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El Estado y la expansión de las agencias de seguridad privada en la Argentina en la década de los noventa

Martín MedinaDescargar PDF

Resumen
En este artículo se tratará de echar luz sobre la “privatización de hecho” de la seguridad en la República Argentina durante la década del noventa. Se analizará cómo el empresariado privado estableció las agencias privadas de seguridad, las leyes que regulan este sector y quiénes son los encargados de su cumplimiento, su disponibilidad de armamento y qué tipo de fines persiguen.
Se han visto involucrados los sectores altos en tendencias de concentración de las riquezas, tendiendo por ello a procurar los servicios de seguridad y vigilancia ofrecidos por las empresas privadas, proponiendo de esta manera cuestionamientos al tradicional monopolio estatal en la provisión de la seguridad pública.
El cuadro se vería incompleto si no se contempla la situación que atraviesan los estratos bajos y medios de la sociedad, caracterizados por una pauperización, fragmentación y desintegración social con niveles nunca antes alcanzados. Lo concreto es que esas formaciones o circuitos de poder que se han creados paralelos al Estado alientan la consecución de intereses sectoriales, que pueden estar encontrados con las demandas de la sociedad en general.

1. A manera de proemio
El objetivo que ha impulsado a realizar esta investigación es el estudio de la “privatización de hecho” de la seguridad en la República Argentina durante la década del noventa (1).
Se han visto involucrados los sectores altos en tendencias de concentración de las riquezas, tendiendo por ello a procurar los servicios de seguridad policial ofrecidos por las empresas privadas, proponiendo de esta manera cuestionamientos al tradicional monopolio estatal en la provisión de la seguridad pública. El cuadro se vería incompleto si no se contempla la situación que atraviesan los estratos bajos y medios de la sociedad, caracterizados por una pauperización, fragmentación y desintegración social con niveles nunca antes alcanzados.
Lo concreto es que esas formaciones o circuitos de poder que se han creado paralelos al Estado por parte de los sectores más beneficiados del sistema capitalista imperante alientan la consecución de intereses sectoriales, que pueden estar encontrados con las demandas de la sociedad en general.
Todo estudio incluido dentro de la esfera de las Ciencias Sociales debe comenzar ubicando el problema dentro de las coordenadas de tiempo y espacio. En el presente trabajo se tratará de analizar la temática de la seguridad privada en la República Argentina durante la década del noventa. Y se pondrá un especial énfasis en este ensayo en el papel que “decidió” o que le “tocó” desempeñar al Estado-Nacional en el contexto argentino.
El Estado-Nación es una construcción social, con una innumerable cantidad de conceptos asociados a sus características constitutivas, tales como poder, clases sociales, sistema de dominación, relaciones de producción, mercado, ciudadanía, derechos (sociales, políticos, humanos) entre otros tantos. “En un sentido ideal-abstracto concibo al Estado como una relación social, como la instancia política que articula un sistema de dominación social. Su manifestación material es un conjunto interdependiente de instituciones que conforman el aparato en el que se condensa el poder y los recursos de la dominación política” (2). Los distintos atributos de la estatidad son:

la externalización del poder: con su consecuente reconocimiento externo;
la institucionalización de la autoridad: monopolio legítimo de la violencia y la determinación de un orden institucional reconocido por todos los actores internos que tengan cuotas importantes de poder;
la diferenciación del control: a través del establecimiento de escuelas, correos, un ejército nacional, aduanas nacionales, un aparato burocrático cada vez más profesionalizado, y la generación de recursos fiscales;
internalización de la identidad colectiva: incorporación a la pertenencia, la creación de un sentimiento aglutinador, un “nosotros” frente al “ellos” externo.

En referencia al trabajo que se pretende desarrollar aquí, uno de los atributos de la estatidad más comprometido con la aparición de las agencias de seguridad privada es el de la institucionalización de la autoridad. Ya que el monopolio de la violencia física empieza a dejar de tener esa cualidad de exclusividad, para pasar a ser compartido con otros grupos del ámbito privado, en el cual priman las reglas del libre juego de la oferta y la demanda del mercado.
Y dentro de los recursos del poder (como la información, los bienes materiales, la ideología, la legitimidad), la coerción física se distribuye entre “selectos miembros” de la sociedad, que pueden “pagar” por su servicio privado de seguridad. Y en esta apremiante cuestión, el Estado-Nación sufre la pérdida de la capacidad de decisión autónoma que poseía anteriormente, proceso que continúa en desmedro general de su soberanía. También se debe tener en consideración el contexto en el cual se están produciendo estos cambios en los ámbitos estatales: “la generalización de la miseria, el hiper-desempleo y la retirada del Estado” (3).
Pero este tema puede ser analizado desde otro ángulo si nos centramos en las “propuestas” que provinieron del Consenso de Washington (4), ya que allí se estipulaba una transferencia de gran cantidad de prerrogativas que estaban dentro de la esfera estatal:

hacia el sector internacional: como las transferencias de responsabilidades hacia los organismos internacionales, con una merma en las decisiones autónomas;
hacia el sector privado: también se debieron empezar a compartir espacios de acción con el sector internacional (tal es el caso de las empresas multinacionales, con capitales de muy fácil desplazamiento en la búsqueda de ventajas comparativas que les ofrecen los países para decidirse en qué lugar instalarse y por cuánto tiempo) y nacional, con procesos de desregulación, privatización y terciarización de servicios;
hacia el sector público subnacional: tal fue el caso de la descentralización hacia las provincias y a los municipios en temáticas como salud, educación y construcción de viviendas.

2. Una cuestión acuciante: la seguridad en la Argentina
Entre las cuestiones que suscitan mayor atención social se encuentran las vinculadas a la seguridad personal, dentro de la cual podemos ubicar la temática de la que se ocupa el siguiente trabajo: las policías privadas.
El servicio de guardaespaldas, la custodia privada de caudales, bienes y edificios constituyen un fenómeno no tan reciente en nuestro país, pero se ha dado un exponencial crecimiento durante los últimos diez años aproximadamente, en un estadio del capitalismo corporativo caracterizado por una acelerada privatización de distintos servicios antes prestados por el Estado.
Gracias al principio de soberanía interior, se establece que es el Estado el que debe mantener el orden y la seguridad dentro de un territorio delimitado, lo anterior lo cumple gracias a un trinomio funcional: administración de justicia-sistema penitenciario-aparato policial, este último goza del monopolio más concreto de la violencia física y de la coerción, de acuerdo a la visión del penalista Martín Lozada. La aparición de las policías privadas plantea una crítica al accionar del trinomio antes mencionado, generando una novedad en lo referente a los recursos de control social.
Tomando en cuenta lo anterior, se puede sostener una idea directriz del presente escrito: el servicio de seguridad pública tradicional está experimentando un tipo de privatización de facto, lo cual trae aparejado que la población no tenga conocimientos sobre quiénes son los que componen estas agencias, cómo han sido constituidas, cuáles son sus fundamentos legales, qué tipo de fines persiguen y cómo influye el accionar de estos agentes adicionales a las tareas de prevención policial.
El título del presente trabajo fue extraído gracias a la lectura de un libro del politólogo noruego Jon Elster, en el cual se determinan las distintas características que componen a una institución, definida como un mecanismo que pone en vigencia reglas necesarias para evitar el desmoronamiento de una sociedad, esas pautas “nos protegen de las consecuencias destructivas de la pasión y del interés propio” (5).
Pero ¿son las agencias de seguridad privada una institución propiamente dicha que vela por los intereses de la sociedad toda? ¿O únicamente se preocupan en impedir que los intereses de aquellos que las contratan no se vean perjudicados o sustraídos por los otros sectores de una sociedad cada vez más polarizada y pauperizada?
¿Podría sostenerse que esta forma de control social es incluida dentro del conjunto de los “bienes exclusivos” que están cada vez más alejados de ser “obtenidos” por la mayoría de la sociedad, y que sólo pueden ser “adquiridos” por sectores minoritarios caracterizados por un enriquecimiento excluyente y acaparador?

3. Aclaraciones terminológicas
Quisiéramos comenzar por dilucidar dos categorías existentes dentro de la sociedad, a manera de recorte terminológico y empírico: los incluidos y los no incluidos. Dentro de los últimos hay dos subcategorías: la población excluida debido al sistema imperante, y la “población enjaulada” por decisión propia (6). Son estos últimos los que han utilizado a la seguridad privada de manera progresiva en los recientes años.
Es el Estado moderno un ente situado en la cima del poder político gracias al principio de soberanía, ya que posee un poder independiente y supremo, tanto en el espacio interno como en el externo: “Por instituto (Anstalt) debe entenderse una asociación cuyas ordenaciones estatuidas han sido otorgadas y rigen de hecho (relativamente) con respecto a toda acción que con determinadas características dadas tenga lugar en el ámbito de su poder… Por estado debe entenderse un instituto político de actividad continua, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (7).
Es una de las funciones primordiales del Estado la conservación de la paz y el orden dentro de su ámbito específico, para lo cual posee una concentración de medios que le permite una concreción de una fuerza apta para lograr que el orden público no se vea perturbado. El recurso más importante que tiene para lograrlo es el monopolio legítimo de la violencia.

“No es el contenido de sus acciones lo que define sociológicamente al Estado y a la política, sino su vinculación con un medio específico y peculiar: la coerción física. Sin la posesión de este recurso el concepto de Estado desaparecería. La característica del Estado moderno es que se ha constituido en la única fuente del derecho a la violencia, expropiando el uso legítimo de la coerción física a todas las asociaciones o individuos y estableciendo a su favor el monopolio de la coacción” (8).

Podríamos distinguir entre el concepto de Policía como una de las instituciones (en tanto Fuerza de Seguridad) de las que dispone el Estado-Nación para hacer efectivo el uso legítimo del monopolio de la fuerza; y el concepto de Policía como una de las agencias del Estado (juntamente con los distintos órganos competentes del Poder Judicial y el Sistema Penitenciario) que tiene la función de la prevención del delito.
Si sólo se centra la cuestión en el primer aspecto conceptual de la Policía, el proceso de Privatización de la Seguridad puede ser entendido, efectivamente, como una invasión al Estado con respecto a las que primitivamente eran sus prerrogativas indelegables. Si, en cambio, sólo nos centramos en la función de prevención del delito podríamos entender a aquel proceso como de complementariedad entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Ninguno de los dos enfoques por sí solo nos provee una clara y abarcadora comprensión del fenómeno. Sólo una lectura integradora nos permitirá avanzar por fuera de los paradigmas ideologizados que giran en torno a la cuestión de la Seguridad Pública y construir un saber con rigor puramente científico.
Según el diccionario de la lengua española, “seguridad” es la cualidad de seguro, que a su vez significa “no expuesto a daño o peligro, que no falla, que ha de producirse o realizarse indefectiblemente”. Mientras que “privado puede ser descrito como: en lo que concierne, o proporcionado por un individuo privado o una organización, más bien que por un cuerpo público o el estado. Una distinción importante es quién paga los servicios realizados” (traducción propia) (9).
Los desarrollos sociales y teóricos de los últimos treinta años han puesto en evidencia que ni la policía ni el Estado son los únicos entes con capacidad y voluntad de funcionar como garantes del orden, la paz y la tranquilidad. Pueden entenderse los procesos de producción de seguridad como:

“la garantización, por parte de un ente con capacidad y voluntad de garantizar, una forma de hacer las cosas (un orden determinado), dentro de un dominio témporo-espacial, a través de estrategias simbólicas y conductistas” (10).

A partir de la anterior conceptualización se puede aseverar que cuando el orden que se pretende garantizar ha sido establecido mediante la promulgación de reglas y normas, que promueven una determinada forma de conducirse por parte de los poderes del Estado legitimados para ello, y el ente garantizador es una o varias agencias del Estado, nos encontramos ante el caso de la producción estatal de seguridad, por la institución de la policía pública o de las agencias del sistema penal (11).
Pero en la práctica otras comunidades, entes y organizaciones buscan lograr y mantener cierto tipo de orden que es imperioso para su funcionamiento. Cuando se ha intentado obtener un orden por parte de entes no estatales (en sintonía o no con el Estado), y la función de garantizarlo fue asumida por un ente no estatal que busca los fines del lucro, nos encontramos ante un caso de seguridad privada.
Cuando el orden a garantizar y los medios para ello son definidos por individuos y organizaciones a nivel comunitario y quienes poseen la función de garantizarlo no persiguen fines de lucro, nos encontramos ante el caso de la seguridad comunitaria. Si el poder interior del Estado se apoya en la retensión para sí de las formas de venganza privadas, limitándose a una sola respuesta –ahora pública– legitimada en el marco de la mencionada soberanía interior, entonces el surgimiento de una variedad de respuestas represivas de facto producirá una fractura en todo el sistema de concentración estatal de violencia.
La aparición de las policías privadas provoca inquietud e interés, ese surgimiento torna borroso el reclamado control por el que combate la legalidad democrática respecto de las instituciones que gozan del monopolio legítimo de la violencia.

“Los servicios de la seguridad privada no cuentan con las mismas restricciones y regulaciones que deben respetar los agentes de la seguridad pública” (12).

En una editorial de una publicación perteneciente al Banco Mundial que versa sobre América Latina y el Caribe se plantea que:

“Para hacer frente a la violencia delictual urbana, hay dos salidas dominantes. La represión que ha servido para justificar el fortalecimiento de los llamados gendarmes del orden… La privatización ha permitido que ciertos sectores, entre los que se encuentran policías jubilados, desarrollen empresas de seguridad privada con personal de poca formación” (13).

Podemos enumerar algunas de las muchas funciones que pueden llevar a cabo estas agencias de seguridad privada:

Cobro de “deudores morosos”, expulsión de emigrantes, vigilancia en el interior de empresas, agencias de crédito y compañías aseguradoras, investigación de historias personales y seguimientos, averiguaciones pre-nupciales, custodia de la propiedad privada sujeta al acceso público (parques de diversiones, lugares bailables, centros comerciales), desalojo de ocupantes ilegales y una muy amplia gama de “seguridad personal, familiar o de ámbito residencial”, protección de barrios cerrados y de countries o clubes de campo, “la diferencia más importante es que en el club de campo hay áreas comunes destinadas al esparcimiento colectivo y son de alguna importancia tanto ediliciamente como en cuanto a la necesidad de manutención” (14).

Coincidiendo con Lozada certificamos que las funciones que desempeñan las agencias de seguridad privada se distinguen de las que llevan a cabo la policía pública porque estas últimas se centralizan en tareas de índole reactivo-represivo. En el lado opuesto, las primeras reflejan ser en su mayoría preventivas, abarcando el amplio conjunto ya enumerado. De acuerdo al analista argentino citado, las últimas implicarían una (tomando algunos conceptos de Pierre Bourdieu):

“exhibición del dominio de la fuerza que se preserva a cierta distancia del público –como fuerza en potencia– que se puede utilizar en casos de irregularidad, pero en lo esencial, lo que determina su potencia simbólica resulta ser su exposición presta a la acción, su escenográfica presencia en un escenario como corporización del orden coactivo”.

Pero esa distinción puede no ser tan nítida en la práctica,

“Se debe prestar atención a las dimensiones donde se intercalan las actividades de la policía pública y las agencias de seguridad (funciones, intereses servidos, forma organizacional, mantenimiento económico), son cinco las formas de interdependencia entre la policía pública y la privada: 1. intercalación de investigaciones y acciones públicas/privadas (como por ejemplo: los acontecimientos deportivos); 2. agentes públicos contratando o delegando autoridad en los privados; 3. intereses privados contratando seguridad pública; 4. nuevas organizaciones en las cuales la diferencia público/privado no es clara (en los Estados Unidos, la Law Enforcement Intelligence Unit, que reúne material de investigación sobre delincuentes; o la National Auto Theft Bureau, que da información de autos robados); 5. la circulación de personal entre el sector público y el privado” (15).

El ejercicio de control que estas entidades privadas de seguridad llevan a cabo se despliega en un territorio anticipadamente establecido, con el objetivo de impedir una suerte de “intrusión” de terceros extraños al área o bien, mediante la persuasión, y no perturbar las pautas de conducta vigentes en su interior.
Algunos elementos antes referidos nos permiten hacer observar que la “seguridad” ha sido transformada en un bien más que preciado, que debe estar sujeto a las reglas del mercado de la oferta y la demanda, que adquirió impensables dimensiones gracias a la acción de campañas llevadas a cabo en los medios masivos de comunicación, en donde no puede faltar una crítica acérrima a la ineficacia e inoperancia de los medios tradicionales de la policía estatal, haciendo extensivo lo anterior a la administración de la justicia toda.

4. Un poco de historia
De la misma manera que la policía pública tiene su nacimiento a mediados del siglo XIX en Inglaterra y en los Estados Unidos debido a las nuevas necesidades de control derivadas de las disfunciones del capitalismo avanzado (revueltas anarquistas, huelgas de trabajadores y luchas campesinas contrarias a las nuevas leyes agrarias), el surgimiento de la policía privada como novedoso mecanismo disciplinario puede ser ubicado dentro de una coyuntura social y económica concreta.
Ocurrió en los Estados Unidos, cuando en la segunda parte del siglo XIX las policías corporativas, principalmente las mineras y ferroviarias, se encontraban integradas a la vida colectiva.
Esas prácticas policiales privadas se vieron beneficiadas en su crecimiento por la extensión territorial del país antes nombrado, el impulso industrial, la debilidad administrativa de las instancias gubernamentales. El primer departamento de policía pagado por fondos públicos fue establecido en Nueva York en 1844. La policía uniformada, tal como la conocemos hoy en día fue modelada después de la Policía Metropolitana de Londres, que fue creada en la mitad del siglo XIX.
La primer agencia de seguridad moderna fue constituida en Chicago en 1850. Alan Pinkerton, escocés que había emigrado a los Estados Unidos luego de que su padre policía falleciera, formó una agencia privada de detectives, especializada en realizar investigaciones y dar servicios de seguridad a empresas ferroviarias y a organizaciones industriales.
Paralelamente a las agencias estatales de seguridad siempre han existido actividades policíacas privadas que fueron dominantes hasta muy entrado el siglo XIX. Por lo anterior, muchos autores hablan de un proceso de reprivatización de la seguridad, la “revolución silenciosa” según Shearing y Stenning que se produjo a partir del comienzo de los setenta.
Con respecto al inicio de esta industria, se puede esgrimir que se dio de manera correlativa con la emergencia de la propiedad privada masiva (Stenning, Philip y Shearing, Clifford):

“…instalaciones que son de propiedad privada pero en las cuales el público tiene derecho a ingresar, transitar y utilizar. Incluye instalaciones tales como centros comerciales, campos o ciudades universitarias, comunidades residenciales, condominios de propiedad horizontal, bancos, instalaciones comerciales, hospitales, clubes y complejos recreativos”.

El concepto de industria de la seguridad privada comprende:

tanto al sector de actividad basado en la utilización intensiva de recursos humanos (agencias de seguridad, vigilancia e investigaciones),
como el basado en la utilización de medios técnicos, como ser circuitos cerrados de televisión, alarmas, detectores y tecnologías de detección y vigilancia.

Ha sido la seguridad un problema histórico propio de la humanidad, entrecruzado con la problemática de las distintas formas de violencia en sus más diversas manifestaciones física y moral, directa e indirecta. Se puede señalar que existe un proceso mundial en el que el delito y la violencia urbana parecerían ocupar un lugar central de las agendas propias de las grandes ciudades debido a su insostenible crecimiento.
De acuerdo con el Instituto Interregional de Investigaciones de las Naciones Unidas sobre el Crimen y la Justicia, el 60% de la población urbana latinoamericana fue víctima de algún delito entre 1990 y 1995. Las insostenibles diferencias socioeconómicas existentes entre las distintas partes del mundo, y hacia el interior de las mismas regiones, países y ciudades están en la base misma de ese incremento de la violencia delictiva en sus distintas expresiones.
En aquellas ciudades donde la violencia tiene un elevado impacto, una de las primeras respuestas es alejarse de los “sitios de riesgo”, los que antes eran áreas abiertas y vecindarios son hoy comunidades cerradas y privadas.
Además de restringirse el acceso a cualquier desconocido, estos lugares se van convirtiendo en islotes custodiados por vigilantes y sistemas de seguridad. La inseguridad y la violencia transforman las normas de confianza y reciprocidad (básicas para una convivencia social) en actitudes de desconfianza, sospecha, temor y menor tolerancia “a lo desconocido”, “al otro”, “al de afuera” (16). Los estereotipos sociales se pueden definir como las teorías implícitas de personalidad que un grupo de personas comparte sobre su propio grupo o sobre otro grupo. Lo anterior se corona con una falta de predisposición para asociarse y escuchar iniciativas de sus pares, dependiendo más de los recursos propios, en lugar de participación sólo queda la defensa de lo privado.
No se debe considerar a este tema como monocausal. “Ni la marginalidad, ni el desempleo, ni la formación de contraculturas o subculturas, ni el mal ejemplo de la corrupción de los ricos y los poderosos, ni la violencia transmitida por los medios de comunicación, ni la falta de futuro, ni la droga o el alcohol, ni la falta de contención familiar, escolar o comunitaria, ni la proliferación del mercado negro de armas, ni la complicidad de los reducidores o encubridores, ni la corrupción institucional y/o policial, ni la alteración de los valores morales, ni la impunidad, ni muchas otras cosas explican, cada una por sí sola, el aumento de la violencia delictiva”(17). Pero si se realiza un análisis que tenga en cuenta todos los puntos antes referidos, se podría alcanzar el objetivo propuesto. El aumento de la inseguridad social es una pústula que sale cuando muchas cosas andan mal debajo de la piel de la sociedad.
Sería correcto determinar que hay dos tipos de inseguridad:

la inseguridad objetiva: es la probabilidad de ser víctima de un delito, que se debe relacionar con el tipo de delito y otras variables (trabajo, pertenencia a una clase social, edad, vivienda, rutinas personales);
la inseguridad subjetiva: es el temor a ser el objetivo de un delito, es producto de “la construcción social del miedo” asociado a la acción de los medios de comunicación y otros factores.

Existen nuevos riesgos, propios del estado actual de la civilización y la cultura, “que suelen permanecer invisibles… por lo que solo se establecen en el saber (científico o anticientífico) de ellos, y en el saber pueden ser transformados, ampliados o reducidos, dramatizados o minimizados, por lo que están abiertos a los procesos sociales de definición”(18).
En las sociedades contemporáneas:

“La seguridad está tornándose más y más una mercancía de consumo masivo… Así como otros sectores del consumo, se pueden detectar en éste tendencias, modas, necesidades, deseos y distinción social de acuerdo a la capacidad económica y gusto del consumidor. De esta manera, esta necesidad o deseo de seguridad como mercancía está enraizada tanto en condiciones materiales cuanto simbólicas. Considero condiciones materiales aquellas (objetivas y empíricamente comprobables) que han influenciado en el incremento de la demanda de seguridad privada” (19).

Con respecto a las segundas, sigo la definición de Bourdieu de capital simbólico (citado por Sagarduy):

“Es la forma tomada por cualquier especie de capital toda vez que es percibido a través de categorías de percepción que son el producto de la internalización de divisiones u oposiciones inscriptas en la estructura de distribución de esas especies de capital”.

Apoyándonos en lo anterior, podemos certificar que la seguridad puede ser vista como una manera de construir una diferencia entre clases o facciones de las mismas, una diferencia entre “protegidos/seguros” y “desprotegidos/inseguros”. Es evidente la estrategia de las agencias de seguridad privada de “jugar con el temor y la inseguridad” de la gente. Para los proveedores de seguridad, la falta de la misma es su razón de ser, y la solución individual (y no la de la sociedad toda) a esa falta les garantiza su supervivencia temporal.

5. Mediaciones estatales
Pero y el Estado, ¿qué papel está jugando ante este proceso?, podría uno preguntarse en el medio de toda esta diatriba. Para algunos estudiosos, la estructura estatal se ha “desgajado”, con un correspondiente mayor espacio de acción para la sociedad civil y para el mercado. Pero otros pensadores más críticos de este proceso reclaman un accionar de mayor peso por parte del actor estatal nacional que sigue monopolizando ciertas cuestiones.

“El nuevo espectro de políticas públicas implementadas durante los últimos quince años en la región ha tenido un fuerte impacto en la estructura social. Desde su aplicación la región ha visto aumentar los niveles de desocupación y desigualdad. El reemplazo en el rol de asignador de recursos del Estado por parte del mercado ha tenido en términos redistributivos un impacto regresivo” (20).

El Estado debe cumplimentar con tres condiciones para que la ciudadanía sea efectiva en un régimen democrático (nos basamos en las ideas de Adam Przeworski):

para que el ejercicio de la ciudadanía sea predecible, los gobiernos y los funcionarios tienen que actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes;
un sistema legal universalista es una dimensión constitutiva del orden que garantiza un Estado en un territorio delimitado: incluye los derechos y obligaciones del orden público y político, y también las regulaciones de las relaciones privadas. Sólo un Estado que hace cumplir las leyes con previsibilidad permite el desarrollo de relaciones privadas pacíficas. Así la vigencia y efectividad de los derechos de ciudadanía depende de la calidad y la cantidad de la presencia del Estado en las relaciones privadas. Para que los sistemas judiciales y policiales funcionen al servicio del ejercicio de los derechos y de la regulación de conflictos, es menester asegurar a los ciudadanos que serán aplicados de forma universal y predecible;
para que todos ejerzan efectivamente sus derechos ciudadanos, deben darse las condiciones sociales necesarias. Si bien la democracia ofrece a todos el derecho de no ser sometidos a la violencia arbitraria, así como de formar e intercambiar opiniones, el ejercicio de la ciudadanía sólo está al alcance de aquellas personas que disfrutan un mínimo de seguridad material, educación y acceso a la información.

El Estado intenta legitimarse mediante el recurso del uso simbólico de la ley penal y de una robustez de la respuesta penal concreta (“política de la mano dura”, traducción argentinizada de “law and order”), siendo evidente hoy en día el fracaso de lo anterior se realimenta el sentimiento de la inseguridad, teniendo que buscar la ciudadanía otros medios más eficaces, como la “defensa personal”, la contratación de agencias de seguridad privada y la organización de brigadas de ciudadanos para la persecución y castigo de los posibles delincuentes.
El Estado está en crisis como ente regulador de la conflictividad social, desde el siglo XVIII en adelante toda potencial amenaza a la paz social “puede ser percibida por las elites como una amenaza al ejercicio de su poder hegemónico” (21). Parte de la estrategia del grupo dominante para la canalización de su riesgo, es la reinterpretación vertical del delito, para simplificarlo y clasificarlo como de alto riesgo para “todo el sistema dominante de creencias” (22).
El Estado cedió ciertas cuotas en lo que se refiere al ejercicio de funciones típicamente públicas en materia de seguridad. Tal circunstancia ha puesto en escena la crisis del Estado de Derecho, ahora incapaz de poner al alcance de sus ciudadanos los medios indispensables para la concreción de ese derecho, restringiendo y supeditando su goce a la capacidad económica de las personas. La situación previa desemboca en un quiebre moral del Estado de Derecho, en la medida que la obtención de un bien constitucionalmente garantizado reste al albur de la capacidad económica de los ciudadanos.

6. Ciertas conclusiones tentativas
Como colofón de lo expuesto, es notorio el proceso por el cual el Estado ha dado su consentimiento para que se produzca la transferencia hacia sectores privados de lo que podía ser catalogado como su poder monopólico: la utilización de la fuerza y la coerción. Este no es el único traspaso que se ha producido, podemos citar los casos de la proyectada privatización de la justicia y el manejo de algunas prisiones por intereses privados. Lo anterior responde a una coyuntura en la cual el Estado debe enfrentar la sempiterna crisis fiscal, reformulando sus distintos roles y dando un mayor espacio de actividad al sector privado.
¿El Estado solo encauzará la ansiedad de la población hacia la demanda de cerrar puertas y ventanas, colocar sistemas de alarmas en las casas, apostar un sistema computarizado en los puestos fronterizos, instalar vigilancia electrónica en las cárceles, patrullas de centinela en las calles, evaporando de esta manera toda posibilidad de llegar a la raíz de la inseguridad, pudiendo controlar las fuerzas que la alimentan?
Se produce un retroceso por parte del Estado en la vida económica, pero acrecienta y robustece su intervención en el ámbito penal. Se instaura la seguridad ciudadana (definida sólo en términos físicos y económicos, y no teniendo en cuenta los sociales, sanitarios, educativos o salariales) como el principal orientador de las políticas públicas, operando en sintonía con la ideología económica y social instituida en el individualismo y las máximas del mercado. Todo lo anterior se desarrolla en un marco en el cual la seguridad se ha mercantilizado, reduciéndose a actuar como un bien más en el mercado de la oferta y la demanda, pasando de ser un monopolio estatal a un “oligopolio privado”.
La inseguridad de los sectores más pudientes ha devenido en un cambio en la configuración urbana de las ciudades, limitando la sociabilidad vecinal: barrios cerrados, countries, malls, aumento de condominios y guardias privados.
Son innegables los efectos de la fragmentación del espacio urbano:

los ricos organizan “su autodefensa”, ¿quién puede pagar la instalación de un sistema de alarma en el hogar que “vale diez veces el salario mínimo” (23), o contratar agentes de seguridad privada? Es necesario agregar que es libre la venta de armas, no se sigue un modelo restrictivo (que prohíbe la posesión de armas de fuego con excepciones estrictas y castiga con penas severas los delitos cometidos con ellas, tal como ocurre en Gran Bretaña y Japón); sino uno permisivo (libre comercio de armas con un fácil acceso a las mismas por parte de la población, adoptado por países que exhiben las tasas de homicidios más altas del mundo, como los Estados Unidos);
los sectores de menores ingresos quedan relegados a las zonas desprotegidas, a donde la delincuencia se ha desplazado;
la policía se “reserva” para la clase media, mientras que en varios lugares de las urbes latinoamericanas este ente estatal no puede ingresar (como en ciertas favelas de Río de Janeiro o en las villas de Buenos Aires), sólo actúa de manera parcial en los espacios de mayor concurrencia.

Es en el ámbito urbano donde la polarización de la sociedad alcanza su máxima expresión, donde es expuesto el aislamiento social bajo formas de espacio semi-privado o semi-público. Se crean espacios defendibles en donde los “protegidos” se resguardan de los “no protegidos”, esos ghettos o islas militarizadas demuestran la existencia en sus habitantes de un sentimiento de desprotección, miedo y sospecha al mundo exterior.
Discurrimos que sería trascendental la posibilidad de “vigilar al vigilante”, de que el inspector pueda ser inspeccionado, de instaurar una eventual vigilancia democrática desde abajo (por parte de la población) y desde arriba (por el contralor de los entes gubernamentales encargados de la Seguridad Pública).
El Estado debe controlar a las agencias de seguridad privada, exigir que el personal contratado por las mismas cumpla requisitos de capacidad e idoneidad, con una adecuada instrucción sobre las tareas que deben cumplir, fiscalizando la tenencia y el uso de las armas de fuego que posean los mismos, con licencias debidamente proporcionadas por los órganos gubernamentales competentes.
Se produce una transferencia de riesgo de ser víctima desde los sectores con ingresos altos y medios-altos hacia los más pobres. Frente a esta situación, no se conoce la repuesta de acción de las fuerzas públicas de seguridad, y no es ningún secreto que hasta las fuerzas policiales prestan servicios privados.
Además ha quedado demostrado cómo en el caso de la República Argentina la legislación referida a la temática de la Seguridad Privada tuvo que ir detrás de una realidad que se imponía por sí sola en los hechos empíricos; por lo cual se puede sostener que se ha podido corroborar en nuestro país durante la década de los noventa una “Privatización de hecho de la Seguridad”. Para comprobarlo sólo se deben verificar los años en los cuales han sido sancionadas las leyes referentes a la temática citada, aún vigentes hoy en día: el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1002/99 (1999), la Ley 118 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1998) y la Ley 12.297 de la Provincia de Buenos Aires (1999).
La incógnita “¿quién custodia a los custodios?” abre un atrayente camino de investigación y en este trabajo sólo se esbozaron algunas de las innumerables aristas que involucra este tema. En la Argentina el Poder de Policía (entendido en un sentido amplio del término, y no solo vinculado con la cuestión de la seguridad) del Estado Nacional y de los Estados Provinciales es cada vez más débil, y la capacidad de controlar a las agencias de Seguridad Privada es menor.
Los analistas científicos relacionados con las Ciencias Sociales debemos marcar esos avances insostenibles sobre el Estado-Nación antes de que sea demasiado tarde.

7. Notas

(1) El presente trabajo es una continuación de mi libro (2007) ¿Quién custodia a los custodios? Auge de las agencias de seguridad privada. Colección Claves para Todos, dirigida por José Nun, editorial Capital Intelectual, Buenos Aires.
(2) Oszlak, Oscar (1997). La formación del Estado Argentino. Orden, progreso y organización nacional. Planeta, Buenos Aires. Pág. 16 y subs.
(3) Auyero, Javier (2004). “Política, dominación y desigualdad en la Argentina contemporánea”. En: Revista Nueva Sociedad, Nº 193, Venezuela.
(4) Stewart, Frances (1998). “La insuficiencia crónica del ajuste”. En: Bustelo, Eduardo y Minujin, Alberto (eds.). Todos Entran. Unicef y Santillana, Buenos Aires.
(5) Elster, Jon (1989). Tuercas y Tornillos. Gedisa, Barcelona. Pág. 146.
(6) Categorías propias, que no pretenden agotar otras tantas variantes ni el debate, y que fueron analizadas con el profesor Raúl Arlotti durante el examen final de la materia Teoría Política II. Comunicación Personal. Buenos Aires (12/05/2000).
(7) Weber, Max (1996). Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México. Págs. 44-46.
(8) Portantiero, Juan Carlos (1999). Los usos de Gramsci. Grijalbo, Buenos Aires. Pág. 19.
(9) Boija, Jon (1998). Some aspects of the private provision of security (with focus on policing). ERASMUS, Programme in Law and Economics. University of Vienna. Pág. 6.
(10) Stenning, Philip y Shearing, Clifford (1991). “Policing”. En: Criminology. A reader’s guide. Centre of Criminology. Univerity of Toronto. Pág. 126.
(11) Font, Ezequiel (1999). “Transformaciones en el gobierno de la seguridad: análisis exploratorio de conceptos y tendencias. Su relevancia en la Argentina”. En: Sozzo, Máximo (comp.). Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Pág. 93.
(12) South, Nigel (1988). Policing for profit: The private security sector. Sage, London. Pág. 4.
(13) Hassan, Arthur (1993). “Karachi y la naturaleza global de la violencia urbana”. En: La Era Urbana, Vol. 1, N° 4. Banco Mundial. Washington. Pág. 1.
(14) Acquarone, María (1998). Las nuevas urbanizaciones y aspectos del tiempo compartido. Ábaco, Buenos Aires. Pág. 28.
(15) Marx, Gary (1987). “The Interweaving of Public and Private Police Undercover Work”. En: Shearing, Clifford y Stenning, Philip (eds.). Private Policing. Sage, London. Pág. 33.
(16) Esos otros estereotipados pueden ser grupos política y culturalmente “más débiles”, como los jóvenes, indígenas, inmigrantes, o cuanta persona parezca diferente a “lo normal”. Es el enemigo cómodo, según Christie, Nils (1993). La industria del control de delito. Del Puerto, Buenos Aires.
(17) Ciafardini, Mariano (2001). “La construcción de la seguridad urbana y la nueva forma de hacer política en la Argentina”. En: Revista Pensar Hacer, septiembre, N° 2. Fundación Carlos Auyero, Buenos Aires. Pág. 119.
(18) Beck, Ulrich (1998). La Sociedad del Riesgo. Barcelona: Paidós. Pág. 18.
(19) Sagarduy, Ramiro (1996). “Violencia, seguridad y riesgo al final del milenio. La industria de la seguridad privada”. En: Gardella, Juan Carlos (comp.). Derechos Humanos y Ciencias Sociales. Rosario: Universidad Nacional de Rosario, Homo Sapiens. Pág. 18.
(20) Abal Medina (h), Juan y Nejamkis, Facundo (2004). “Modelos de Política: una mirada desde el Estado y la Ciudadanía en clave latinoamericana”. En: AAVV. La política en conflicto. Buenos Aires: Prometeo. Pág. 135.
(21) Ganón, Gabriel (1999). “Reforma de la Policía: ¿cambio organizacional o estructural?”. En: Sozzo, Máximo (comp.). Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral. Pág. 66.
(22) Habermas, Jürgen. (1995). Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío. Buenos Aires: Amorrortu. Pág. 63.
(23) Marcus, Martin (1997). “El delito y los modos de regulación de los conflictos urbanos”. En: Carranza, Elías (coord.). Delito y seguridad de los habitantes. México: Siglo veintiuno. Pág. 103.

8. Bibliografía

Abal Medina (h), Juan y Nejamkis, Facundo (2004): “Modelos de Política: una mirada desde el Estado y la Ciudadanía en clave latinoamericana”. En: AAVV. La política en conflicto. Prometeo, Buenos Aires.
Acquarone, María (1998): Las nuevas urbanizaciones y aspectos del tiempo compartido. Ábaco, Buenos Aires.
Auyero, Javier (2004): “Política, dominación y desigualdad en la Argentina contemporánea”. En: Revista Nueva Sociedad, Nº 193, Caracas.
Bauman, Zygmunt (1999): En busca de la política. Fondo de Cultura Económica, México.
Beck, Ulrich (1998): La Sociedad del Riesgo. Paidós, Barcelona.
Boija, Jon (1998): Some aspects of the private provision of security (with focus on policing). ERASMUS, Programme in Law and Economics. University of Vienna.
Christie, Nils (1993): La industria del control de delito. Del Puerto, Buenos Aires.
Ciafardini, Mariano (2001): “La construcción de la seguridad urbana y la nueva forma de hacer política en la Argentina”. En: Revista Pensar Hacer, septiembre, N° 2. Fundación Carlos Auyero, Buenos Aires.
Cruz, José (2000): “Violencia, democracia y cultura política”. En: Revista Nueva Sociedad, mayo-junio, N° 167. Caracas.
Elster, Jon (1989): Tuercas y Tornillos. Gedisa, Barcelona.
Font, Ezequiel (1999): “Transformaciones en el gobierno de la seguridad: análisis exploratorio de conceptos y tendencias. Su relevancia en la Argentina”. En: Sozzo, Máximo (comp.): Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
Ganón, Gabriel (1999): “Reforma de la Policía: ¿cambio organizacional o estructural?”. En: Sozzo, Máximo (comp.). Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
González Placencia, Luís (2000): “La concepción sistémica de la seguridad pública en México (o la secreta adscripción del discurso preventivo a la razón del Estado)”. En: Revista Nueva Sociedad, N° 167. Caracas.
Habermas, Jürgen (1995): Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío. Amorrortu, Buenos Aires.
Hassan, Arthur (1993): “Karachi y la naturaleza global de la violencia urbana”. En: La Era Urbana, Vol. 1, N° 4. Banco Mundial, Washington.
Lozada, Martín (2000): Seguridad Privada. Sus impactos en el Estado de Derecho. Ábaco, Buenos Aires.
Marcus, Martin (1997): “El delito y los modos de regulación de los conflictos urbanos”. En: Carranza, Elías (coord.). Delito y seguridad de los habitantes. Siglo Veintiuno, México.
Marx, Gary (1987): “The Interweaving of Public and Private Police Undercover Work”. En: Shearing, C. y Stenning, P. (eds.). Private Policing. Sage, London.
Medina, Martín (2007): ¿Quién custodia a los custodios? Auge de las agencias de seguridad privada. Colección Claves para Todos, Capital Intelectual, Buenos Aires. Oszlak, Oscar (1997): La formación del Estado Argentino. Orden, progreso y organización nacional. Planeta, Buenos Aires.
———— (2001): De menor a mejor: el desafío de la “segunda” reforma del Estado. Mimeo.
Portantiero, Juan Carlos (1999): Los usos de Gramsci. Grijalbo, Buenos Aires.
Przeworski, Adam et al (1998): Democracia Sustentable. Buenos Aires: Paidós. Pág. 62 y subs.
Sagarduy, Ramiro (1996): “Violencia, seguridad y riesgo al final del milenio. La industria de la seguridad privada”. En: Gardella, Juan Carlos (comp.): Derechos Humanos y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Rosario, Homo Sapiens, Rosario.
South, Nigel (1988): Policing for profit: The private security sector. Sage, London.
Stenning, Philip y Shearing, Clifford (1991): “Policing”. En: Criminology. A reader’s guide. Centre of Criminology. Univerity of Toronto, Toronto.
Stewart, Frances (1998):“La insuficiencia crónica del ajuste”. En: Bustelo, Eduardo y Minujin, Alberto (eds.): Todos Entran. Unicef y Santillana, Buenos Aires.
Weber, Max (1996): Economía y Sociedad Fondo de Cultura Económica, México.