conceptuales y en el mismo sentido descriptivo en que lo hace este autor, creemos que las políticas analizadas en esta investigación responden a la definición anteriormente expuesta, puesto que de los enunciados respecto de sus objetivos, así como de sus destinatarios, se desprende que están proyectadas para aquellas personas o grupos con responsabilidades familiares (hijos menores, adultos mayores, discapacitados, desempleados a cargo). Sin embargo, es necesario también observar que estos programas y planes no se dirigen explícitamente a las familias, a excepción del Plan Nacional Familias por la Inclusión Social y el Plan Jefes y Jefas, último entre cuyos fundamentos se apela al derecho de las familias a la inclusión social.
En nuestro estudio la familia aparece como la destinataria final de los planes y programas, de lo que se deduce que se toma como principio el supuesto de que la organización familiar es la base de la sociedad y la principal sostenedora de los miembros de una sociedad, de los “ciudadanos de la nación”, es decir, es la organización fundamentalmente encargada de la reproducción cotidiana y social de sus miembros. Tal responsabilidad remite tanto a la reproducción de la fuerza de trabajo, ligada a los procesos productivos del mercado, como a los procesos reproductivos al interior del ámbito doméstico, relacionados al trabajo doméstico, de consumo y de relación.
Entretanto el Estado en sus diferentes niveles jurisdiccionales y en relación con la sociedad civil “colabora” ,“ acompaña”, “desarrolla y fomenta capacidades para…” el logro de las metas establecidas con la población definida como destinataria/ beneficiaria- en cuanto miembros de las familias u hogares. En general todos los planes y programas remiten al modelo unitario de formulación e implementación de políticas dirigidas a las familias, pues se considera a las unidades domésticas como si tuvieran una sola persona que toma las decisiones, ignorando las jerarquías internas de género, clase y generacionales.

Bibliografía

Ariño, M., 2002. “Nuevas conformaciones de los hogares argentinos: las jefaturas femeninas”, en Abán, G., et. al. Familia y género: aportes a una política social integral. Consejo Nacional de la Mujer, Argentina.

Arriagada, I., 1977, Políticas sociales, familia y trabajo en la América Latina de fin de siglo, CEPAL/Naciones Unidas, Santiago de Chile.

Arriagada I., 2000, “Las familias en América Latina: diagnóstico y políticas públicas”, en CEPAL, Panorama Social de América Latina 2000-2001, Santiago.

De Martino, M., 2001, “Políticas Sociales y Familia. Estado de Bienestar y neo-liberalismo familiarista.” FRONTERAS. Revista del Departamento de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República.

Dominguez, Soldevila et.al., 2004, Salud y Aborto en Argentina: de las propuestas a los hechos. Editorial Gráfica 21, Córdoba, Argentina.

Esping-Andersen, 1993, G. Los tres mundos del Estado del Bienestar, Edicions Alfons el Magnánim-IVEI, Valencia.

Esping-Andersen, G., 2000, Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Ariel, Barcelona.

Esteinou, 1996, R. Familias de sectores medios: perfiles organizativos y socioculturales. Ciesas, México.

Feijoó, M. C., 2002, “Familias y políticas públicas: relaciones y confluencias”, en Abán, G., et. al. Familia y género: aportes a una política social integral. Consejo Nacional de la Mujer, Argentina.

Flaquer, L. , 2000, Las políticas familiares en una perspectiva comparada. Colección Estudios Sociales Nº 3, Fundación “La Caixa”, Barcelona.

Geldstein, R., 2003, “Jefatura de hogar y nuevos roles femeninos”, en El Sostén de los Hogares. Trabajo, participación social y roles de género. Centro de Documentación de Políticas Sociales, documento 32, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Internet: Giri, B. “Hogares y familias”, en El Sostén de los Hogares. Trabajo, participación social y roles de género (citado).

Golbert, L., 2004, “¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”. CEPAL, documento 84, Serie Políticas Sociales..

Golbert, L., 1996, “Viejos y nuevos problemas de las políticas asistenciales”, Informe del CECE, Serie Estudios Nº 12, Buenos Aires.

González, C., 2003, “La relación familia-estado y la formación de ciudadanía” En: Aquín, N. (compiladora). Ensayos sobre ciudadanía. Reflexiones desde el Trabajo Social. Edit. Espacio, Bs. As..

González, C., 2004, “La familia ¿objeto o sujeto? Reflexiones acerca de la vinculación entre familia, pobreza y políticas sociales”, en Confluencias Nº 47, Revista del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba.

González, C., Nucci, N, Crosetto, R., Soldevila, A., Ortolanis, E., Bermúdez, S. y Miani. A., 2002-2003, “Estrategias de Reproducción Social en el Espacio Social Familiar”, informe final de investigación.

Grassi, E., 1996, “La familia: un objeto polémico”, en: Revista Sociedad Nº 9, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Grassi, E.; Hintze, S.; Neufeld, 1994, M. Políticas Sociales. Crisis y ajuste estructural, Espacio Editorial, Buenos Aires.
Grassi, E., 2003, Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal: la otra década infame (I) Espacio Editorial, Buenos Aires.

Informe de ONG´s argentinas para Beijing MAS 10, 2004.

Lubertino, M.J. , 2004, “Reporte de la Red Argentina de Monitoreo de Políticas de Género, ante el Comité de Discriminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres”.

Rapisardi, F., 2003, “Hogares y diversidades sexuales”, en El Sostén de los Hogares. Trabajo, participación social y roles de género. Centro de Documentación de Políticas Sociales, documento 32, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Internet:

Wainerman, C. (Comp.), 1995. Vivir en  Familia. UNICEF/Losada, Argentina.